La Junta asegura que asumirá las competencias sobre los negocios de playa en el primer trimestre de este año.
Los chiringuitos son señas de identidad de Málaga, motores de competitividad turística y legales de pleno derecho. Así lo defendió ayer el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, tras mantener una reunión con el consejero de Turismo, Luciano Alonso, y los representantes de la patronal andaluza, Norberto del Castillo, y malagueña, Manuel Villafaina. A juicio del primero, el 90% de los chiringuitos que hay en la provincia son legales o «susceptibles de ser legalizados».
La transferencia de las competencias sobre los negocios de playa al Gobierno andaluz se producirá en el primer trimestre de este año, según confirmó Ávila, quien defendió que la Junta cumplirá la actual Ley de Costas, aunque recalcó que dicho texto ampara la permanencia de estos negocios en su actual ubicación. «La Junta tiene una cercanía a la realidad que le permite una visión diferente», dijo. En este punto, Del Castillo corroboró que los negocios de playa tienen cabida en la ley, pues la mayoría de las instalaciones fueron concedidas con la misma norma. «Hay una distancia muy grande con la Administración central que se agilizará con las transferencias», explicó. El presidente de los empresarios del sector consideró que el problema principal es la lentitud en la tramitación de los permisos: «Las concesiones se pueden renovar con la misma ley, porque Costas nos llama ilegales y nos sigue cobrando el canon; el sector no puede estar pendiente de las renovaciones o de si quitan o no los chiringuitos».
Al tiempo, criticó las continuas alusiones de Costas a la temporalidad de los permisos, «pero la ley dice que tendrán vigencia de un año, esto es, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque en las playas hay servicios que se demandan todo el año y la norma lo permite».
Transferencia de poderes
Ávila destacó la voluntad política del Ejecutivo por llegar a acuerdos sobre la transferencia «desde el consenso y el diálogo con los empresarios», y aunque mencionó que este ámbito toca responsabilidades de las consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Turismo, no desveló sobre qué departamento recaerá finalmente la gestión de las playas.
Hasta el momento se han celebrado dos reuniones de la ponencia técnica para el traspaso y Ávila anunció un nuevo encuentro durante este mes de enero. Al tiempo, se está llevando a cabo el análisis jurídico, económico y del personal necesario, como ya ocurrió en el caso de Cataluña.
En el encuentro mantenido ayer también se solicitó la colaboración de los ayuntamientos del litoral con el objetivo de que se agilicen los trámites de los expedientes de petición y concesión de licencias a estas instalaciones.
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