viernes, 24 de junio de 2011

La Junta culpa al Ayuntamiento del retraso del PGOU (La Opinión)

El Consistorio mantuvo el carácter periurbano que allí se prevé cuando el POTAUM fija que es urbano


La portavoz del PSOE, María Gámez y el delegado de Obras Públicas Enrique Benítez.
La portavoz del PSOE, María Gámez y el delegado de Obras Públicas Enrique Benítez. Carlos Criado
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JAVIER GARCÍA RECIO El Campamento Benítez ha vuelto a cruzarse en el camino del desencuentro entre la Junta y el Ayuntamiento de Málaga. Un portavoz de la Consejería de Obras Públicas aseguró ayer que uno de los motivos por los que los técnicos de esta consejería han requerido nuevas correcciones al Ayuntamiento para que pueda entrar en vigor el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) se debe a que el Campamento Benítez debe figurar como un equipamiento «territorial» para parque «urbano» pero que el Ayuntamiento ha vuelto a presentarlo como parque periurbano, «sin modificarse, por tanto, la ficha», según el portavoz de la Junta.

El Ayuntamiento estaba obligado al cambio, ya que, según acordó la la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) en su reunión de diciembre pasado, esos suelos deben adecuarse al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que fija su carácter deparque urbano.

La Junta culpa al Ayuntamiento

Más aún, la Junta de Andalucía aseguraba ayer que en el documento de subsanaciones presentado por el Ayuntamiento, figuraban correcciones «que son impropias de este documento», algunas de ellas «introduciendo cambios que afectan de manera fundamental» al PGOU como «la conversión en urbanizable de suelos no urbanizables, correspondientes a la zona de encauzamiento del río Campanillas; o el aumento o disminución de la edificabilidad en algunos ámbitos.

Con ello la Junta rechaza que sea la administración andaluza la que «retrasa o pone nuevas objecciones» al PGOU y afirma que son las «correcciones mal efectuadas por el Ayuntamiento las que impiden que plan se publique y entre en vigor».

Es más, como conclusión, el portavoz de la Consejería de Obras Públicas aseguró que esas «correcciones mal efectuadas o los cambios de planeamiento hubieran supuesto la nulidad del PGOU» de haberse publicado.
Por contra el Ayuntamiento insistió ayer, a través de un portavoz municipal, que «todos los temas abordados en la reunión del miércoles en Sevilla, fueron fundamentalmente aspectos de menor calado».

Algunos de ellos fueron «aspectos no indicados hasta ahora al Ayuntamiento», también se trataron cuestiones que ya estaban pactadas con las distintas consejerías así como correcciones técnicas o de planos, indicó el portavoz.

El alcalde teme el retraso

Tras este encuentro del miércoles, tal como adelantó ayer La Opinión de Málaga, los técnicos de la Junta remitirán un escrito al Ayuntamiento con los últimos aspectos que quieren que se subsanen o se vuelvan a justificar, que se concretará en un documento que deberá pasar por pleno de cara a que la administración autonómica formalice la entrada en vigor del nuevo PGOU. El Consistorio espera que pueda ser aprobado este último documento en un pleno extraordinario en el mes de julio para ser remitido de inmediato a la Junta de manera que el plan pudiera entrar en vigor antes de agosto.

El plazo se ve muy difícil. De hecho el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reconoció ayer que, aunque «actuaremos rápidamente», los cambios reclamados por la Junta «pueden llevarnos hasta septiembre y dejarnos casi sin margen de maniobra para que el PGOU inicie su despegue este año».

El alcalde criticó las «nuevas objecciones planteadas por la Junta al PGOU» y afirmó que «no es bueno» que «se añadan nuevas observaciones, que no fueron planteadas anteriormente» porque «hacen inacabable el proceso».
De la Torre argumentó que este problema de ahora sería «menos importante» si en 2009 la Cotua no hubiese aprobado la suspensión total de la aprobación definitiva del planeamiento, «acontecimiento muy negativo para Málaga». Más aún, lo consideró «un grave error político», que tenía como motivo «entorpecer la labor de gobierno.»

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