El caso de Alcaucín destapa los desmanes urbanísticos de la comarca de la Axarquía, con cerca de veinte mil viviendas ilegales. La mayoría de los municipios concede las licencias por decreto
Basta con darse un paseo por los pueblos del interior de la Axarquía para ver las miles de viviendas y edificaciones que siembran de manera desordenada y anárquica la práctica totalidad del territorio. Poco más de 15 años han bastado para esta transformación. El accidentado paisaje sólo salpicado por casas de apero y antiguos cortijos, ahora se presenta invadido por millares de puntos blancos de cemento y ladrillo. Lo ocurrido en el municipio de Alcaucín, con un alcalde en prisión preventiva, ha destapado los desmanes urbanísticos de esta comarca.
Según la estimación realizada por la Junta de Andalucía en la propuesta de Plan de Ordenación Territorial, en la zona oriental malagueña existen unas 10.000 viviendas ilegales en el medio rural. Los ecologistas de GENA contabilizan sin embargo más del doble, unas 22.000 construidas entre los años 1995 y 2007.
En el sustrato de este urbanismo descontrolado está la existencia de multitud de pequeños propietarios de terrenos. El uso de estas miniparcelas ha sido tradicionalmente agrícola aunque de escaso rendimiento. Si bien, en los últimos años, han sido testigos de cómo sus humildes propiedades pasaban a multiplicar su valor. Detrás de este fenómeno estaba una creciente demanda por parte de residentes extranjeros deseosos de encontrar terrenos alejados de las ciudades para establecerse y construir las casas en las que disfrutar de una tranquila jubilación. El problema principal radica en que estos suelos tienen un uso rústico y por tanto no urbanizable. La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) indica claramente que en estos terrenos sólo puede edificarse construcciones vinculadas al uso cinegético, forestal, agrícola o ganadero. Esto en teoría, porque en la práctica la falta de un reglamento urbanístico en todos los pueblos ha permitido una anarquía de construcciones. Muy pocos alcaldes de la Axarquía quieren hablar abiertamente del tema, sobre todo en estos días. «Yo de urbanismo no hablo», aseguraba a este periódico José Luis Navas, primer edil de Sayalonga.
Las multiples denuncias realizadas por los ecologistas no han servido de mucho. Según Rafael Yus, coordinador de GENA, numerosas viviendas han terminado siendo legalizadas o con multas que no han logrado paralizar la escalada de construcciones, un proceso imitado en la mayoría de los municipios de la comarca que carecen de planeamiento.
Actualmente, sólo cinco municipios tienen planes generales (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox, Nerja y Riogordo). De los 26 restantes, sólo nueve están dotados de normas subsidiarias (reglas de planeamiento sin gran desarrollo, que dejan más libertad a los ayuntamientos); otros cinco sólo cuentan con delimitaciones de suelo urbano, es decir, sólo pueden decidir lo que ocurre en el casco urbano, fuera de él todo es terreno no urbanizable.
El resquicio más usado
Sin planeamiento y con una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en vigor desde 2002, pero que está «sin desarrollar», según los alcaldes, la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable ha tenido como instrumento clave los proyectos de actuación, una figura que tiene como finalidad demostrar la vinculación de las construcciones a los usos permitidos (caza, ganadería, agricultura...).
Estos proyectos, acompañados de informes de peritos agrónomos justificando la vinculación, se publican en el BOP, se someten a exposición pública y se remiten a la Junta de Andalucía. La Delegación de Obras Públicas (ahora de Vivienda y Ordenación del Territorio) ha venido emitiendo informes negativos, que al no ser vinculantes, han llevado a los alcaldes a conceder licencias por decreto, previo acuerdo del pleno, por entender que sí existía una vinculación demostrada.
La Junta de Andalucía, sin embargo, ha ido recurriendo parte de estas licencias por decreto ante el Contencioso Administrativo. Según la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos once años han sido impugnados por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, la mayoría concesiones de licencias que la Administración autonómica entiende que son ilegales. El resultado ha sido la anulación por decisión judicial de un número de licencias, no cuantificado por la Junta.
Si bien, detrás de las decisiones de los pueblos de la Axarquía hay un matiz importante que no debe pasarse por alto: la presión vecinal sobre los alcaldes por parte de propietarios de terrenos que asisten atónitos a cómo en el pueblo de al lado sí se permite construir y en su municipio no.
