El Gobierno andaluz insiste en sacar liquidez a los locales entregados por el Ayuntamiento para saldar parte de la deuda, pese a que la primera subasta quedó desiertaLa Junta cambia el procedimiento y se deshará de las oficinas mediante una enajenación directa
10.05.2012 -
Las oficinas, hasta hace unos meses sede de la delegación municipal de Urbanismo, están en pleno centro de Marbella. :: JOSELE-LANZA
La Junta de Andalucía insiste en obtener dinero contante y sonante de la antigua sede de la Delegación Municipal de Urbano, antaño cuartel general del presunto cerebro de 'Malaya', que el Consistorio marbellí entregó como pago de parte de la deuda de cien millones de euros que el Ayuntamiento arrastra desde 2006 con el Gobierno autonómico. El acuerdo alcanzado entre ambas administraciones valoraba en 4,92 millones de euros el inmueble. Esa fue la cantidad que se rebajó del débito municipal y la misma que ahora la Junta quiere recuperar.
La Dirección General de Patrimonio sacó a subasta el inmueble en enero pasado. Dividido en ocho lotes: tres locales y cinco garajes, con precios mínimos de entre 34.000 euros y 2,3 millones de euros, la operación no despertó el interés de los compradores y la subasta quedó desierta. Ahora, el Gobierno andaluz ha optado por la enajenación directa, o lo que es lo mismo, el primero que llegue con el dinero bajo el brazo se lo queda.
El Consejo de Gobierno acordó el pasado 24 de abril el cambio en el procedimiento de venta, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado martes. Un paso previo necesario al tratarse de un bien patrimonio de la comunidad autónoma. «El artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza establece que la enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta salvo cuando el Consejo de Gobierno disponga otra cosa, si existen razones objetivas justificadas», según se explica. En este caso, el Gobierno andaluz argumenta la inexistencia de ofertas en la subasta previa.
Según informaron a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda, las condiciones en las que se oferta el inmueble son las mismas que se fijaron para la subasta, con lo que los posibles interesados no encontrarán ahora ninguna rebaja en los precios mínimos de salida.
La decisión del Ejecutivo andaluz de vender las dependencias de la antigua sede de Urbanismo da al traste con la petición realizada en su día por el Ayuntamiento para que estas oficinas tuvieran un uso público. La alcaldesa Ángeles Muñoz había instado a que pudieran convertirse en un centro de salud que, además de atender la demanda cuidadana, revitalizara la zona.
Lo que hasta ahora ha sido un equipamiento público unitario, la Junta decidió venderlo de forma desmenuzada. En concreto, en dos locales que suman mil metros cuadrados, un sótano de 750 metros cuadrados y cinco plazas de garaje. Lo sacó a subasta en ocho lotes individuales para intentar obtener mayores ingresos. La venta se dividió en: una oficina en planta baja con un precio mínimo de 2,32 millones de euros; otro local en planta baja, por 1,38 millones de euros de partida; un local de planta semisótano, por 1,03 millones de euros de salida; y cinco plazas de garaje que salieron a subasta de manera independiente por un precio mínimo de 34.045 euros cada una. Al no ser admisibles ofertas a la baja y no incluírse los impuestos que gravan la transmisión de los inmuebles, el Gobierno andaluz pretendía garantizarse unos ingresos de al menos 4,92 millones de euros por la venta total, casi la misma cantidad en que rebajó al Ayuntamiento del débito.
Hasta el momento, la operación no ha obtenido el éxito deseado. La situación económica actual tampoco ayuda a la hora de encontrar un comprador dispuesto a un desembolso parecido, si bien la ubicación del inmueble, en plena avenida Ricardo Soriano, se convierte en uno de los principales atractivos de la operación.
La historia de estos locales, estigmatizados por los escándalos, suma ahora un nuevo capítulo. Su devenir desde que pasaron a manos municipales en 1991 bajo el mandato de Jesús Gil, ha estado marcado por una causa judicial, por un embargo por impagos y por los registros policiales en el arranque del 'caso Malaya'.
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