Los afectados, al igual que los centenares de empresas proveedoras, solo recibirían el 45% del dinero que la promotora les adeuda
Una deuda de casi 500 millones de euros, unos cinco mil acreedores que no saben si algún día recuperarán el dinero invertido y un juzgado desbordado con más de 600 concursos de acreedores que tiene pendientes de resolución. Ésta es la tarjeta de presentación de Aifos, muy lejos de la de aquel grupo inmobiliario que se subió a la ola del 'boom' del ladrillo convirtiéndose en la primera promotora de la provincia con más de 80 urbanizaciones en todo el Mediterráneo y con delegaciones internacionales en Londres, Dublín o Munich; pero que vio truncado su meteórico ascenso a raíz de la imputación de su propietario, Jesús Ruiz Casado, en el 'caso Malaya'. Luego, la crisis la hizo entrar en barrena hasta estamparse en julio de 2009 con la mayor suspensión de pagos de una firma andaluza. Tres años después, el futuro de la entidad se presenta tan imprevisible como el de las empresas proveedoras que siguen sin cobrar y al millar de familias que destinaron sus ahorros a la compra de unas viviendas que jamás han recibido. El proceso concursal permanece atascado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, uno de los más saturados del país, y ahí seguirá al menos un año más hasta que se resuelvan la totalidad de las cerca de 800 incidencias presentadas por acreedores y la propia empresa contra el informe provisional de los administradores concursales emitido en febrero de 2010. De momento, aún hay doscientas pendientes.
Mientras tanto, Aifos ha movido ficha para alcanzar un convenio con los acreedores que ponga fin al proceso judicial y garantice el mantenimiento de su actividad empresarial, aunque a cambio de que los afectados renuncien a buena parte del dinero que se les debe. Según la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico, el planteamiento puesto sobre la mesa a los compradores de viviendas y a las empresas proveedoras establece que solo recuperarían el 45% de su dinero, que además empezarían a percibir dentro de una década en seis pagos anuales.
Pocas alternativas
La otra alternativa sería probablemente la liquidación de la sociedad y destinar el dinero que se consiguiera con la venta de todos sus bienes a saldar la deuda con los acreedores, que irían cobrando en orden de prioridad hasta donde llegue el último céntimo. Un horizonte que dejaría a estos afectados con no demasiadas posibilidades de recuperar su dinero, ya que por delante tendrían a entidades financieras (con algunas ya se han cerrado acuerdos bilaterales que han permitido reducir la deuda inicial de cerca de 900 millones y terminar varias promociones que se quedaron a medias), además de Hacienda, Seguridad Social y trabajadores, a los que se les propone el cobro íntegro a partir del sexto año de vigencia del convenio.
Para que el acuerdo pueda ser ratificado en el juzgado se requiere un mínimo del 50% de adhesiones. Fuentes de la compañía afirman que han conseguido contactar con la mitad de los cinco mil acreedores (aseguran que el resto no da señales de vida), con un grado de aceptación que rondaría el 60%. En este punto, la incógnita está en si, llegado el caso, en el cómputo general se tendrían en cuenta a esos 2.500 afectados supuestamente desaparecidos, algo que tendrían que dilucidar el juez y los administradores concursales. «La situación económica actual es la que es y no vamos a mentir a los acreedores prometiéndoles que lo van a percibir todo», reconocen desde la entidad, a la par que remarcan «la firme voluntad de cumplir los acuerdos que se firmen y pagar a todos los proveedores».
Ante la previsión de que, en caso de liquidación de Aifos, la mayoría de quienes compraron un piso se quedarían sin casa y sin dinero, el abogado Carlos Cómitre, que representa a una treintena de afectados, ha planteado a la entidad y a las administración concursal la posibilidad de que los afectados se conviertan en accionistas de la empresa por igual importe al que renuncien en el convenio. «La quita es normal dentro de un proceso concursal, así que lo que proponemos es que, si desde la entidad se defiende la viabilidad de la misma, ¿qué mejor que hacer partícipes a los afectados de ese devenir favorable? Al menos, estas miles de familias tendrían alguna posibilidad de recuperar todo su dinero», argumenta el letrado.
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