Seis años después de la firma del convenio de los antiguos terrenos de Repsol, la parcela sigue hoy sin acoger los rascacielos proyectados · El Ayuntamiento, lejos de cobrar los 82 millones pactados, sólo recibirá suelo
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.05.2012 - 01:00
Sobre la gran torre que se levantaría 160 metros sobre los antiguos suelos de Repsol se podría llegar ver toda la ciudad; sobre sus 40 plantas de edificación, cualquier ciudadano de a pie sentiría el privilegio de encontrarse en el pico más elevado de la urbe, referente del nuevoskyline sobre el que los arquitectos querían asentar la nueva Málaga. Pero este gran rascacielos, acompañado de otros tres inmuebles en altura, no sólo ha ido menguando con el paso de los meses y los años sino que, hoy, cinco años después de que se pusiesen las bases de su desarrollo, sigue siendo nada más que una infografía sobre planos.
Era el culmen del nuevo urbanismo programado por el Ayuntamiento de la ciudad para que Málaga, según palabras del que fuera concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, dejase de ser "pueblerina". Un modelo revolucionario, que transformaba el desarrollo en horizontal por la apuesta en vertical, que en el presente sigue lastrado por la crisis del ladrillo y la imposibilidad de las promotoras privadas a hacer realidad lo materializado en formas de convenios.
Hace dos semanas el equipo de gobierno del PP firmó con los actuales propietarios de la parcela junto al soterramiento del AVE, Novagalicia Banco (que a su vez recibió los suelos de la inmobiliaria Comarex, incapaz de afrontar la financiación recibida) una addenda al acuerdo que, en febrero de 2006, fue rubricado para convertir este terreno en una nueva centralidad de la capital de la Costa del Sol. Aquel documento obligaba al Consistorio a casi triplicar la edificabilidad del suelo, permitiendo la construcción de unas 1.300 viviendas, así como usos comerciales y terciarios, mientras que la parte privada, en aquel entonces Comarex, se comprometía a pagar 82 millones de euros.
Pero lo que se diseñó hace un lustro nada tiene que ver con el momento presente y lo que, la pasada semana, se puso negro sobre blanco en el nuevo convenio. Porque ni Comarex es ya la propietaria, ni Novagalicia Banco tiene la solvencia necesaria para abonar a las arcas municipales los dineros comprometidos. De hecho, de los 82 millones sólo han sido ingresados 12 millones, quedando en aguas de borrajas los plazos fijados para que, de forma continuada, el socio privado pagase lo exigido.
La situación es tal que, tras varios años de negociaciones entre las dos partes, el Ayuntamiento ha acabado por asumir que la entidad bancaria corresponda a su parte del contrato no con dinero contante y sonante, sino con la mayor parte del suelo de la parcela. Según la información oficial, el Consistorio recibe a cambio 83.311,34 unidades de aprovechamiento sin urbanizar, que se une a la cesión al Consistorio del 10% urbanizado, lo que supone las dos terceras partes de los aprovechamientos del sector.
La concreción de dicho aprovechamiento se concretará en parcelas en el proyecto de reparcelación o equidistribución, fijándose un plazo máximo de un mes, desde la entrada en vigor de la adenda del convenio, para que los promotores privados presenten el proyecto de bases y estatutos. A continuación tendrán poner sobre la mesa el proyecto de reparcelación, y el de urbanización, que deberá ser redactado y presentado en el plazo máximo de cuatro meses desde la constitución de la junta de compensación.
Lo ocurrido con las torres de Repsol, que los responsables municipales justifican en el efecto de la crisis económica, de un lado, y el "efecto que la acción gratuita de la Junta de Andalucía" ha tenido sobre la ciudad al retrasar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) es el ejemplo más palmario del desplome de las esperanzas depositadas por el equipo de gobierno del PP en estas operaciones. Con el agravante de que se topa de lleno con la incertidumbre de cuándo podrá materializar el suelo que recibe de manos de Novagalicia Banco en ingresos, más que necesarios en el actual escenario de carestía, y si la venta del mismo le reportará lo que, cinco años atrás previó. Sea como fuere, parece que la parcela en cuestión sí genera el interés de inversores foráneos, que rastrean todo el entorno de la Costa del Sol y parte de Andalucía en la búsqueda de oportunidades inmobiliarias. Málaga Hoy ya informó semanas atrás que grupos saudíes y chinos parecen haber puesto sus ojos sobre este emblemático proyecto.
El de Repsol es el mayor de cuantos convenios ha suscrito el Ayuntamiento en la última década en la idea de hacer del urbanismo su principal vía de ingresos, pero no el primero. Antes que este acuerdo, De la Torre puso la rúbrica a la operación de Sánchez Blanca, en la que permitía a las promotoras, entre las que estaba Prasa, la construcción de más de 3.300 viviendas, un millar más de lo inicialmente contemplado en el planeamiento.
En contraprestación, las firmas iban a abonar 53 millones al Consistorio, de los que aún restan por ingresar más o menos la mitad debido a la incapacidad de las mismas a afrontar el esfuerzo. De hecho, tal obligación no recae hoy sobre los antiguos titulares del suelo, sino sobre una entidad vinculada a Unicaja, que se quedó con el suelo ante el impago de la financiación.
