El nuevo Plan General de Ordenación Urbana es realidad sobre el papel tras cuatro años de somnolienta burocracia. Ya es ley que impone las normas del juego para construir. Ahora le queda traspasar los planos y cumplir expectativas en la práctica.
PRINCESA SÁNCHEZ MARBELLA Marbella amaneció el viernes tal como se acostó el jueves. Su sol sigue iluminando más ladrillos marrones que hojas verdes. Su fisionomía no ha cambiado. Permanece ajena a la revolución normativa que ha supuesto la publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, el jueves, y la entrada en vigor, el viernes, de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
Cualquier marbellí sabe algo de urbanismo y conoce el significado de las siglas PGOU. No importa su profesión. En el bufete, en la peluquería o en el supermercado, todos han oído hablar alguna vez de suelos urbanizables, sectorizados, PJ (parque y jardines) o de cargas compensatorias. Ha sido el día a día, especialmente en los últimos cuatro años que ha durado la tramitación del esperado texto.
La política parece no importar hasta que no afecta al interés propio y, muy en concreto, al bolsillo. El caso más claro lo constituye esta localidad malagueña que acrecentó sus sospechas al destaparse la mayor trama de corrupción político-urbanística de España con la operación «Malaya», el 29 de marzo de 2006. Culpables e inocentes están aún pendientes de sentencia. El juicio se celebrará en septiembre.
Deudas y carencias
El Grupo Independiente Liberal dejó, tras su mandato de 15 años, un agujero económico de 2.669 euros por ciudadano. En total, 335 millones de euros de acuerdo con los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas. El Consistorio acumula una deuda heredada de 512 millones de euros. El pueblo echa en falta equipamientos públicos donde convivir y zonas libres donde respirar.
La esperanza permanece dividida. De un lado, el gobierno municipal del PP mantiene su promesa de recuperar en los tribunales todos los bienes que fueran sustraídos durante esos 15 años de gilismo votado por mayoría. Para ello, el Ayuntamiento sostiene un servicio jurídico propio y un gabinete de abogados externo. Ambos se reparten la responsabilidad de velar por los intereses de la ciudad en 1.212 pleitos.
El planeamiento urbanístico era otro de los retos que la ciudad tenía que superar. Tras 24 años de construcción caótica, la historia se reescribió el pasado viernes pese a que la intrahistoria permaneciera aparentemente inalterable.
El nuevo Plan General, para bien o para mal, permite legalizar un total de 16.500 viviendas del total de 18.000 construidas irregularmente en la época del GIL. Un total de 400 inmuebles habitados quedan fuera de la llamada normalización. Entre ellos, el emblemático edificio de apartamentos Banana Beach.
Todos no quedan, por tanto, satisfechos. Quedó patente en la exposición pública del documento. El PGOU se mostró en dos ocasiones. En ambas, acumuló cerca de 9.000 alegaciones en su contra.
Los partidos socialista y popular, como artífices de este texto urbanístico pactado, sostienen la búsqueda del interés general.
Para otras formaciones, como Izquierda Unida, y colectivos, como el de Ecologistas en Acción, el Plan es una amnistía tras años de batalla judicial.
El propietario de una vivienda ilegal no quiere perder su techo, el que ha pagado durante años como inversión vital. El dueño de otra legal no comprende por qué tiene que sufrir la presencia de ese inmueble irregular que le quita las vistas al mar o le priva de un equipamiento público.
El reto de aprobar el Plan ya está cumplido. Ya hay nuevas normas para construir pese a la crisis. Su aplicación demostrará, en la práctica, si es o no un buen plan digan lo que digan los políticos.
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