Algo más de un año después de que la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento subrayasen su acuerdo por hacer del antiguo acuartelamiento un parque de uso ciudadano, la parcela sigue cerrada a la ciudad
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.12.2011 - 01:00
Dieciséis años y un mes han transcurrido desde que el Ministerio de Defensa dio el paso definitivo para que el antiguo Campamento Benítez dejase de tener uso militar. Y fue ese mismo día cuando se abrieron las puertas al camino emprendido por la ciudad de Málaga en su pugna judicial por recuperar los suelos que cedió gratuitamente, allá por 1924, al entonces Ramo de la Guerra para el asentamiento del Ejército de África. La senda emprendida por el Ayuntamiento sigue hoy abierta, aunque los visos de llegar a buen término son escasos tras los numerosos fallos contrarios por parte de los tribunales. El último de ellos, como avanzó el pasado lunes Málaga Hoy, con fecha 21 de noviembre y de manos de la Audiencia Nacional.
Pero, más allá de la compleja maraña judicial en la que se encierra el futuro de la propiedad de este espacio, el Campamento Benítez sigue siendo reflejo de la inconsistencia de las promesas que las administraciones han llegado a formular para que estas 28 hectáreas sean disfrutadas por los malagueños, ya fuera en forma de museo y gran zona verde, ya fuera, únicamente, como parque. Ese era el objetivo que, desde 2005 hasta el momento presente, se ha querido cumplir, en la idea de abrir a los vecinos lo que durante algo más de 87 años es una finca acotada.
La última opción de recuperar para la urbe lo que ella misma entregó, concitó, al menos de cara a la galería, el consenso de las tres grandes administraciones públicas de la provincia. Sus máximos valedores estrecharon sus manos y, más allá de detalles a corregir, mostraron la necesidad de desterrar las continuas confrontaciones en pos de hacer del Benítez un espacio de esparcimiento para la capital de la Costa del Sol.
Ese fue el compromiso de todas las partes, paso inicial desde el que progresar en conversaciones para definir cómo, de qué tipo, con qué inversión. Pero han sido justamente los detalles a levantar sobre la base, sumados a la conversión del antiguo cuartel en arma electoral (municipales y generales), los que han acabado por derrumbar la aparente seriedad del acuerdo. Pasa ya más de un año y un mes desde el día en que Hilario López Luna, subdelegado del Gobierno; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y María Gámez, entonces delegada del Gobierno andaluz, posaron sonrientes para confirmar lo inusual: el acuerdo de las tres partes de caminar juntos en la iniciativa.
Muestra del cambio de escenario que se dibujaba por aquel entonces fue que el Ministerio de Fomento, meses después, remitió una propuesta de convenio que lejos de allanar la senda, la acabó convirtiendo en un obstáculo insalvable. En el documento, el departamento estatal rebajaba a apenas 5 millones de euros su aportación a la zona verde (a los que sumar tres de la Junta), calificaba el espacio como periurbano (con lo que era el Consistorio el que tenía que asumir su mantenimiento), pero sobre todo llegaba a condicionar la actuación a que la ciudad le compensase con suelos valorados en 76 millones de euros. La negativa del regidor del PP no se hizo esperar.
A punto de cerrarse 2011, justo cuando el PP y Mariano Rajoy toman las riendas del Gobierno central, el Campamento Benítez sigue aparcado, olvidado, como lo ha estado en los últimos lustros, ajeno a los anuncios y pretensiones de las instituciones, al margen de cualquier uso político de su futuro. Desde la Subdelegación del Gobierno se admite la ausencia de novedades sobre la propuesta de parque, algo que ratifica el concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, quien confirma la intención del equipo de gobierno de recurrir al Tribunal Supremo la última sentencia de la Audiencia Nacional. Sobre el futuro parque, reclamó su carácter metropolitano y dijo que debe ser el Gobierno el que lo impulse.
