lunes, 31 de mayo de 2010

Doblan los desahucios de los pisos de VPO ocupados ilegalmente (SUR)

El IMV intensifica las inspecciones de sus casas y recupera en año y medio un centenar para familias que están en lista de espera
31.05.2010 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA.

Doblan los desahucios de los pisos de VPO ocupados ilegalmente
Entran por el método de la patada en la puerta o con la certeza de saberse herederos del derecho a ocupar la vivienda, pero sin la autorización de quien es su propietario o se encarga de su gestión y mantenimiento: el Ayuntamiento. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha intensificado desde 2009 la labor de inspección que realiza del parque de las más de cuatro mil casas en alquiler que gestiona y se ha puesto manos a la obra para ejecutar con firmeza los desahucios en aquellos casos de pisos ocupados de manera irregular. Gracias a esta labor, en el último año y medio se han recuperado un centenar de casas para ofrecerlas a las familias que realmente las merecen y que forman parte de una lista de espera.
Según los datos facilitados por el servicio municipal de gestión de alquileres, en 2009 se tramitaron 47 desahucio por ocupación ilegal -el doble que en 2008- y sólo en lo que va de 2010 se han cursado 45, de los que 33 son por ocupación irregular y 12 por no ocupación del piso.
Desde el IMV reconocieron que de un tiempo a esta parte de han intensificado mucho más todos los controles y se ha efectuado un mayor seguimiento de la morosidad en el pago de los alquileres. No obstante, según aseguraron, los impagos no suelen ser el motivo del desahucio de una vivienda. Desde 2007 no se han producido por esa causa. «Por falta de pago no practicamos desahucio si hay voluntad de pagar. Se llega al desahucio cuando alguien se niega a pagar y a negociar una fórmula de pago. Y eso después de intentarlo como mínimo tres o cuatro veces», explicó el concejal de Vivienda, Diego Maldonado.
La mitad son de la Junta
No obstante, el IMV no puede desahuciar por morosidad o por falta de ocupación la mitad del parque de viviendas en alquiler que gestiona. Esto es debido a que se trata de pisos -unos dos mil- que son propiedad de la Junta de Andalucía, aunque el Ayuntamiento se encarga de su administración y mantenimiento. Con todo, sí puede hacerlo, y de hecho lo hace, para los casos de ocupación ilegal de estas casas y de las otras dos mil que son de su propiedad.
El procedimiento de desahucio llega tras una investigación del parque de viviendas que en los últimos años se ha hecho más exhaustiva -por sectores de la ciudad- con la contratación de una empresa específica para ello. La labor de esta empresa y las denuncias de vecinos y colectivos ciudadanos sirven al IMV para poner en marcha un expediente de investigación que suele derivar en el correspondiente desahucio. A la familia expedientada se le ofrece un plazo de alegaciones que, en la gran mayoría de los casos, se descartan porque la realidad suele ser que no tienen justificación alguna para ocupar la casa. Tras este procedimiento, el desahucio es aprobado por el consejo rector del IMV y remitido posteriormente a los juzgados para obtener la correspondiente orden de desalojo.
Desde Vivienda aseguraron que todos estos trámites pueden tener de media una duración de unos cuatro meses, aunque hay casos en que los tribunales pueden tardar unos seis meses en emitir el fallo. «Una vez que éste se notifica a los ocupantes de la vivienda suelen abandonarla por su propia voluntad en los días siguientes», apuntaron desde el IMV, que comentaron que, de los últimos desahucio, sólo ha habido un caso en el que tuvieron que intervenir los agentes de la Policía Local, a los que también se les notifica el dictamen judicial, así como a los servicios sociales del Ayuntamiento.
Otro motivo para el desahucio de una vivienda protegida es la no ocupación por parte de sus adjudicatarios. «Estos casos (actualmente hay 12 en tramitación) son más difíciles de detectar, porque hay muchas familias que juegan al despiste cuando se sienten investigadas y llegan incluso a pasarse algunas veces por la casa para subir y bajar las persianas o encender y apagar las luces pese a no residir en ella», relataron desde el IMV. Para no dar pie a esta picaresca, el Consistorio ha optado por precintar policialmente estos pisos a la espera de que se resuelva el expediente de desahucio. «Si quitan ese precinto es un delito», recalcaron.
La ocupación de la vivienda tras el fallecimiento del inquilino por un familiar de éste sin estar autorizado para ello por el IMV suele ser otro de los motivos de desahucio, por lo que el Consistorio está realizando un mayor seguimiento a las subrogaciones por defunción. Además, desde este año, también se realiza un mayor control para los casos en que los adjudicatarios de los pisos dejan de cumplir los requisitos por los que accedieron a ellos. En estos casos procede la resolución del contrato de alquiler y la correspondiente denuncia al juzgado. «En muchos casos nos encontramos con que la familia en cuestión ha adquirido otra vivienda en propiedad, por lo que se les puede aplicar una sanción al margen de la resolución del contrato», agregaron las fuentes. En lo que va de año ya se han resuelto siete contratos y recuperado otras tantas viviendas.
En toda esta labor, el IMV se encuentra con dificultades para notificar a los interesados las resoluciones que dicta respecto a las órdenes de desahucio. Por ello, también hace uso de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia con el fin de que puedan llevarse a cabo los desalojos de los pisos.

1 comentario:

  1. No se esta desahuciando.Este concejal miente mas que habla.En el caso de las viviendas sociales,a los que no pagan el alquiler,no les ocurre absolutamente nada,y viven por la cara.Yo habito por circunstancias en una de estas viviendas y pago religiosamente todos los meses.Pero si tengo un problema no me lo solucionan.

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