Destaca la dificultad de los técnicos de Conservación al intentar localizar a los propietarios para notificar sanciones u otras órdenes · Admite que de las multas o actuaciones subsidiarias apenas se cobra un 15%
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.04.2012 - 01:00
¿Cómo se ordena la recuperación de un edificio cuando no se halla al propietario? ¿Cómo multar al dueño de un inmueble que incumple su obligación de mantenerlo y lo impulsa a la ruina? Cuestiones que dibujan el día a día de los trabajadores del departamento de Arquitectura y Conservación de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, incapaces de sortear el laberinto administrativo y burocrático que les impide, en la mayoría de los casos, encontrar a los titulares de las construcciones sobre las que actúan, ya sea para exigir el arreglo de un balcón, imponer una multa coercitiva o la limpieza del mismo.
El camino que se inicia desde que se abre un expediente suele toparse casi siempre con la misma dificultad: la búsqueda del propietario. Una maniobra que si para otras muchas intervenciones cotidianas es bien sencilla, en el caso del urbanismo y las edificaciones no lo es tanto. Más aún cuando, según confirman los propios técnicos de este departamento, existen cuasi profesionales capaces de sortear las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento. En especial, cuando de lo que se trata es de cobrarles una sanción o de exigirles el pago de una obra que, de forma subsidiaria, se ve obligado a realizar el Consistorio.
En esos supuestos, dice de forma clara Aurora Zafra, arquitecta de Conservación, "no lo conseguimos casi nunca". Para poder localizar a los titulares, este departamento dispone de dos técnicos que se dedican a "investigar quién es, para lo que utilizan el Catastro y el IBI". A partir de ese momento, se remiten hasta dos cartas informando de la actuación que le afecta; si no se produce respuesta, el último paso es la publicación de la medida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Este proceso es sustancial, puesto que cualquier paso que se salte hace que el procedimiento sea incorrecto.
"La mayoría de las veces tenemos que actuar de forma subsidiaria", dice Zafra, que añade que, por desgracia, "en buena parte de los casos pensando además que no se va a cobrar". La problemática de no identificar o situar a los propietarios afecta, especialmente, a las sanciones que se les imponen o a las ejecuciones que se les exigen por el mal estado de las edificaciones y que, de no ser acometidas de forma voluntaria, son realizadas por el Ayuntamiento, que posteriormente les pasa el coste.
Pero ¿cuál es la realidad? Que en la inmensa mayoría de los casos, el Ayuntamiento no cobra ni las sanciones ni las obras realizadas. "En voluntaria no suele pagar nadie; creo que son porcentajes bajos, de un 15%, aproximadamente", señala el jefe de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente. "Es un laberinto legal el que tenemos para identificar al propietario y ésa es la clave; creo que hacemos todo lo que se puede hacer", indica.
"El procedimiento legal que hay es tan garantista que el que no quiera hacer la orden de ejecución no la hace; hay virtuosos", ironiza Óscar Ortega, uno de los técnicos del departamento, que alude con ello a que hay personas que "para no recoger una carta hace cualquier cosa". "No se puede demonizar a ningún colectivo, pero se ven cosas kafkianas, de gente que ves en calle Larios y que pone su domicilio en América...", añade. Una realidad que apostilla Aurora Zafra: "Sabemos quiénes son y, de antemano, sabemos que con esas personas no vamos a cobrar".
En estas circunstancia, no es extraño que al final la Gerencia requiera de la Policía Local para notificar determinadas acciones a los propietarios que son localizables. "De ese modo no puede negarse a recibir la información, pero eso lo hacemos en casos concretos", explica. Al tiempo, la técnica destaca como la problemática sobre las notificaciones se acrecienta en los últimos meses con los concursos de acreedores, puesto que ello lleva aparejado el abandono de obras, con el riesgo que ello tiene por la instalación, en algunos casos, de grúas de gran tamaño. A lo largo de 2011, según los datos oficiales, fueron del orden de 5.500 los actos administrativos impulsados por el departamento de Arquitectura y Conservación.
Dentro de la amalgama de casos hay algunos cuanto menos curiosos, situaciones que, como admite Pérez de la Fuente, darían para escribir un libro de anécdotas. Una de las demandas realizadas por el Ayuntamiento para tratar de cobrar las obras ejecutadas de forma subsidiaria tiene como destinatario al Gobierno de Francia. "Es la que le hemos hecho a Sarkozy", comenta con una sonrisa Zafra.
