domingo, 24 de julio de 2011

Mijas renuncia a revisar el PGOU para disponer de mayor edificabilidad. (SUR)

El Ayuntamiento opta por mantener vigente el plan de 1999, ya adaptado a la LOUA, que permite construir hasta 20 millones de metros cuadrados

20.07.11 - 01:36 -

NORMA URBANÍSTICA

Situación actual. Está vigente el PGOU de 1999 aunque la revisión inicial se aprobó inicialmente en 2006.
Qué se hace. Mantener el plan primigenio adaptado a la normativa andaluza de ordenación (LOUA).
Avances. Desarrollar más terreno. Se prevé 20 millones de metros cuadrados en lugar de los doce que contempla el POTA.
Adaptación. Hasta 34 convenios tendrán que modificarse porque su ejecución dependía de la actualización de la norma.

Preparar las condiciones urbanísticas necesarias en un municipio para permitir el crecimiento poblacional y de servicios de manera ordenada es lo que está haciendo Mijas a través de diversas gestiones, aunque lo que sorprende es cómo. Y es que, en lugar de optar por los avances en las tramitaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), desde el Ayuntamiento proponen continuar con lo estipulado en la normativa vigente, que data de 1999 y que está adaptada a la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA).
Según lo anunciado ayer por el concejal de Urbanismo de la localidad, Manuel Navarro, esta decisión se toma debido a que el documento del 99, que está vigente, plantea un techo de crecimiento de unos 20 millones de metros cuadrados en el término municipal -que supera los 147 kilómetros cuadrados- y «que se verían mermados hasta poco más de la mitad si se continuara con la revisión». Para el edil, el municipio «perdería capacidad urbanística».
Hasta el momento, los anteriores equipos de gobierno (todos socialistas) apuntaban por la revisión del documento para adaptarlo a diferentes normativas andaluzas que han surgido al respecto como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) o el POT de la Costa del Sol. Sin embargo, ya en campaña electoral, los populares adelantaron que apostarían por el crecimiento urbanístico aprovechando el documento existente y optando por las modificaciones puntuales de elementos para la ejecución de infraestructuras nuevas, que no estén incluidas en ese planeamiento.
Ahora, la labor del departamento jurídico y de urbanismo en la localidad pasa por modificar hasta 34 convenios urbanísticos cuyo desarrollo está supeditado al proceso de revisión del plan general, y que permiten la finalización del nuevo Camino de Campanales, la conexión entre los núcleos de La Cala y Las Lagunas por el Hipódromo de la Costa del Sol, el puente que comunicaría la zona de la Venta La Morena con los Cerros del Águila o, entre otras actuaciones, el saneamiento del entorno del río Fuengirola. Una vez que esta adaptación finalice, la anulación de la normativa tendrá que aprobarse en pleno.
Además, el equipo de gobierno pretende clarificar todos los aspectos vinculados con el desarrollo de los diferentes convenios urbanísticos, para que tanto el Ayuntamiento como los promotores «ganen en seguridad jurídica», señaló Navarro, aludiendo a que «no se pueden mantener unos convenios sujetos a tramitaciones o documentos que no existen».
Más crecimiento urbano
Así las cosas, la revisión del PGOU vigente se realizará «cuando se agoten los 20 millones de metros de suelo calificado actualmente como urbanizables» al tiempo que aseguró que «el de 1999 probablemente sea el último plan general de Mijas puesto que después hay muy pocas posibilidades de crecimiento urbanístico». Al respecto, el concejal explicó que el POT de la Costa del Sol generó en el término municipal un 35 por ciento cuya calificación es de suelo con especial protección territorial, donde no se podrá desarrollar ninguna de actuación urbanística, de manera que «será imposible alcanzar una población de 250.000 habitantes, como hace años se pretendía».
A pesar de la anulación de la revisión del PGOU, el concejal de Urbanismo ha anunciado que el equipo de gobierno mantendrá el proceso iniciado en suelos no urbanizables, con la finalidad de legalizar las viviendas fuera de ordenación susceptibles de regularización. Es decir, el equipo de gobierno no interrumpe el proceso iniciado de regularización de viviendas.

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