Un informe de la UMA revela que en tres años se iniciaron 320.000 casas, tres de los 10 países que más invertían en la Costa eran paraísos fiscales y España concentraba el 50% del hachís incautado en el mundo
ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 20.05.2012 - 01:00
El juez Miguel Ángel Torres que investigó los casos Malaya y La Parrada contra la corrupción político urbanística en la Costa del Sol afirmaba en 2009, ya desde su retiro en un discreto juzgado penal de Granada, que estos asuntos no habían salido antes a la luz no porque no se pudieran investigar, sino "porque a nadie le interesaba que salieran". Desde que Torres, en octubre 2005 ordenó detener al ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, por presunto cobro de sobornos en un descomunal pelotazourbanístico ha llovido mucho. En 2006 él mismo acordó la detención de los exalcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, en el caso Malaya.
En 2007 fue arrestado el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón en la operación Troya, y al año siguiente, en Astapa, el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. Después cayeron el alcalde de Alcaucín; José Manuel Martín Alba, el de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva; el ex regidor de Ronda Antonio María Marín Lara y ahora el ex alcalde de Casares Juan Sánchez.
En este abanico hay mucha diversidad: afecta a municipios grandes y pequeños, de la Costa y del interior y salpica a todas las formaciones políticas. Sin embargo, existe un único denominador común: el negocio inmobiliario y la política urbanística. En 2008 cuando parte de estas investigaciones ya estaban en curso el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, José Luis Díez Ripollés, y la criminóloga Alejandra Gómez-Céspedes firmaban un artículo en el que partían de la hipótesis de que la corrupción se asienta en un territorio porque encuentra un caldo de cultivo favorecedor. Aludían a las oportunidades de negocio que ofrece la actividad inmobiliaria, la presencia de actividades de delincuencia organizada, la llegada de capitales de dudosa procedencia, la insuficiencia financiera de los ayuntamientos y la existencia de una importante población extranjera flotante.
Málaga reúne estas condiciones. Entre 1999 y 2003 fue la provincia española en la que se inició la construcción de más viviendas de todo el territorio español: 324.666 frente a las 198.651 de Madrid, de acuerdo con los datos que manejaron los autores del informe. En 2006 el 10% de las detenciones que tuvieron lugar en la Costa del Sol y su entorno (litoral de Cádiz y Granada) estaba relacionado con el tráfico de drogas, cuando la media nacional era del 6%. Y ese mismo año España concentraba el 40% de las incautaciones de cocaína de toda Europa y el 50% del hachís decomisado en todo el mundo (459.267 kilogramos). Ripollés y Gómez-Céspedes subrayaban que los sectores de rápido crecimiento, como el inmobiliario, "atraen fácilmente cuantiosos capitales extranjeros que escapan, muchas veces, a la Justicia o al fisco de sus países de origen" y se convierten en oportunidades para "intentar colocar o blanquear dinero sucio proveniente del narcotráfico o de cualquier otra actividad delictiva grave".
Los investigadores hallan otro dato específico de Andalucía: entre los diez principales países inversores en la comunidad, tres son paraísos fiscales. Se trata de Luxemburgo (en primer lugar), Gibraltar (quinto puesto) y las Antillas Holandesas (noveno), mientras que entre los diez emisores de inversiones en el conjunto de España sólo aparece Luxemburgo y en sexta posición. Los académicos admiten que la corrupción urbanística "ha arraigado como fenómeno social", alimentado por una "actitud de tolerancia" y hasta de condescendencia por parte de los poderes públicos muchas veces cegados por los beneficios económicos del corto plazo, que ha impedido ver los daños a largo. No obstante, reconocen también que tras la muerte de un niño y un adulto sorprendidos durante un tiroteo nunca aclarado en 2004 en Marbella se designaron fiscales anticorrupción en Málaga y otros puntos calientes del Mediterráneo. Seguidamente surgieron los planes de ordenación territorial de Andalucía y se reforzó el control sobre la disciplina urbanística y empezaron a producirse condenas por delitos contra la ordenación del territorio.
Pero, ¿ha sido suficiente? José Luis Díez Ripollés cree que todavía es difícil determinar si los medios que ha levantado la Administración para luchar contra la corrupción son suficientes en gran medida porque la crisis económica no permite ver el escenario con claridad. En cambio, sí tiene una opinión positiva de los resultados que se empiezan a cosechar en el ámbito de la acción judicial penal. Ahora bien, aún desde esa perspectiva optimista advierte con cierta preocupación la disparidad de interpretaciones jurídicas que los diferentes tribunales están dando a la corrupción. "Hay sentencias muy diversas, con absoluciones y condenas que debemos analizar más despacio", agrega.
De lo que no tiene ninguna duda el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga es en el desánimo que siembra en los operadores judiciales la generosa política de indultos que han aplicado los sucesivos gobiernos con la conocida como delincuencia de cuello blanco. Observa que se perdonan "con demasiada frecuencia" las condenas a los políticos, banqueros o empresarios con estas decisiones gubernamentales que sólo necesitan un informe de los tribunales que ni siquiera es vinculante. "Genera desánimo en los policías, fiscales y jueces que afrontan procesos de investigación complejos, con mucha presión mediática y de pronto un día descubren que todo ha concluido con un indulto del Ejecutivo".