«Los vecinos nos han presionando mucho y se ha especulado más, pero hay pueblos y pueblos. La Junta de Andalucía no ha querido estar al corriente de lo que estaba pasando. La mayoría somos pueblos pequeños, sin medios, sin policías, con secretarios compartidos y sin servicios de inspección urbanística, y hay que entender que los alcaldes no podemos estar recorriendo el campo todo el día», señala José Antonio Ponce, alcalde de El Borge, que asegura que su Ayuntamiento lleva diez años intentando que la Junta le apruebe el PGOU. En La Viñuela, por ejemplo, el Consistorio ha aprobado el suyo sirviéndose del silencio administrativo de la Administración, que tiene recurrida la aprobación.
Un POT con polémica
El intento del Gobierno andaluz de poner fin a la vorágine urbanística a través de un Plan de Ordenación para la comarca (POT), cuando el caos era ya más que evidente «es papel mojado», según GENA. Este plan definía los usos del suelo, limitaba la capacidad de crecimiento de los muncipios y hacía hincapié en el respeto al paisaje de la zona. El documento puso en pie de guerra a los regidores y sigue provocando todavía hoy las criticas de los alcaldes, que se quejan de que se ha realizado sin el consenso de los municipios.
Las escasas modificaciones introducidas siguen sin satisfacer a los regidores, entre otras razones porque no resuelven la legalización de las viviendas irregulares. La última acción de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre las viviendas ilegales en la comarca ha consistido en la elaboración de un inventario, en colaboración con los ayuntamientos (siete en una primera fase), para estudiar cada caso de manera individual y decidir su futuro. La Consejería ya ha advertido de que seguro que habrá demoliciones.
«Prohibiendo no se arregla nada, hay que regular. De la agricultura no se puede vivir. La construcción crea movimiento y puestos de trabajo. Soy el primero en ser ecologista, pero los pueblos necesitamos una alternativa, un futuro para los vecinos», declara el regidor de Canillas de Aceituno, cuyo Ayuntamiento, asegura, no concede una sola licencia fuera del casco urbano desde hace dos años. Eso sí, todos aseguran que ya no lo hacen.
Basta con darse un paseo por los pueblos del interior de la Axarquía para ver las miles de viviendas y edificaciones que siembran de manera desordenada y anárquica la práctica totalidad del territorio. Poco más de 15 años han bastado para esta transformación. El accidentado paisaje sólo salpicado por casas de apero y antiguos cortijos, ahora se presenta invadido por millares de puntos blancos de cemento y ladrillo. Lo ocurrido en el municipio de Alcaucín, con un alcalde en prisión preventiva, ha destapado los desmanes urbanísticos de esta comarca.
Según la estimación realizada por la Junta de Andalucía en la propuesta de Plan de Ordenación Territorial, en la zona oriental malagueña existen unas 10.000 viviendas ilegales en el medio rural. Los ecologistas de GENA contabilizan sin embargo más del doble, unas 22.000 construidas entre los años 1995 y 2007.
En el sustrato de este urbanismo descontrolado está la existencia de multitud de pequeños propietarios de terrenos. El uso de estas miniparcelas ha sido tradicionalmente agrícola aunque de escaso rendimiento. Si bien, en los últimos años, han sido testigos de cómo sus humildes propiedades pasaban a multiplicar su valor. Detrás de este fenómeno estaba una creciente demanda por parte de residentes extranjeros deseosos de encontrar terrenos alejados de las ciudades para establecerse y construir las casas en las que disfrutar de una tranquila jubilación. El problema principal radica en que estos suelos tienen un uso rústico y por tanto no urbanizable. La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) indica claramente que en estos terrenos sólo puede edificarse construcciones vinculadas al uso cinegético, forestal, agrícola o ganadero. Esto en teoría, porque en la práctica la falta de un reglamento urbanístico en todos los pueblos ha permitido una anarquía de construcciones. Muy pocos alcaldes de la Axarquía quieren hablar abiertamente del tema, sobre todo en estos días. «Yo de urbanismo no hablo», aseguraba a este periódico José Luis Navas, primer edil de Sayalonga.
