Dos son ingenieros de Caminos y otros dos, arquitectos · Entre los otros 11 hay dos sindicalistas, un pediatra y un historiador
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.01.2012 - 01:00
Sólo cuatro de los 15 integrantes del jurado sobre el que recae la responsabilidad de elegir el proyecto que servirá para transformar la cicatriz del río Guadalmedina tienen formación técnica, ya sea como arquitectos o como ingenieros de Caminos, materias clave en el desarrollo de esta actuación. Un detalle a destacar si se tiene en cuenta el perfil especializado del asunto objeto del concurso impulsado por la Fundación Ciedes, que tiene especiales ramificaciones sobre el modo en que coser las márgenes del río y garantizar su seguridad hidráulica.
Si bien existe una comisión técnica que se encargará de analizar las propuestas presentadas, no lo es menos que será el jurado el que tomará la decisión final. Y la práctica totalidad de sus integrantes son, ante todo, representantes políticos. Las excepciones son dos ingenieros de Caminos, con José Alba, elegido por la Cámara de Comercio, y Violeta Aragón, en nombre de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); y dos arquitectos, Salvador Moreno Peralta, por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, y José Ramón Moreno Pérez, decano de Arquitectura de la Universidad.
En el resto de los casos, se cuenta un sociólogo e ingeniero agrónomo, en la persona de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y presidente del jurado; un pediatra, con el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Diego Maldonado; un ingeniero en Telecomunicaciones, con Felipe Romera, director del PTA; un licenciado en Historia, con Fidel Fernández-Nieto, que representa a la Junta de Andalucía, y los responsables provinciales de los sindicatos CCOO y UGT, Antonio Herrera y Manuel Ferrer, respectivamente. A ellos se suman Enrique Linde, presidente del Puerto, licenciado en Derecho; dos abogados, Elías Bendodo, como presidente de la Diputación, y Jorge Hernández Mollar, como subdelegado del Gobierno.
Esta circunstancia fue criticada por el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, para el que la composición del jurado "reafirmar la idea que teníamos cuando dijimos que no estábamos conformes con las bases del concurso, dada la escasez de profesionales técnicos". "La ciudad pierde una magnífica oportunidad de tomar una decisión cualificada; tan absurdo sería que el jurado sólo lo integrase técnicos, como que sólo haya tres o cuatro personas", insistió, al tiempo que destacó que lo que existe con el Guadalmedina es "un problema de la trama urbana, que requiere de reflexiones técnicas".
"Es un jurado escasamente cualificado", sentenció. El decano admitió haber recibido el ofrecimiento de alguna entidad para ser su voz dentro del jurado, planteamiento que fue rechazado. "Si tiene que participar el Colegio de Arquitectos tiene que hacerlo por derecho propio", apostilló.
La cuestión fue trasladada a los responsables del Colegio de Ingenieros de Caminos. Francisco Carmona, que es a su vez empleado de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, no fue tan crítico como Vargas. "Hasta cierto punto tiene lógica, porque son los representantes oficiales", dijo Carmona, aunque consideró "razonable" que se hubiese invitado al colegio. Ciedes fija el 10 de febrero como fecha tope para la presentación de los trabajos de los grupos, estando previsto conocer el fallo del jurado el 10 de julio.
Si bien existe una comisión técnica que se encargará de analizar las propuestas presentadas, no lo es menos que será el jurado el que tomará la decisión final. Y la práctica totalidad de sus integrantes son, ante todo, representantes políticos. Las excepciones son dos ingenieros de Caminos, con José Alba, elegido por la Cámara de Comercio, y Violeta Aragón, en nombre de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); y dos arquitectos, Salvador Moreno Peralta, por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, y José Ramón Moreno Pérez, decano de Arquitectura de la Universidad.
En el resto de los casos, se cuenta un sociólogo e ingeniero agrónomo, en la persona de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y presidente del jurado; un pediatra, con el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Diego Maldonado; un ingeniero en Telecomunicaciones, con Felipe Romera, director del PTA; un licenciado en Historia, con Fidel Fernández-Nieto, que representa a la Junta de Andalucía, y los responsables provinciales de los sindicatos CCOO y UGT, Antonio Herrera y Manuel Ferrer, respectivamente. A ellos se suman Enrique Linde, presidente del Puerto, licenciado en Derecho; dos abogados, Elías Bendodo, como presidente de la Diputación, y Jorge Hernández Mollar, como subdelegado del Gobierno.
Esta circunstancia fue criticada por el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, para el que la composición del jurado "reafirmar la idea que teníamos cuando dijimos que no estábamos conformes con las bases del concurso, dada la escasez de profesionales técnicos". "La ciudad pierde una magnífica oportunidad de tomar una decisión cualificada; tan absurdo sería que el jurado sólo lo integrase técnicos, como que sólo haya tres o cuatro personas", insistió, al tiempo que destacó que lo que existe con el Guadalmedina es "un problema de la trama urbana, que requiere de reflexiones técnicas".
"Es un jurado escasamente cualificado", sentenció. El decano admitió haber recibido el ofrecimiento de alguna entidad para ser su voz dentro del jurado, planteamiento que fue rechazado. "Si tiene que participar el Colegio de Arquitectos tiene que hacerlo por derecho propio", apostilló.
La cuestión fue trasladada a los responsables del Colegio de Ingenieros de Caminos. Francisco Carmona, que es a su vez empleado de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, no fue tan crítico como Vargas. "Hasta cierto punto tiene lógica, porque son los representantes oficiales", dijo Carmona, aunque consideró "razonable" que se hubiese invitado al colegio. Ciedes fija el 10 de febrero como fecha tope para la presentación de los trabajos de los grupos, estando previsto conocer el fallo del jurado el 10 de julio.
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