La Cámara Alta acuerda derogar los permisos que autorizó el Gobierno para buscar yacimientos en el Mediterráneo
10.03.2011 -
Nuevo revés para las compañías petrolíferas en sus pretensiones de explotar yacimientos de gas frente a la Costa del Sol, una idea a la que se oponen frontalmente tanto el sector turístico como los ecologistas y la mayoría de los alcaldes de municipios del litoral malagueño. El pleno del Senado acordó ayer derogar los permisos que concedió el Gobierno para realizar prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, dentro de la Ley de Economía Social. La enmienda, planteada por el senador del Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista (PSM-EN), Pere Sampol, salió adelante con 129 votos a favor y con el respaldo del PP y del grupo mixto.
Cabe recordar en este punto las palabras del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, quien, durante una comparecencia en la capital el pasado mes de enero, afirmó que «nadie va a sacar gas o petróleo de la costa de Málaga». El también ministro de Política Territorial añadió que el Gobierno no autorizará ninguna actividad que ponga en riesgo al sector turístico. «Que no se alarme nadie sobre algo que no va a tener lugar».
La enmienda tendrá que debatirse ahora en el Congreso de los Diputados, donde podrá ser aprobada o rechazada. La iniciativa del PSM-EN solicita derogar los permisos de investigación de hidrocarburos que el Gobierno aprobó a finales de diciembre y que autorizaban estas actividades en las proximidades de la reserva marina de las Islas Columbretes, frente a las costas de Valencia, hasta 35 millas de Ibiza y frente a las costas de Málaga y de Cádiz.
De nuevo, viene a colación lo expuesto por Chaves, quien en enero dijo que el Ejecutivo estaba a la espera de informes sobre impacto medioambiental; y añadió que lo único que se podría autorizar es una investigación para ver si existe o no ese recurso, pero no su extracción.
Grave riesgo
Para Sampol, promotor de este cambio normativo, los pozos en el mar, así como el tráfico de barcos petroleros y las conducciones marítimas, suponen un «grave riesgo» para las zonas de alto interés ecológico, para los ecosistemas marinos y para la industria pesquera y turística. Asimismo, el senador territorial mostró su preocupación y la del sector ecologista y turístico por la contaminación que pueden suponer las futuras explotaciones petrolíferas, y destacó que las prospecciones autorizadas en las costas valencianas pueden afectar también a las Baleares.
En su opinión, el riesgo ante un accidente medioambiental en aguas mediterráneas existe ya que los reales decretos que autorizaban las investigaciones marítimas recogían que las compañías petroleras encargadas de estos trabajos debían suscribir un seguro de responsabilidad civil para responder ante posibles daños a personas o a bienes.
Por ello, el senador pidió a la Cámara Alta que decida si apuesta por el petróleo o por el turismo, y recordó que la primera de las opciones supone incrementar las emisiones contaminantes a la atmósfera y una mayor dependencia energética de combustibles fósiles.
La Ley del Sector de Hidrocarburos establece que los yacimientos subterráneos del territorio español, así como el subsuelo del mar territorial y los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Estado son bienes de dominio público, por lo que su aprovechamiento requiere de una concesión administrativa.
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