Los empresarios, que necesitan dinero por la vía rápida, tratan de que el Gobierno introduzca un añadido en el plan
Imagen de las obras del metro en superficie correspondientes a la avenida Juan XXIII. Arciniega
La iniciativa del Ministerio reconoce las facturas acreditadas pero no las certificaciones de obra, que incluyen hasta el 30% de los pagos pendiente de la Junta con el sector en Málaga.
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Los constructores malagueños, como el resto de sus colegas en toda España, se han encontrado con un obstáculo inesperado a la hora de presentar sus solicitudes de cobro en el plan especial de pago de proveedores concertado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones. El problema (que no afecta el dinero que les deben los ayuntamientos sino al de las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía) ha surgido por cuanto el plan exige a las empresas que acrediten siempre las facturas pendientes de cobro emitidas hasta final de 2011, sin tener en cuenta que muchas de estas operaciones se hicieron en su día únicamente a través de certificaciones de obra.
El tema no es para nada baladí, ya que la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) calcula que de los 170 millones que la Junta de Andalucía adeuda a las empresas del sector en la provincia, entre un 25% y un 30% corresponden a certificaciones de obra, sin factura acreditativa de por medio. Eso, en números reales, significa que entre 40 y 50 millones de euros del dinero pendiente de cobrar por parte del sector no podría ser incluido inicialmente dentro del plan organizado por el Ministerio, cuyo plazo de comunicación por parte de las empresas termina precisamente mañana, día 22 de mayo.
Un dinero que se necesita ya. «Hablamos de un dineral, y lo que queremos todos es que esa deuda pueda también meterse en este plan especial de pago a proveedores, porque de otro modo tendrían que seguir los cauces normales y las empresas lo que necesitan ahora mismo es liquidez, y de forma urgente», señala la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón. Se supone que las empresas adscritas al plan de pago a proveedores comenzarán a cobrar sus deudas a partir del 30 de junio, previa renuncia a conceptos como los intereses de demora. Las deudas que no entren en el plan seguirán de este modo en una incierta espera. Por este motivo, la mayoría de las empresas acreedoras de la Junta han mostrado su interés en acogerse al mismo.
Solicitud al Ministerio. La ACP, a través a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), lleva varias semanas en contacto con el Ministerio para tratar de buscar una solución al asunto, que pasaría por elaborar un añadido al acuerdo 6/2012 alcanzado en su día por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Con esa adenda, se podría establecer un plazo extra en la que incluir la importante deuda correspondiente a certificaciones de obra. La solicitud de la CNC ya ha sido remitida y se está a la espera de una respuesta del Ministerio.
El Gobierno ha elaborado para los planes de proveedores de comunidades y ayuntamientos un mecanismo financiero por valor de 35.000 millones de euros, a través de un crédito sindicado que las administraciones deberán devolver en el plazo de 10 años partir de 2014. La esperanza de los constructores es que, según sus datos, las empresas han presentado de momento facturas en toda España por valor de 27.000 millones de euros. Eso dejaría un margen de 8.000 millones para poder encajar ese añadido que permitiera también presentar la reclamación de deuda correspondiente a certificaciones de obra.
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