domingo, 10 de mayo de 2009

El Ayuntamiento busca la bendición de la Junta al PGOU antes de su aprobación provisional. Marbella (SUR)

El Gobierno andaluz descarta entrar en este punto del proceso y espera que Muñoz cargue con sus decisiones. La alcaldesa quiere aprobar el Plan General en junio.
Al rojo vivo. Así está la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que podría decirse que entra en su recta final y, sobre todo, en su etapa más decisiva. Tras una aprobación inicial, escenificada justo cuando el PP tomó las riendas del Ayuntamiento y en la que respaldó el documento que había redactado la Junta, y una provisional, en la que el equipo de gobierno dio las primeras pistas de sus discrepancias con el Gobierno andaluz en cuanto al modelo de ciudad y sobre la forma de resolver la pesada herencia del GIL, el Plan se encamina hacia un nuevo trámite. El definitivo. En pocas semanas el planeamiento tendrá que pasar un nuevo examen en el pleno, su segunda aprobación provisional, y quedar en manos de la Junta, que tendrá la última palabra. Un procedimiento reglado, rutinario en todos los ayuntamientos, pero al que el gobierno municipal quiere dar una vuelta de tuerca.
Según ha confirmado este periódico, el Ayuntamiento busca que la Consejería de Vivienda y Ordenación dé su bendición al Plan General antes de su aprobación definitiva. El equipo de gobierno quiere garantizar así el consenso en algunos de los asuntos urbanísticos más espinosos, caso del medio millar de inmuebles ilegales que se mantienen fuera de la regularización -el edificio Banana Beach o varios bloques de Río Real- o del número de viviendas previsto para los próximos diez años, y evitar toparse con un no en algunas de sus aspiraciones a posteriori. Esto es, no quieren que luego se lo echen para atrás.
Consultas técnicas
En las últimas semanas se han sucedido contactos entre las dos administraciones, reconocidos por ambas partes. Para la Junta únicamente se trata de consultas técnicas o encuentros improvisados -la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha valido de su condición de parlamentaria para abordar al consejero, Juan Espadas, en el Hospital de las Cinco Llagas, sede de la cámara autonómica-, y para el Ayuntamiento, intentos de acercarse al consenso. El Gobierno andaluz tiene claro que su papel pasa por no entrar en esta parte de la tramitación, ya que más tarde deberá decidir si le da el visto bueno y no puede ser juez y parte en el mismo proceso. Pero además no pasa por alto que no se trata de un asunto que pueda resolverse a dos bandas, sino a tres. La Justicia, con órdenes firmes sobre algunas licencias, también interviene. Es el tercero en discordia al que la Junta no tiene intención de ignorar.
Existe, además, un condicionante político. Los responsables del Gobierno andaluz entienden que es necesario que Ángeles Muñoz deje de refugiarse en las peculiaridades que ha tenido todo el proceso del Plan, tome decisiones políticas sobre el urbanismo y las asuma como propias. Es más, creen que cuando el equipo redactor termine su trabajo y el debate llegue al pleno del Ayuntamiento será el momento en el que el PP deberá fijar una posición clara sobre los temas más espinosos. La Junta no quiere convertirse en el bastón que ayude a la alcaldesa a recorrer el camino de tomar decisiones impopulares o contrarias a sus promesas preelectorales. Y mucho menos en una coartada. La intención es dejarla sola ante sus decisiones. E intervenir después.
Una vez que la aprobación del Plan se produzca, y no antes, será cuando el Gobierno andaluz entre en escena y ofrezca su punto de vista sobre los criterios aplicados. El compromiso, eso sí, es agilizar al máximo la tramitación en esta última fase para que Marbella cuente cuanto antes con la demanda seguridad jurídica al tratarse de un caso excepcional.
Ángeles Muñoz no esconde que hay algunas posturas que aparentemente son irreconciliables. «Aunque hay un alto grado de consenso es muy difícil que se alcance acuerdos en algunos asuntos», reconoció en declaraciones a SUR. Adelantó que los informes para responder a las 8.600 alegaciones presentadas tras la primera aprobación provisional ya están casi listos y que espera que el nuevo Plan General, con las modificaciones incluidas en este nuevo escalón de su tramitación, esté sobre la mesa a finales de mayo. La aprobación provisional se prevé, por tanto, para el mes de junio.
De momento rehúsa dar muchas pistas sobre la situación en la que quedará, por ejemplo, el edificio Banana Beach. La ubicación de la futura estación del corredor ferroviario se convirtió desde el inicio de la redacción del Plan en el principal escollo para su salvación. La regidora se ha mostrado partidaria de dar una salida a este inmueble. Más difícil es la situación de las casas de Río Real, ubicadas sobre un yacimiento arqueológico.

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