Los delitos urbanísticos caen un 37,8% en Málaga (La Opinión)

Este año se han derribado sólo seis viviendas en la provincia pese a que la Fiscalía critica este hecho

García Calderón presentó ayer la memoria fiscal. Efe

JOSÉ ANTONIO SAU Málaga es una provincia que tenía, hasta marzo pasado, 14.200 viviendas ilegales tras haber legalizado en año y medio casi 36.000. Con esos datos, el hecho de que hayan descendido los delitos contra la ordenación del territorio un 37,8%, hasta los 243, entre 2009 y 2010, es una noticia positiva. La Fiscalía Superior de Andalucía, que ayer presentó su memoria relativa al pasado ejercicio, atribuye ese brutal descenso a la pujanza del ministerio fiscal y a la presión ejercida desde los distintos poderes públicos, aunque si se echa un vistazo al apartado relativo a Medio Ambiente se ve claramente que los problemas para hacer cumplir la legalidad son más profundos de lo que se reconoce en el apartado general. La crisis, por ejemplo, también tiene algo que decir aquí.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, presentó ayer un documento que no ha redactado él en su totalidad, pero de cuya lectura se desprende una conclusión clara: las relaciones entre jueces y fiscales, emponzoñadas al socaire de la Ley de Agilización Procesal, no son las mejores.¿Por qué han caído esos delitos después de años subiendo? La Fiscalía cree que está claro: «Es la actuación institucional la que incide en la evolución de la delincuencia». Esos incrementos pasados fueron valorados «positivamente» porque evidenciaban «el fin de una impunidad bastante generalizada», pero esa tendencia «parece ceder en la actualidad». El descenso se explica, curiosamente, por la mayor presión pública desde todos los frentes: «El mayor cumplimiento de la legalidad administrativa, el compromiso institucional de las administraciones local y autonómica, la función de prevención general que realizan algunos acertados pronunciamientos judiciales condenatorios, la adopción de justificadas medidas cautelares o la labor de formación continuada desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como su mejor coordinación por el ministerio fiscal». A todo ello, la fiscal Consuelo Fidalgo, redactora de este apartado, añade la mejora en la recogida de datos informáticos y la crisis económica: se construye menos y, por tanto, se delinque menos en este frente. Otro factor que explicaría perfectamente por qué se delinquió poco en 2010 tal vez sea el endurecimiento de los tipos relativos al urbanismo en el Código Penal.Y aquí llega el tirón de orejas a los jueces: la arcaica legislación y el «defectuoso sistema de recursos» no permiten combatir «la disparidad de criterios sostenidos por los órganos de enjuiciamiento y la inseguridad jurídica que produce».En definitiva, como cada juez dice una cosa es difícil saber cómo interpretar la norma. ¿Dónde se ve ese problema?: «Ese problema puede observarse en situaciones como las que genera la posibilidad de demolición de construcciones ilegales». No se tiran las casas ilegalesCiertamente, tirar una casa irregular es difícil, muy difícil: fuentes judiciales afirman que en 2011 sólo se han derribado seis en Málaga. Y es la propia Fiscalía Superior de Andalucía la que reconoce el problema: «Seguimos encontrando verdaderos problemas para la restauración de la legalidad perturbada a través del instituto de la demolición».El ministerio público llama la atención sobre «la indudable persistencia de la criminalidad urbanística», pero al mismo tiempo señala caminos represivos para podar el fenómeno o, al menos, aminorarlo.«En muy escasos supuestos se viene acordando en las sentencias condenatorias la demolición de lo que ha sido ilegalmente construido o edificado», dice el ministerio fiscal (otro ataque claro a los togados).Los infractores son condenados a prisión y multa, y, como no suelen tener antecedentes, «se les conceden los beneficios de la suspensión de la condena». La conclusión es clara: el delincuente se sale con la suya: «Los infractores terminan consiguiendo su propósito con el pago de una escasísima multa».¿Por qué siguen existiendo casas ilegales? Fácil: porque se dictan pocas órdenes de demolición y las que se decretan no se cumplen –lo dice la propia Fiscalía–. Una vez más, el ministerio público propone perseguir el beneficio ilícito del delito: por ejemplo, incrementando la cuantía de la sanción de la multa.Multas más fuertesSon los propios infractores, reflexiona la acusación pública, los que interesan que su expediente se lleve por la vía penal, antes que por la administrativa, «puesto que observan que la multa que se les va a imponer por la comisión del delito es muy inferior a la que le correspondería en vía administrativa». Comiso de la viviendaEn Córdoba, por ejemplo, ya se están pidiendo sanciones más fuertes. Entre otras cosas, se propone incluso el comiso de la vivienda en los casos en los que no haya que demoler. Y, si después de pagar la multa decide vender su casa, la Fiscalía opta por quedarse con la ganancia del vendedor.El derribo de la vivienda es tan improbable porque desde que se dicta la sentencia hasta que se ejecuta se recurren todos los pasos intermedios y se piden hasta indultos. Es más, ya se está alegando la futura mega amnistía que prepara la Junta de Andalucía para la Axarquía con el objetivo de pedir la regularización de una casa. No en vano, «se va al límite cuando la casa está en un paraje natural o es susceptible de ser legalizada», indican fuentes del órgano. Sólo en los casos más «groseros», flagrantes y claros se tira la vivienda, porque muchos abogados se amparan en futuros PGOU o planes parciales para lograr que la edificación siga en pie. La Fiscalía Superior de Andalucía también reclama más medios para las secciones especializadas en Medio Ambiente.