Ni Repsol ni Sánchez Blanca ni, por su puesto, Térmica. De ninguna de estas operaciones pueden presumir hoy los responsables municipales, que dieron luz verde incluso a cobrar lo que resta del acuerdo de Martiricos, fijado con Espacio y Unicaja, en cinco años, culminando el ingreso de parte de lo adeudado (11,3 millones) en 2017. La situación con Endesa, para dar forma a la nueva Acera de la Marina en los antiguos terrenos de la térmica, es más compleja, dada la negativa de ésta a aceptar las condiciones económicas fijadas por el Consistorio, dispuesto a rebajar en hasta 20 millones los 58 inicialmente pactados. La empresa eléctrica llegó a reclamar que la reducción sea del doble.
Era el culmen del nuevo urbanismo programado por el Ayuntamiento de la ciudad para que Málaga, según palabras del que fuera concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, dejase de ser "pueblerina". Un modelo revolucionario, que transformaba el desarrollo en horizontal por la apuesta en vertical, que en el presente sigue lastrado por la crisis del ladrillo y la imposibilidad de las promotoras privadas a hacer realidad lo materializado en formas de convenios.
Hace dos semanas el equipo de gobierno del PP firmó con los actuales propietarios de la parcela junto al soterramiento del AVE, Novagalicia Banco (que a su vez recibió los suelos de la inmobiliaria Comarex, incapaz de afrontar la financiación recibida) una addenda al acuerdo que, en febrero de 2006, fue rubricado para convertir este terreno en una nueva centralidad de la capital de la Costa del Sol. Aquel documento obligaba al Consistorio a casi triplicar la edificabilidad del suelo, permitiendo la construcción de unas 1.300 viviendas, así como usos comerciales y terciarios, mientras que la parte privada, en aquel entonces Comarex, se comprometía a pagar 82 millones de euros.
Pero lo que se diseñó hace un lustro nada tiene que ver con el momento presente y lo que, la pasada semana, se puso negro sobre blanco en el nuevo convenio. Porque ni Comarex es ya la propietaria, ni Novagalicia Banco tiene la solvencia necesaria para abonar a las arcas municipales los dineros comprometidos. De hecho, de los 82 millones sólo han sido ingresados 12 millones, quedando en aguas de borrajas los plazos fijados para que, de forma continuada, el socio privado pagase lo exigido.
La situación es tal que, tras varios años de negociaciones entre las dos partes, el Ayuntamiento ha acabado por asumir que la entidad bancaria corresponda a su parte del contrato no con dinero contante y sonante, sino con la mayor parte del suelo de la parcela. Según la información oficial, el Consistorio recibe a cambio 83.311,34 unidades de aprovechamiento sin urbanizar, que se une a la cesión al Consistorio del 10% urbanizado, lo que supone las dos terceras partes de los aprovechamientos del sector.
La concreción de dicho aprovechamiento se concretará en parcelas en el proyecto de reparcelación o equidistribución, fijándose un plazo máximo de un mes, desde la entrada en vigor de la adenda del convenio, para que los promotores privados presenten el proyecto de bases y estatutos. A continuación tendrán poner sobre la mesa el proyecto de reparcelación, y el de urbanización, que deberá ser redactado y presentado en el plazo máximo de cuatro meses desde la constitución de la junta de compensación.
Lo ocurrido con las torres de Repsol, que los responsables municipales justifican en el efecto de la crisis económica, de un lado, y el "efecto que la acción gratuita de la Junta de Andalucía" ha tenido sobre la ciudad al retrasar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) es el ejemplo más palmario del desplome de las esperanzas depositadas por el equipo de gobierno del PP en estas operaciones. Con el agravante de que se topa de lleno con la incertidumbre de cuándo podrá materializar el suelo que recibe de manos de Novagalicia Banco en ingresos, más que necesarios en el actual escenario de carestía, y si la venta del mismo le reportará lo que, cinco años atrás previó. Sea como fuere, parece que la parcela en cuestión sí genera el interés de inversores foráneos, que rastrean todo el entorno de la Costa del Sol y parte de Andalucía en la búsqueda de oportunidades inmobiliarias. Málaga Hoy ya informó semanas atrás que grupos saudíes y chinos parecen haber puesto sus ojos sobre este emblemático proyecto.
El de Repsol es el mayor de cuantos convenios ha suscrito el Ayuntamiento en la última década en la idea de hacer del urbanismo su principal vía de ingresos, pero no el primero. Antes que este acuerdo, De la Torre puso la rúbrica a la operación de Sánchez Blanca, en la que permitía a las promotoras, entre las que estaba Prasa, la construcción de más de 3.300 viviendas, un millar más de lo inicialmente contemplado en el planeamiento.
En contraprestación, las firmas iban a abonar 53 millones al Consistorio, de los que aún restan por ingresar más o menos la mitad debido a la incapacidad de las mismas a afrontar el esfuerzo. De hecho, tal obligación no recae hoy sobre los antiguos titulares del suelo, sino sobre una entidad vinculada a Unicaja, que se quedó con el suelo ante el impago de la financiación.
Ni Repsol ni Sánchez Blanca ni, por su puesto, Térmica. De ninguna de estas operaciones pueden presumir hoy los responsables municipales, que dieron luz verde incluso a cobrar lo que resta del acuerdo de Martiricos, fijado con Espacio y Unicaja, en cinco años, culminando el ingreso de parte de lo adeudado (11,3 millones) en 2017. La situación con Endesa, para dar forma a la nueva Acera de la Marina en los antiguos terrenos de la térmica, es más compleja, dada la negativa de ésta a aceptar las condiciones económicas fijadas por el Consistorio, dispuesto a rebajar en hasta 20 millones los 58 inicialmente pactados. La empresa eléctrica llegó a reclamar que la reducción sea del doble.
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