La letrada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 afectados, ya ha recibido instrucciones de recurrirlo una vez se apruebe definitivamente
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella no terminará con su aprobación definitiva. Tras ésta, prevista para antes de finales de año, se iniciará un nuevo proceso, el judicial. "Es muy previsible que el plan sea impugnado por los afectados que estén disconformes con sus directrices".
El abogado especialista en derecho administrativo y urbanismo Francisco Cobos explicó a este diario en qué consiste esta reclamación que puede plantear cualquier ciudadano ante los tribunales y por qué es tan previsible que se solicite. "Impugnarlo consiste en recurrirlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", señaló.
Alegaciones. El PGOU marbellí es un documento "bastante especial". La historia reciente de la ciudad ha estado caracterizada por el permanente escándalo urbanístico. Un caos que está llamado a resolver este plan que, de entrada, ha generado más de 8.500 alegaciones en su contra en las dos exposiciones públicas a las que ha sido expuesto.
"Yo tengo instrucciones de mis clientes de impugnarlo si se aprueba definitivamente en los términos en los que se ha acordado provisionalmente", adelantó a La Opinión de Málaga la abogada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 propietarios de viviendas legales en la ciudad y perjudicados por las irregularidades urbanísticas cometidas en los últimos años.
La normalización de alrededor de 18.000 inmuebles irregulares y el sistema de compensación estipulado para ello son uno de los aspectos más criticados y polémicos del nuevo planeamiento. Pero no son los únicos.
Gálvez ya denunció en su momento las "graves" intenciones del nuevo PGOU y la "amnistía" que supone su aprobación. "El Plan quiere ningunear 40 sentencias firmes en su ejecución". No en vano, la justicia le ha dado la razón recientemente en el caso de una de los inmuebles ilegales más famosos de Marbella, la casa del actor Antonio Banderas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue claro en su auto. No aceptó la petición municipal de posponer la demolición parcial de la vivienda del popular intérprete, construida en un suelo destinado para zona de equipamiento público en la urbanización de Los Monteros.
"Un Plan General no legaliza las construcciones que ya tienen la licencia anulada por sentencia", dijo Gálvez, que recordó los argumentos en los que basó su decisión del Alto Tribunal.
No por ello, el gobierno del PP, al mando del Ayuntamiento, no se rinde y se mantiene en su tesis. "Es absurdo demoler una construcción que va a resultar legalizada con el nuevo PGOU", sostienen. Esta justificación, para la letrada, no es más que "un grave fraude contra el sistema
Servida queda la "más que probable" impugnación del PGOU, una medida que podría llevar aparejada la suspensión de su ejecución y nuevos años de espera. "Es muy difícil que ocurra por su componente de interés público", en opinión de Cobos. Eso no quita, según Gálvez, que se suspenda la parte impugnada, ya que el Plan no se tiene por qué impugnar en su totalidad.
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