El edificio pasará a ser propiedad municipal el próximo 25 de septiembre
S. S. / MÁLAGA | ACTUALIZADO 20.09.2012 - 01:00
El delegado de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldonado, trató ayer de clarificar las no pocas dudas existentes en torno al futuro de la antigua prisión de Málaga que, previsiblemente, pasará definitivamente a ser propiedad de la ciudad el próximo día 25. El responsable de Urbanismo, ante las preguntas de los grupos de la oposición personados ayer en la Comisión municipal, aclaró que estas instalaciones "tendrá uso ciudadano y público", y apuntó que, en el momento presente, no hay ninguna propuesta de dar cabida un equipamiento de carácter privado, como semanas atrás comentó el alcalde, Francisco de la Torre, en alusión a una posible universidad privada.
Al tiempo, quiso aclarar que la decisión adoptada por parte del organismo que dirige es mantener en pie la edificación. "No será demolida", comentó, aunque sí será sometida a trabajos de rehabilitación. Otro detalle aportado fue que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo están analizando incluir la antigua prisión en el catálogo de edificaciones protegidas de la ciudad, si bien está aún analizándose el grado de salvaguarda que se dará a la misma.
De otro lado, en el debate de la comisión el PSOE reclamó al equipo de gobierno que inste al Gobierno central a mantener vivo el proyecto de soterramiento del puerto, iniciativa presentada en abril de 2010 por los entonces responsables de Adif, sin que a día de hoy haya previsión alguna de impulsarla por la ausencia de financiación. La portavoz socialista, María Gámez, aprovechó para preguntar sobre el realojo de las 36 familias afectadas por la demolición del antiguo edificio de pescadores, a lo que Maldonado señaló que las mismas están hoy asentadas en viviendas de alquiler, en su mayoría cerca del inmueble derruido. Asimismo, informó de que el planeamiento diseñado para la zona, incluye la futura construcción de 87 viviendas de protección oficial (VPO), parte de las cuales serán destinadas a estos vecinos, y 189 pisos de renta libre.
Al tiempo, quiso aclarar que la decisión adoptada por parte del organismo que dirige es mantener en pie la edificación. "No será demolida", comentó, aunque sí será sometida a trabajos de rehabilitación. Otro detalle aportado fue que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo están analizando incluir la antigua prisión en el catálogo de edificaciones protegidas de la ciudad, si bien está aún analizándose el grado de salvaguarda que se dará a la misma.
De otro lado, en el debate de la comisión el PSOE reclamó al equipo de gobierno que inste al Gobierno central a mantener vivo el proyecto de soterramiento del puerto, iniciativa presentada en abril de 2010 por los entonces responsables de Adif, sin que a día de hoy haya previsión alguna de impulsarla por la ausencia de financiación. La portavoz socialista, María Gámez, aprovechó para preguntar sobre el realojo de las 36 familias afectadas por la demolición del antiguo edificio de pescadores, a lo que Maldonado señaló que las mismas están hoy asentadas en viviendas de alquiler, en su mayoría cerca del inmueble derruido. Asimismo, informó de que el planeamiento diseñado para la zona, incluye la futura construcción de 87 viviendas de protección oficial (VPO), parte de las cuales serán destinadas a estos vecinos, y 189 pisos de renta libre.
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