El argumento general es que se trata de individuos plenamente reinsertados en la sociedad, aplicando criterios de resocialización propios de la delincuencia común, lo que conduce a transmitir un mensaje de que políticos y empresarios son intocables y, de ser tocados, acaban indultados.
En 2007 fue arrestado el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón en la operación Troya, y al año siguiente, en Astapa, el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. Después cayeron el alcalde de Alcaucín; José Manuel Martín Alba, el de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva; el ex regidor de Ronda Antonio María Marín Lara y ahora el ex alcalde de Casares Juan Sánchez.
En este abanico hay mucha diversidad: afecta a municipios grandes y pequeños, de la Costa y del interior y salpica a todas las formaciones políticas. Sin embargo, existe un único denominador común: el negocio inmobiliario y la política urbanística. En 2008 cuando parte de estas investigaciones ya estaban en curso el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, José Luis Díez Ripollés, y la criminóloga Alejandra Gómez-Céspedes firmaban un artículo en el que partían de la hipótesis de que la corrupción se asienta en un territorio porque encuentra un caldo de cultivo favorecedor. Aludían a las oportunidades de negocio que ofrece la actividad inmobiliaria, la presencia de actividades de delincuencia organizada, la llegada de capitales de dudosa procedencia, la insuficiencia financiera de los ayuntamientos y la existencia de una importante población extranjera flotante.
Málaga reúne estas condiciones. Entre 1999 y 2003 fue la provincia española en la que se inició la construcción de más viviendas de todo el territorio español: 324.666 frente a las 198.651 de Madrid, de acuerdo con los datos que manejaron los autores del informe. En 2006 el 10% de las detenciones que tuvieron lugar en la Costa del Sol y su entorno (litoral de Cádiz y Granada) estaba relacionado con el tráfico de drogas, cuando la media nacional era del 6%. Y ese mismo año España concentraba el 40% de las incautaciones de cocaína de toda Europa y el 50% del hachís decomisado en todo el mundo (459.267 kilogramos). Ripollés y Gómez-Céspedes subrayaban que los sectores de rápido crecimiento, como el inmobiliario, "atraen fácilmente cuantiosos capitales extranjeros que escapan, muchas veces, a la Justicia o al fisco de sus países de origen" y se convierten en oportunidades para "intentar colocar o blanquear dinero sucio proveniente del narcotráfico o de cualquier otra actividad delictiva grave".
Los investigadores hallan otro dato específico de Andalucía: entre los diez principales países inversores en la comunidad, tres son paraísos fiscales. Se trata de Luxemburgo (en primer lugar), Gibraltar (quinto puesto) y las Antillas Holandesas (noveno), mientras que entre los diez emisores de inversiones en el conjunto de España sólo aparece Luxemburgo y en sexta posición. Los académicos admiten que la corrupción urbanística "ha arraigado como fenómeno social", alimentado por una "actitud de tolerancia" y hasta de condescendencia por parte de los poderes públicos muchas veces cegados por los beneficios económicos del corto plazo, que ha impedido ver los daños a largo. No obstante, reconocen también que tras la muerte de un niño y un adulto sorprendidos durante un tiroteo nunca aclarado en 2004 en Marbella se designaron fiscales anticorrupción en Málaga y otros puntos calientes del Mediterráneo. Seguidamente surgieron los planes de ordenación territorial de Andalucía y se reforzó el control sobre la disciplina urbanística y empezaron a producirse condenas por delitos contra la ordenación del territorio.
Pero, ¿ha sido suficiente? José Luis Díez Ripollés cree que todavía es difícil determinar si los medios que ha levantado la Administración para luchar contra la corrupción son suficientes en gran medida porque la crisis económica no permite ver el escenario con claridad. En cambio, sí tiene una opinión positiva de los resultados que se empiezan a cosechar en el ámbito de la acción judicial penal. Ahora bien, aún desde esa perspectiva optimista advierte con cierta preocupación la disparidad de interpretaciones jurídicas que los diferentes tribunales están dando a la corrupción. "Hay sentencias muy diversas, con absoluciones y condenas que debemos analizar más despacio", agrega.
De lo que no tiene ninguna duda el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga es en el desánimo que siembra en los operadores judiciales la generosa política de indultos que han aplicado los sucesivos gobiernos con la conocida como delincuencia de cuello blanco. Observa que se perdonan "con demasiada frecuencia" las condenas a los políticos, banqueros o empresarios con estas decisiones gubernamentales que sólo necesitan un informe de los tribunales que ni siquiera es vinculante. "Genera desánimo en los policías, fiscales y jueces que afrontan procesos de investigación complejos, con mucha presión mediática y de pronto un día descubren que todo ha concluido con un indulto del Ejecutivo".
El argumento general es que se trata de individuos plenamente reinsertados en la sociedad, aplicando criterios de resocialización propios de la delincuencia común, lo que conduce a transmitir un mensaje de que políticos y empresarios son intocables y, de ser tocados, acaban indultados.
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