Las multiples denuncias realizadas por los ecologistas no han servido de mucho. Según Rafael Yus, coordinador de GENA, numerosas viviendas han terminado siendo legalizadas o con multas que no han logrado paralizar la escalada de construcciones, un proceso imitado en la mayoría de los municipios de la comarca que carecen de planeamiento.
Actualmente, sólo cinco municipios tienen planes generales (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox, Nerja y Riogordo). De los 26 restantes, sólo nueve están dotados de normas subsidiarias (reglas de planeamiento sin gran desarrollo, que dejan más libertad a los ayuntamientos); otros cinco sólo cuentan con delimitaciones de suelo urbano, es decir, sólo pueden decidir lo que ocurre en el casco urbano, fuera de él todo es terreno no urbanizable.
El resquicio más usado
Sin planeamiento y con una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en vigor desde 2002, pero que está «sin desarrollar», según los alcaldes, la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable ha tenido como instrumento clave los proyectos de actuación, una figura que tiene como finalidad demostrar la vinculación de las construcciones a los usos permitidos (caza, ganadería, agricultura...).
Estos proyectos, acompañados de informes de peritos agrónomos justificando la vinculación, se publican en el BOP, se someten a exposición pública y se remiten a la Junta de Andalucía. La Delegación de Obras Públicas (ahora de Vivienda y Ordenación del Territorio) ha venido emitiendo informes negativos, que al no ser vinculantes, han llevado a los alcaldes a conceder licencias por decreto, previo acuerdo del pleno, por entender que sí existía una vinculación demostrada.
La Junta de Andalucía, sin embargo, ha ido recurriendo parte de estas licencias por decreto ante el Contencioso Administrativo. Según la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos once años han sido impugnados por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, la mayoría concesiones de licencias que la Administración autonómica entiende que son ilegales. El resultado ha sido la anulación por decisión judicial de un número de licencias, no cuantificado por la Junta.
Si bien, detrás de las decisiones de los pueblos de la Axarquía hay un matiz importante que no debe pasarse por alto: la presión vecinal sobre los alcaldes por parte de propietarios de terrenos que asisten atónitos a cómo en el pueblo de al lado sí se permite construir y en su municipio no.
«Los vecinos nos han presionando mucho y se ha especulado más, pero hay pueblos y pueblos. La Junta de Andalucía no ha querido estar al corriente de lo que estaba pasando. La mayoría somos pueblos pequeños, sin medios, sin policías, con secretarios compartidos y sin servicios de inspección urbanística, y hay que entender que los alcaldes no podemos estar recorriendo el campo todo el día», señala José Antonio Ponce, alcalde de El Borge, que asegura que su Ayuntamiento lleva diez años intentando que la Junta le apruebe el PGOU. En La Viñuela, por ejemplo, el Consistorio ha aprobado el suyo sirviéndose del silencio administrativo de la Administración, que tiene recurrida la aprobación.
Un POT con polémica
El intento del Gobierno andaluz de poner fin a la vorágine urbanística a través de un Plan de Ordenación para la comarca (POT), cuando el caos era ya más que evidente «es papel mojado», según GENA. Este plan definía los usos del suelo, limitaba la capacidad de crecimiento de los muncipios y hacía hincapié en el respeto al paisaje de la zona. El documento puso en pie de guerra a los regidores y sigue provocando todavía hoy las criticas de los alcaldes, que se quejan de que se ha realizado sin el consenso de los municipios.
Las escasas modificaciones introducidas siguen sin satisfacer a los regidores, entre otras razones porque no resuelven la legalización de las viviendas irregulares. La última acción de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre las viviendas ilegales en la comarca ha consistido en la elaboración de un inventario, en colaboración con los ayuntamientos (siete en una primera fase), para estudiar cada caso de manera individual y decidir su futuro. La Consejería ya ha advertido de que seguro que habrá demoliciones.
«Prohibiendo no se arregla nada, hay que regular. De la agricultura no se puede vivir. La construcción crea movimiento y puestos de trabajo. Soy el primero en ser ecologista, pero los pueblos necesitamos una alternativa, un futuro para los vecinos», declara el regidor de Canillas de Aceituno, cuyo Ayuntamiento, asegura, no concede una sola licencia fuera del casco urbano desde hace dos años. Eso sí, todos aseguran que ya no lo hacen.
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