El equipo de gobierno y la Junta están de acuerdo en que no se decida sobre las demoliciones hasta que esté aprobado el PGOU.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la licencia urbanística de 76 viviendas en Marbella ya habitadas. La noticia saltaba hace apenas unos días. Un juez volvía a pronunciarse sobre un permiso para construir otorgado en la era GIL que vulneraba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y lo hacía siete años después de que la Junta impugnara la licencia y reclamase la demolición de lo edificado ilegalmente. De nuevo un magistrado le daba la razón al Gobierno andaluz y obligaba a restituir la legalidad, esto es, a usar la temida piqueta. O al menos así reza sobre el papel.
Desde la época en que la comisión gestora se hizo con las riendas el Ayuntamiento, en consonancia con la Junta, mantiene una misma postura ante este tipo de sentencias. Con la tramitación del nuevo Plan General sobre la mesa lo más acertado, a juicio de los responsables municipales de entonces y de los de ahora, es esperar a su aprobación para ver en qué situación quedan las viviendas y si cabe su regularización mediante el pago de compensaciones por parte de los promotores. Caso contrario, se podría dar la rocambolesca situación de hacer añicos algo que luego podría volver a construirse.
Resolución positiva
No se trata de una decisión unilateral. Cada vez que se le notifica al Ayuntamiento una sentencia que anula una licencia y obliga a la demolición de viviendas ilegales los servicios jurídicos municipales solicitan al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se suspenda la ejecución hasta que el nuevo PGOU esté sobre la mesa. Y la lista es ya abultada. Hasta el momento, según informaron fuentes del equipo de gobierno, se ha solicitado el aplazamiento de la ejecución de más de un centenar de demoliciones que afectan a otras tantas edificaciones, ya sean urbanizaciones, bloques, viviendas unifamiliares e incluso naves industriales. Las resoluciones van llegando con cuentagotas pero en todos los casos atienden la solicitud, dado que la parte demandante, la Junta de Andalucía, se muestra de acuerdo con esta tesis y también aboga por esperar al PGOU antes de iniciar el procedimiento de derribo, más en los casos en que se trata de inmuebles habitados donde la situación se complica aún más.
Algunos de los casos de suspensiones del TSJA a la ejecución de órdenes de demolición que han trascendido en los últimos meses benefician a la nave que la empresa construcciones La Juanita tiene en la carretera de Ojén, a un bloque en Trapiche y a seis viviendas en Miraflores, así como a los bloques 6, 7, 8 y 9 de la urbanización Playa Golf Río Real, curiosamente una de las promociones construidas durante el gilismo que el planeamiento no legaliza, al menos tras su primera aprobación. El Plan General camina ahora hacia su segunda aprobación provisional, momento en que se conocerá la postura final del equipo de gobierno ante las viviendas que aún no han encontrado acomodo. Luego le tocará el turno a la Junta, que tendrá la última palabra antes de su entrada en vigor.
En uno de los autos citados, el que atañe a los edificios de Río Real y que se encuentran habitados, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz estimó la petición de todas las partes. «Nos solicitan que la respuesta jurisdiccional a la petición de ejecución se vincule a la revisión del planeamiento urbanístico. La parte actora (la Junta), porque considera que la demolición será inevitable una vez que se haya aprobado el mismo, y la Corporación municipal, así como la mercantil codemandada y la parte interesada, porque vinculan el supuesto de inejecución material (la imposibilidad de derribar) a esta aprobación definitiva», abundó.
«Escenario patológico»
Los argumentos además de ser contundentes dieron alas a muchos propietarios que no veían futuro a sus viviendas. El magistrado matizó que la demolición es una «consecuencia necesaria» pero que no toda anulación de un permiso conduce al derribo. Aludió precisamente a una modificación del planeamiento como una de las causas que puede llevar a la imposibilidad de ejecutar la sentencia y puso el acento en la paradoja que sería demoler algo que podría ser autorizado en un nuevo Plan General y en que, actualmente, ese nuevo planeamiento para Marbella no está ni aprobado ni publicado; precisamente, dice, el «escenario patológico», la falta de un referente legal, que dio lugar a la emisión de la licencia anulada y a más de un millar de permisos en la misma situación.
Pero el equipo de gobierno no se ciñe únicamente a las sentencias que ordenan derribos. Las peticiones de aplazamiento también tienen a la controvertida revisión de licencias como protagonistas. El equipo de gobierno se niega a revisar los permisos otorgados por el GIL por el temor a reclamaciones patrimoniales y a la espera de que el Plan General sea una realidad palpable y pide que se suspenda esta orden. En este caso no hay consenso. La Junta ha reclamado insistentemente al Ayuntamiento que pase revista a las licencias que provocaron el desaguisado urbanístico.
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