Dos empresarios declararon ayer como testigos en el juicio del 'caso Troya' contra la presunta corrupción urbanística en la localidad de Alhaurín el Grande. Durante su comparecencia, ambos coincidieron en que solo pagaron las tasas correspondientes por licencias urbanísticas y apuntaron que no se les exigió más dinero por parte del Ayuntamiento.
El primero de los empresarios señaló que él no tramitó la licencia sino que fue el arquitecto técnico y recordó que la denegaron «porque no cumplía», se realizó una modificación y «nos la concedieron». Asimismo, el testigo indicó que por parte del consistorio alhaurino no se interesó dinero alguno para la obtención de ese permiso.
La segunda testigo precisó que tampoco hizo las gestiones para la licencia y ha explicado que la obra se paralizó por unas pérgolas en las terrazas, pero ha dicho que no tuvo conocimiento de que a consecuencia de dichas dificultades alguien del Ayuntamiento le solicitara algún tipo de contraprestación.
Normativa urbanística
El ministerio público sostiene inicialmente, en su escrito de conclusiones provisionales, que el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, acusado en esta causa, concedió estas licencias «con infracción de la normativa urbanística de aplicación, favoreciendo a los empresarios, respecto a los que sin embargo no consta que efectuaran pago para ello».
Asimismo, también ha comparecido un empresario dedicado a festejos taurinos y ha señalado que en 2005 le llamaron porque «había unos señores interesados en patrocinar un festival en beneficio de una asociación de Alzheimer» y ha indicado que le pagaron a través de una empresa. Ha precisado que en festejos de otros años le pagó el Ayuntamiento «con otros patrocinadores».
El 'caso Troya' sienta en el banquillo de los acusados al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), al concejal de Urbanismo, a dos funcionarios municipales y adieciséis constructores.
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