En sus 280.000 metros cuadrados no se atisba rastro del Museo de la Obra Pública, ni de los pabellones diseñados por la arquitecta Carme Pinós, ni de los simuladores de vuelo, ni de los alrededor de 300 millones que conformaban la gran promesa de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez; pero tampoco se respiran los aromas de la zona verde que José Blanco dijo que impulsaría... Será el futuro titular de esta cartera, propietaria del Benítez, la que habrá de enfrentarse a la histórica reivindicación de Málaga y sus corporaciones municipales, convencidas de que ese suelo fue arrebatado a la ciudad y que, en justicia, debe ser devuelto. ¿Qué hará ahora Francisco de la Torre? ¿Mantendrá viva la vía judicial tras los varapalos sufridos y con un Ejecutivo de su mismo color político? ¿Reivindicará, como lo hace desde que en 2000 asumió, la propiedad del Benítez? Interrogantes a los que encontrar respuesta en los próximos meses
Pero, más allá de la compleja maraña judicial en la que se encierra el futuro de la propiedad de este espacio, el Campamento Benítez sigue siendo reflejo de la inconsistencia de las promesas que las administraciones han llegado a formular para que estas 28 hectáreas sean disfrutadas por los malagueños, ya fuera en forma de museo y gran zona verde, ya fuera, únicamente, como parque. Ese era el objetivo que, desde 2005 hasta el momento presente, se ha querido cumplir, en la idea de abrir a los vecinos lo que durante algo más de 87 años es una finca acotada.
La última opción de recuperar para la urbe lo que ella misma entregó, concitó, al menos de cara a la galería, el consenso de las tres grandes administraciones públicas de la provincia. Sus máximos valedores estrecharon sus manos y, más allá de detalles a corregir, mostraron la necesidad de desterrar las continuas confrontaciones en pos de hacer del Benítez un espacio de esparcimiento para la capital de la Costa del Sol.
Ese fue el compromiso de todas las partes, paso inicial desde el que progresar en conversaciones para definir cómo, de qué tipo, con qué inversión. Pero han sido justamente los detalles a levantar sobre la base, sumados a la conversión del antiguo cuartel en arma electoral (municipales y generales), los que han acabado por derrumbar la aparente seriedad del acuerdo. Pasa ya más de un año y un mes desde el día en que Hilario López Luna, subdelegado del Gobierno; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y María Gámez, entonces delegada del Gobierno andaluz, posaron sonrientes para confirmar lo inusual: el acuerdo de las tres partes de caminar juntos en la iniciativa.
Muestra del cambio de escenario que se dibujaba por aquel entonces fue que el Ministerio de Fomento, meses después, remitió una propuesta de convenio que lejos de allanar la senda, la acabó convirtiendo en un obstáculo insalvable. En el documento, el departamento estatal rebajaba a apenas 5 millones de euros su aportación a la zona verde (a los que sumar tres de la Junta), calificaba el espacio como periurbano (con lo que era el Consistorio el que tenía que asumir su mantenimiento), pero sobre todo llegaba a condicionar la actuación a que la ciudad le compensase con suelos valorados en 76 millones de euros. La negativa del regidor del PP no se hizo esperar.
A punto de cerrarse 2011, justo cuando el PP y Mariano Rajoy toman las riendas del Gobierno central, el Campamento Benítez sigue aparcado, olvidado, como lo ha estado en los últimos lustros, ajeno a los anuncios y pretensiones de las instituciones, al margen de cualquier uso político de su futuro. Desde la Subdelegación del Gobierno se admite la ausencia de novedades sobre la propuesta de parque, algo que ratifica el concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, quien confirma la intención del equipo de gobierno de recurrir al Tribunal Supremo la última sentencia de la Audiencia Nacional. Sobre el futuro parque, reclamó su carácter metropolitano y dijo que debe ser el Gobierno el que lo impulse.
En sus 280.000 metros cuadrados no se atisba rastro del Museo de la Obra Pública, ni de los pabellones diseñados por la arquitecta Carme Pinós, ni de los simuladores de vuelo, ni de los alrededor de 300 millones que conformaban la gran promesa de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez; pero tampoco se respiran los aromas de la zona verde que José Blanco dijo que impulsaría... Será el futuro titular de esta cartera, propietaria del Benítez, la que habrá de enfrentarse a la histórica reivindicación de Málaga y sus corporaciones municipales, convencidas de que ese suelo fue arrebatado a la ciudad y que, en justicia, debe ser devuelto. ¿Qué hará ahora Francisco de la Torre? ¿Mantendrá viva la vía judicial tras los varapalos sufridos y con un Ejecutivo de su mismo color político? ¿Reivindicará, como lo hace desde que en 2000 asumió, la propiedad del Benítez? Interrogantes a los que encontrar respuesta en los próximos meses
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