lunes, 2 de enero de 2012

Marbella regulariza un millar de viviendas ilegales en dos años (Málaga Hoy)


El Ayuntamiento recibe a cambio de esta normalización 5 millones de euros, 6.300 metros de suelo para uso público y 3.000 para viviendas sociales
MARCEL VIDAL / MARBELLA , URBANISMO | ACTUALIZADO 31.12.2011 - 05:01
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Imagen de una de las edificaciones legalizadas en el Plan General.

Unas mil viviendas se han regularizado en Marbella a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entró en vigor en mayo de 2010. El documento contempla la legalización de 16.500 inmuebles que se construyeron al margen de la ley durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). En 2011 se ha normalizado la situación de 600 viviendas y un edificio de oficinas en cuyas tres primeras plantas se instalará la sede de la Delegación de Urbanismo a partir del nueve de enero. 

El concejal del ramo, Pablo Moro, aseguró ayer que también se ha legalizado la situación del hotel Senator, pero la oposición denuncia que los promotores del establecimiento no han saldado aún las compensaciones para su regularización, que son el pago de una multa 3 millones de euros y la cesión al Consistorio de una parcela anexa para equipamiento público. 

Las regularizaciones han reportado al Ayuntamiento, según Moro, más de 5 millones de euros, unos 6.300 metros cuadrados de suelo para uso público, otros 3.000 metros cuadrados en los que se construirán Viviendas de Protección Pública (VPP) y el edificio que albergará las oficinas de la delegación, de 3.800 metros cuadrados. 

El Consistorio legalizó en 2010 cerca de 400 inmuebles entre las promociones de Maria Green Hills y El Palmeral, una urbanización situada en el distrito de Nueva Andalucía y el complejo residencial de Jardines del Príncipe, cuya normalización anunció Moro hace justo un año. El Ayuntamiento ingresó por ello más de 4 millones de euros en multas y obtuvo unos 18.000 metros cuadrados de suelo para diferentes usos. 

El PGOU no permite la legalización de unas 1.500 viviendas, cuyas demoliciones se dirimen en los tribunales. Entre los inmuebles destacan el Banana Beach, situado a unos 40 metros de la orilla del mar, o otros situados en la zona de Río Real, ubicados a unos 20 metros. Moro se mostró en contra de derribar las construcciones y adelantó que el Consistorio "seguirá peleando" para que las viviendas se regularicen. "Estas barbaridades no se pueden construir a pie de playa, pero una vez edificadas el daño que se hace echándolas abajo es mayor que si se conservan", apuntó. 

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Bernal, señaló que el equipo de gobierno no ha solucionado el problema de las viviendas irregulares porque "los técnicos y especialistas en urbanismo han desaparecido de la Delegación, en beneficio de personas que carecen de formación en la materia".

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