La arquitecta explica que se trata de una intervención realizada para tapar un pozo en una finca localizada en el distrito de Ciudad Jardín. "Es una casa que está abandonada y que se ve desde la autovía; era de un francés que vivía allí y por una serie de circunstancias la situación deriva en el Estado francés", precisa. La factura asciende a menos de 1.000 euros pero, a pesar de ello, se remitió al consulado del país galo.
El camino que se inicia desde que se abre un expediente suele toparse casi siempre con la misma dificultad: la búsqueda del propietario. Una maniobra que si para otras muchas intervenciones cotidianas es bien sencilla, en el caso del urbanismo y las edificaciones no lo es tanto. Más aún cuando, según confirman los propios técnicos de este departamento, existen cuasi profesionales capaces de sortear las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento. En especial, cuando de lo que se trata es de cobrarles una sanción o de exigirles el pago de una obra que, de forma subsidiaria, se ve obligado a realizar el Consistorio.
En esos supuestos, dice de forma clara Aurora Zafra, arquitecta de Conservación, "no lo conseguimos casi nunca". Para poder localizar a los titulares, este departamento dispone de dos técnicos que se dedican a "investigar quién es, para lo que utilizan el Catastro y el IBI". A partir de ese momento, se remiten hasta dos cartas informando de la actuación que le afecta; si no se produce respuesta, el último paso es la publicación de la medida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Este proceso es sustancial, puesto que cualquier paso que se salte hace que el procedimiento sea incorrecto.
"La mayoría de las veces tenemos que actuar de forma subsidiaria", dice Zafra, que añade que, por desgracia, "en buena parte de los casos pensando además que no se va a cobrar". La problemática de no identificar o situar a los propietarios afecta, especialmente, a las sanciones que se les imponen o a las ejecuciones que se les exigen por el mal estado de las edificaciones y que, de no ser acometidas de forma voluntaria, son realizadas por el Ayuntamiento, que posteriormente les pasa el coste.
Pero ¿cuál es la realidad? Que en la inmensa mayoría de los casos, el Ayuntamiento no cobra ni las sanciones ni las obras realizadas. "En voluntaria no suele pagar nadie; creo que son porcentajes bajos, de un 15%, aproximadamente", señala el jefe de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente. "Es un laberinto legal el que tenemos para identificar al propietario y ésa es la clave; creo que hacemos todo lo que se puede hacer", indica.
"El procedimiento legal que hay es tan garantista que el que no quiera hacer la orden de ejecución no la hace; hay virtuosos", ironiza Óscar Ortega, uno de los técnicos del departamento, que alude con ello a que hay personas que "para no recoger una carta hace cualquier cosa". "No se puede demonizar a ningún colectivo, pero se ven cosas kafkianas, de gente que ves en calle Larios y que pone su domicilio en América...", añade. Una realidad que apostilla Aurora Zafra: "Sabemos quiénes son y, de antemano, sabemos que con esas personas no vamos a cobrar".
En estas circunstancia, no es extraño que al final la Gerencia requiera de la Policía Local para notificar determinadas acciones a los propietarios que son localizables. "De ese modo no puede negarse a recibir la información, pero eso lo hacemos en casos concretos", explica. Al tiempo, la técnica destaca como la problemática sobre las notificaciones se acrecienta en los últimos meses con los concursos de acreedores, puesto que ello lleva aparejado el abandono de obras, con el riesgo que ello tiene por la instalación, en algunos casos, de grúas de gran tamaño. A lo largo de 2011, según los datos oficiales, fueron del orden de 5.500 los actos administrativos impulsados por el departamento de Arquitectura y Conservación.
Dentro de la amalgama de casos hay algunos cuanto menos curiosos, situaciones que, como admite Pérez de la Fuente, darían para escribir un libro de anécdotas. Una de las demandas realizadas por el Ayuntamiento para tratar de cobrar las obras ejecutadas de forma subsidiaria tiene como destinatario al Gobierno de Francia. "Es la que le hemos hecho a Sarkozy", comenta con una sonrisa Zafra.
La arquitecta explica que se trata de una intervención realizada para tapar un pozo en una finca localizada en el distrito de Ciudad Jardín. "Es una casa que está abandonada y que se ve desde la autovía; era de un francés que vivía allí y por una serie de circunstancias la situación deriva en el Estado francés", precisa. La factura asciende a menos de 1.000 euros pero, a pesar de ello, se remitió al consulado del país galo.
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