El nuevo decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno paraliza los planes de construcción en el litoral y refuerza la protección costera
Estepona es uno de los municipios afectados por la paralización del desarrollo urbanístico en el litoral. La Opinión
Quedan eximidos Málaga, Marbella y Fuengirola, que tienen su planeamiento urbanístico adaptado al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)
MIGUEL FERRARY Once municipios del litoral malagueño verán paralizados sus desarrollos
urbanísticos durante dos años con idea de proteger la costa de la provincia del exceso de construcción. Esta es la primera consecuencia, que además es de aplicación inmediata, del decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene el objetivo de reforzar la protección del litoral y compensar la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central.
El decreto-ley establece una paralización cautelar de dos años para los planes urbanísticos de los municipios del litoral que no están adaptados al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Esto deja en el aire los proyectos de construcción de once municipios malagueños: Algarrobo, Benalmádena, Casares, Estepona, Manilva, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Vélez Málaga.
Sólo quedan exentos de esta medida los municipios de Málaga, Fuengirola y Marbella, que al tener sus planes urbanísticos adaptados al POTA no se ven afectados por el nuevo decreto-ley de la Junta, ya que sus proyectos están ajustados a los límites establecidos por la Administración autonómica.
Los planes urbanísticos que ahora entran en suspenso serán revisados en el plazo de seis meses, que es el tiempo que se marca la Junta de Andalucía para tener elaborado el Plan de Protección del Litoral. A partir de ese momento, se reactivarán aquellos proyectos urbanísticos que se ajusten a los requisitos de protección de la franja costera que establece el POTA. De esta forma, y durante los dos años que se contemplan para la aprobación definitiva del Plan de Protección del Litoral, se mantendrá la paralización cautelar sólo en los terrenos incluidos de forma expresa en este documento.
El objetivo es evitar que el proyecto de reforma de la Ley de Costas del Gobierno central, aprobada hace mes y medio, y la falta de adaptación de los planes urbanísticos al POTA sirvan de excusas para que se produzca un exceso de construcción mientras se elabora el nuevo Plan de Protección del Litoral.
El futuro documento de protección de la franja costera será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómicas.
Uno de los objetivos planteados en este plan será asegurar que los planes municipales de construcción se ajusten a los límites establecidos en el POTA, con un crecimiento máximo de un 30% en la población y en un 40% del territorio disponible.
Crítica de los urbanizadores. El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, pidió «sentido común» a las administraciones para proteger el litoral y apuntó que «la casa se queda sin barrer tras leyes y leyes solapadas». Arranz aseguró que «siempre han abogado por poner sentido común en la protección del litoral y que haya reglas iguales para todos».
La organización Ecologistas en Acción calificó de «muy buena noticia» la aprobación del decreto-ley porque «planeamientos de hace 20 años no pueden ser intocables». «Nos parece que algunas de nuestras peticiones se pueden empezar a escuchar», apuntó su portavoz, Lola Yllescas.
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