Un informe avala el argumento de Endesa para romper el acuerdo por el que debe pagar 58 millones de euros al Ayuntamiento
Recreación virtual del proyecto que el PGOU prevé para los terrenos de la antigua Térmica. :: SUR
En la tramitación del proyecto residencial, hotelero y de oficinas para la zona de La Térmica, al que está asociado un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento debería cobrar 58 millones de euros en total, el equipo de gobierno municipal se ha encontrado con una desagradable sorpresa. Y es que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha emitido un informe vinculante en el que obliga a desligar del proyecto una franja de terrenos afectada por el deslinde del dominio público marítimo-terrestre que está en fase de tramitación para esa fachada del litoral oeste desde 2010. Precisamente, el hecho de tener que retirar ese suelo del reparto de derechos urbanísticos del sector -cosa que el Consistorio siempre ha rechazado- es en lo que Endesa ha basado hasta ahora su petición de romper el convenio, por el que ya debería haber ingresado 40,6 millones de euros en las arcas municipales.
La comisión plenaria de Ordenación del Territorio celebrada ayer aprobó de urgencia un informe jurídico en el que se propone transmitir a Costas una reclamación para hacerle ver que no lleva razón en este planteamiento. En el informe se sostiene que este organismo del Ministerio de Medio Ambiente nunca advirtió cuestión alguna sobre este particular en sus pronunciamientos sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en el que está recogido el proyecto de La Térmica, que su postura incumple lo establecido en la propia Ley de Costas y que sobre un sector colindante, el de Torre del Río, recayó una sentencia judicial que avala la tesis del Ayuntamiento.
El equipo de gobierno confía en que Costas tome en consideración su alegación ya que, en caso contrario, acudirá a la vía judicial de lo contencioso-administrativo, lo que podría paralizar o demorar durante años la tramitación del planeamiento para la zona, un expediente que el Consistorio ha impulsado de oficio, en contra de la voluntad de Endesa, para poder exigirle el pago de los 58 millones de euros que, en total, debería aportar a la ciudad en virtud del convenio que firmó en 2008.
Contradicción
El gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo, reconoció que existe una contradicción entre lo que ahora indica Costas y lo que informó sobre el PGOU. «La ley no dice que porque exista un deslinde en tramitación se tenga que parar el planeamiento, indica que no se puede construir en la franja afectada, y nosotros la hemos dejado sin edificabilidad alguna, como zona verde o libre, que luego podrá ser dominio público porque forma parte de la superficie que los privados tienen que ceder gratuitamente al Ayuntamiento, que luego la pasaría a Costas», explicó.
El pronunciamiento de Costas ha caído como un jarro de agua fría en Urbanismo después de que una sentencia judicial avalara el pasado mes de junio la postura del equipo de gobierno y señalara que Endesa no tiene motivo alguno para exigir la revocación del convenio, ya que el sector ha sido aprobado en el PGOU tal y como quedó pactado. Javier Gutiérrez reconoció que «aunque Costas no le da la razón a Endesa, sí dice algo que le conviene para su tesitura y no nos conviene a nosotros para la nuestra». A su juicio, no es de recibo que el ministerio cometa el mismo error que con el sector de Torre del Río.
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