El planeamiento en Marbella tiene historia. El PGOU de 1986 tardó 12 años en entrar en vigor y el de 1998 fue nulo.
PRINCESA SÁNCHEZ MARBELLA Marbella ya no es una ciudad sin ley. Pero hasta ahora lo ha sido. Al menos, en el plano urbanístico. El Plan General vigente hasta el pasado viernes fue aprobado en 1986 y entró en vigor en 2000, al ser publicado entonces en el boletín oficial de la región.
El lapsus burocrático anegó a la localidad en una laguna legal de la que advirtió el propio ex alcalde Jesús Gil. Mientras el Gobierno andaluz impugnaba las licencias de obras que otorgaba por no ajustarse al Plan de 1986, Gil se apoyó en la ineficacia de éste.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó en 2002 la primera de 105 impugnaciones por esta razón. El plan de ordenación urbanística no tenía «eficacia» en el momento de concesión de la licencia porque no había tenido la publicidad correspondiente.
El crecimiento de la localidad no paró por ello. Todo lo contrario, lo hizo sin límites. Desde su llegada a la alcaldía, en 1991, el líder del Grupo Independiente Liberal avisó de su intención de revisar el planeamiento de la ciudad. Seis años más tarde, el pleno aprobó provisionalmente sus propuestas. Siempre con los votos contrarios de IU, PP y PSOE.
Batallas judiciales
En julio de 1998, la Comisión provincial de Urbanismo rechazó parcialmente el Plan General del GIL. Aprobó tan sólo el 50% del documento, con la condición de que el Ayuntamiento elaborara un texto refundido.
Su líder no lo aceptó y en un pleno celebrado en una madrugada de agosto del mismo año, se aprobó su PGOU. La Junta interpuso un recurso urgente en contra de este acuerdo.
Comienzan años de batalla judicial. Los tribunales tardan en pronunciarse y la administración, en actuar. En el intervalo, el GIL dibuja la Marbella que planeó sobre el papel. Hasta 2001, el Tribunal Supremo no ratificó la suspensión del pacto plenario. El Superior de Andalucía no lo anuló hasta 2005.
En 2003, el pleno municipal aprobó iniciar una nueva revisión. Un año después, Junta y Ayuntamiento pactaron redactarlo en común. El Consistorio, gobernado por Marisol Yagüe, incumplió el pacto. El Gobierno autonómico le retiró las competencias urbanísticas y la Junta siguió su tramitación sola. En 2006, se destapó la operación «Malaya» contra la presunta corrupción urbanística en Marbella. En 2007, se aprueba inicialmente el PGOU que a día de hoy es ley.
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