El alto tribunal andaluz descarta tomar medidas cautelares y permite seguir adelante pese al recurso presentado contra la licitación
Presentación del proyecto de ampliación del puerto en mayo de este año. :: JOSELE-LANZA
El proceso para iniciar la construcción del nuevo puerto de La Bajadilla seguirá adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desbloqueado el procedimiento al desestimar la adopción de medidas cautelares tras el recurso presentado por el grupo de empresarios que perdió la licitación frente a la Unión Temporal de Empresas formada por el jeque catarí Abdullah Ben Nasser Al-Thani y la sociedad municipal del Puerto Deportivo de Marbella.
La Sala de la Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga tomó el pasado miércoles esta decisión, que no se comunicará a las partes hasta el próximo martes, según ha podido saber este periódico. En el auto judicial se considera que no está acreditado que seguir adelante con el proceso produzca daños irreparables a la sociedad que ha presentado el recurso -el consorcio Unión Temporal de Empresarios Marina Internacional de Marbella- aun en el hipotético caso de que los tribunales le acaben dando la razón. Los empresarios que perdieron el concurso sostenían en su recurso que en la adjudicación al jeque y su socio municipal no se respetaron las bases que fijaba el pliego de condiciones.
La decisión adoptada por el tribunal permitirá que en las próximas semanas se lleve a cabo la firma del contrato entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (dependiente de la Junta) y la UTE formada por la sociedad de Al-Thani y el Ayuntamiento, que en principio había sido prevista para mediados de octubre pero que tuvo que ser aplazada como consecuencia de la presentación del recurso.
Fuentes jurídicas han explicado a este periódico que el proceso contencioso administrativo podría prolongarse hasta una década, ya que los sucesivos recursos y apelaciones podrán llegar hasta el Tribunal Supremo. Para la ciudad hubiese supuesto un grave contratiempo que la principal obra de infraestructura prevista para su desarrollo económico, con una inversión estimada en 400 millones de euros, quedara empantanada en un contencioso judicial de esa envergadura.
Precisamente en este argumento, y en el hecho de que se trata de una obra de interés general que afecta al conjunto de los vecinos y al modelo de ciudad, se basó el escrito presentado por el Ayuntamiento contra el recurso de los empresarios que solicitaban medidas cautelares. El TSJA le ha acabado dando la razón.
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