Cerco a la vivienda irregular. Marbella (SUR)

Los promotores que construyeron por encima de lo permitido tienen dos meses para pagar el diez por ciento del aprovechamiento El Consistorio fija un plazo para la normalización de los excesos de edificación

12.10.2011 - 

MÓNICA PÉREZ

 

MARBELLA.

La entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana fijaba un plazo de un año prorrogable a dos para que los promotores de viviendas levantadas de manera ilegal durante la 'era GIL' asumieran voluntariamente el pago de las compensaciones para regularizar los inmuebles. Actualmente, los técnicos de Urbanismo trabajan en una treintena de expedientes de normalización que beneficiarán a medio millar de viviendas. Se unirán al millar de casas que ya son legales de pleno derecho.

El nuevo planeamiento, sin embargo, dejaba sin plazo concreto la resolución de los casos catalogados de leves, es decir, aquellos en los que hubo un exceso de edificabilidad en la construcción. En la práctica son los que tienen una más fácil y rápida normalización. Pero ello no ha animado a los promotores a ejecutarla. Una situación que ha llevado al Ayuntamiento a fijar un plazo de dos meses para que todos los responsables con edificaciones en zonas de ordenanza de mantenimiento inicien el proceso. «En caso contrario, el Consistorio establecería un mecanismo para empezar a promover esos procesos de regularización de unas viviendas que se encontraban en el limbo al no contar anteriormente con ese plazo fijado en el PGOU», explicó ayer el portavoz municipal Félix Romero.

«Una fórmula matemática»

El edil calificó de «paradójico» que tratándose del sistema «más fácil de utilizar» sea el que menos se está usando por parte de los promotores, obligados en estos casos únicamente al abono del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico obtenido, «que se calcula con una simple fórmula matemática», explicó a este periódico el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.

Transcurrido ese periodo de dos meses de abono voluntario, será el Ayuntamiento el que, como en el resto de casos, actúe de oficio para reclamar a los promotores que asuman las compensaciones. «Esta situación no puede mantenerse eternamente. No queremos que ninguna ilegalidad se mantenga. El objetivo que perseguimos es que todas las urbanizaciones alcancen la legalidad, y en estos casos concretos no se está haciendo», afirmó el portavoz del equipo de gobierno.

El nuevo plazo fijado para la regularización de las viviendas con exceso de edificación fue uno de los asuntos tratados ayer en la Junta de Gobierno Local que además dio luz verde a la recepción por parte del Ayuntamiento de equipamientos que pasan a titularidad pública en la zona del paseo fluvial paralelo a la rivera del río Guadaiza. Un nuevo parque en Nueva Andalucía que contará con máquinas biosaludables.