El magistrado mantiene la imputación sobre los exediles Tomás Reñones y Vicente Manciles, pero archiva la causa respecto al exalcalde Julián Muñoz
Vista general de la entrada del rocódromo de San Pedro Alcántara. :: JOSELE-LANZA
El Ayuntamiento de Marbella adjudicó en marzo de 2003 la explotación del rocódromo de San Pedro Alcántara a la empresa Saymaben. La mercantil, que carecía de actividad y de experiencia, era propiedad de un empleado municipal que había comenzado a trabajar en el Consistorio un mes antes, aunque previamente había pertenecido al entonces concejal de Obras, Vicente Manciles. Dos años después de la concesión, la sociedad fue vendida a la pareja sentimental del ahora exedil. Para el juez, la operación desvela indicios de ilegalidad y los hechos pueden ser constitutivos de los presuntos delitos de fraude en la contratación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El titular del Juzgado número 4 de Marbella, Jaime Serret, ha concluido la investigación sobre las supuestas irregularidades y ha decidido elevar a procedimiento abreviado el caso, que, una vez presentados los escritos de acusación y de defensa, pasará a su fase de enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Málaga. El magistrado ha decidido proseguir las actuaciones contra Manciles, el exconcejal Tomás Reñones y otros cinco imputados, mientras que ha acordado el archivo provisional de la causa en lo que respecta al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y otras tres personas.
Según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso SUR, Manciles vendió en enero de 2002 a su amigo Jorge Mangueda la empresa Saymaben, que estaba vacía de contenido y sin actividad, con el fin de «poder acceder al concurso de explotación del rocódromo municipal». Mangueda, al que el juez instructor atribuye la función de testaferro, comenzó a trabajar en enero de 2003 para la empresa municipal Gerencia de Obras y Servicios. Dos meses después, la mesa de contratación de otra sociedad participada del Consistorio marbellí, Actividades Deportivas 2000 SL, concedió a Saymaben la adjudicación del parque multiaventura de San Pedro en el que se ubica el rocódromo.
Única supuesta oferta
La concesión tuvo lugar «a pesar de la nula experiencia profesional» de la mercantil, según destaca el magistrado, que apunta que la operación se realizó bajo el argumento de que se trataba de la única empresa que se había presentado al concurso. La oferta, sin embargo, «no aparece en el expediente administrativo», según recoge el juez en su auto. En mayo de 2005, Mangueda vende sus participaciones sociales de la entidad a dos mujeres, una de las cuales es la pareja sentimental de Manciles. A juicio de Serret, «la secuencia de los hechos» desvela que existen indicios de que el exconcejal participó desde el principio en la explotación de una concesión municipal, por medio de «personas interpuestas» -el empleado municipal «al que dio trabajo cuarenta días antes de la adjudicación del concurso»-, o bien «planificó y facilitó la adjudicación a su pareja sentimental».
Según el juez, la imputación debe extenderse además a Mangueda «por aceptar actuar como testaferro» y al exedil Tomás Reñones, que integraba el consejo de administración de la sociedad municipal Actividades Deportivas 2000 SL, empresa responsable de la adjudicación. También a las dos personas que adquirieron finalmente la mercantil, y, por tanto, la explotación del rocódromo sampedreño, dado que, «se han prevalecido de su relación sentimental para obtener una resolución favorable a sus intereses».
Por el contrario, el magistrado acuerda en la resolución judicial, sobre la que cabe recurso de reforma, el archivo provisional de las actuaciones en lo que respecta al exregidor Julián Muñoz y al abogado Modesto Perodia, así como en relación con el exedil Victoriano Rodríguez, fallecido el pasado año.
El entonces edil vendió a un amigo la empresa que resultó elegida en el concurso.
Integrante de la mesa de contratación que adjudicó la explotación.
El juez instructor ha acordado el archivo provisional de las actuaciones contra el exregidor.
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