Los moradores que están ilegalmente en el edificio se ofrecen a pagar una renta hasta que el juez se pronuncie
Las familias ocupantes han arreglado los pisos, que carecen de luz y agua. :: SALVADOR SALAS
«Un edificio que está cerrado no beneficia a nadie. Nosotros estamos arreglando todos los destrozos que había después de tantos años de abandono y estamos dispuestos a pagar al propietario una cuota asequible y correr con todos los gastos hasta que un juez decida si nos echa o no». Las familias que han ocupado una urbanización de Torremolinos que llevaba vacía desde su construcción hace más de tres años están plenamente convencidas de poder llegar a algún tipo de acuerdo con la promotora para frenar su salida, hasta el punto de que cuentan con el asesoramiento de un abogado con experiencia en ocupaciones; todo ello, mientras la propietaria del inmueble ya ha presentado la pertinente denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad, donde están a la espera de que un juez dé la orden para proceder al desalojo. La promotora, Inversiones Primer de Torremolinos, se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde 2010 y actualmente está en negociaciones con una entidad financiera para intentar saldar la deuda con la entrega del conjunto residencial, formado por 29 pisos de entre uno y tres dormitorios, garaje y recinto cerrado con piscina.
Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos reaccionó ayer a la información adelantada por SUR mediante un comunicado en el que muestra su «preocupación» por la situación creada en la zona norte de La Colina, aunque dejando bien claro que «carece de competencias para protagonizar alguna actuación concreta». En este sentido, advierte de que «la solución será más difícil cuanto más se prolongue la referida ocupación», que «constituye un atentado contra la propiedad privada y nuestro Estado de Derecho».
Mientras tanto, los ocupantes mantienen que no hacen «daño a nadie». «No somos delincuentes, solo padres de familia que se encuentran en la calle por no poder pagar la hipoteca o el alquiler de sus casas», afirma Sebastián Vargas, que se ha erigido en portavoz de los nuevos inquilinos de este complejo residencial en el que desde hace un mes moran sin luz ni agua cerca de 90 personas, entre ellas 30 menores, el más pequeño de apenas cuatro meses. La mayoría son miembros de un mismo clan asentado en Arroyo de la Miel, aunque también hay parejas de Torremolinos.
Pese a reconocer que su actuación no es la más correcta, en su defensa insisten en que las circunstancias les han llevado a dar este paso. «Da mucha rabia e impotencia ver cómo te echan de tu casa; he estado once años pagando la hipoteca, pero después de seis años tirando con chapuzas llega un momento que es imposible salir adelante», reconoce Sebastián, que tiene tres hijos y dos nietos a su cargo. Prácticamente la misma historia se repite en cada uno de los pisos ocupados. «Hoy somos nosotros, pero el día de mañana le puede pasar a cualquiera», afirma Rosario, que vive con sus hijas y nietos en un apartamento de dos habitaciones.
En el otro extremo de la calle, los vecinos de esta nueva barriada asisten con una mezcla de preocupación, incredulidad y sorpresa. «No entiendo cómo se permite todo esto», se quejaba un residente «que sí que paga su casa con mucho esfuerzo».
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