Fomento alude a la existencia de 39 casos en la provincia de familias en riesgo de exclusión social en los que se puede acudir a la expropiación del uso de la casa por un periodo de tres años
SEBASTIÁN SÁNCHEZ MÁLAGA | ACTUALIZADO 11.04.2013 - 01:00
La Junta de Andalucía desveló ayer que el nuevo decreto por la función social de la vivienda, con el que se quiere presionar a las entidades bancarias e inmobiliarias para evitar el fenómeno de los desahucios, podría aplicarse sobre alrededor de 50.000 inmuebles en la provincia de Málaga. Así lo dieron a conocer los delegados del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y de Fomento, Manuel García, que indicaron que de las entorno a 110.000 casas que se estima hay vacías en este territorio, el 50% está en manos de entidades financieras y otras sociedades.
Unas construcciones que, de acuerdo con la medida adoptada por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado martes, habrían de ser puestas en el mercado de alquiler para dar respuesta a las necesidades habitacionales que hoy en día presentan al menos 7.600 ciudadanos, de acuerdo con los registros municipales de demandantes de pisos a precios asequibles en régimen de arrendamiento.
Para lograr el objetivo marcado en esta normativa, de aplicación en el momento en que sea publicada, la Administración regional prevé fijar incentivos y sanciones de hasta 9.000 euros con los que obligar a los propietarios de estos inmuebles a sacarlos al mercado de alquiler. Una senda de la que quedan excluidas las casas de segunda residencia, las de carácter turístico y las de particulares.
No obstante, el aspecto que más polémica despierta del decreto autonómico, al que se oponen de forma categórica los promotores, es el de la expropiación durante tres años de inmuebles vacíos. Una acción drástica contemplada exclusivamente para los supuestos en los que existan familias amenazadas con órdenes de desahucios y en riesgo de exclusión social. Precisamente, según García, en este momento hay al menos 39 familias que cumplen los requisitos marcados en el documento para acudir a la expropiación del uso del inmueble por un periodo de tres años.
"Son los casos en los que de manera inmediata podríamos acudir a la vía de expropiación", explicó el delegado de Fomento, que apuntó que esta cifra es resultado del análisis de las actuaciones de las oficinas antidesahucios creadas por la Junta en Málaga en los últimos meses. Dependencias por las que han pasado, para realizar las consultas pertinentes, 476 personas hasta finales del pasado mes de marzo. Y que han iniciado medidas de "protección" sobre las 39 personas antes mencionadas. "Se trata de gente que o tiene ya el lanzamiento realizado o está pendiente del mismo; se trata de usar el decreto para ir a la expropiación", añadió. Asimismo, se han registrado 323 casos de intermediación con los bancos y entidades financieras con resultados satisfactorios. De hecho, se han logrado 54 daciones en pago o consecuciones de alquiler social; dos paralizaciones de subastas, o un 100% de éxito en las negociaciones sobre avalistas.
¿Cómo se aplica la norma el supuesto de la expropiación? García detalló que la iniciativa marca que la Administración regional tiene la potestad de enajenar la vivienda por un periodo de tres años, a un valor del 2% del justiprecio que se fije para la finca. Según la media empleada, este porcentaje se puede traducir en 1.000 euros mensuales en forma de arrendamiento, de los que el inquilino que se beneficie de la medida tendrá que aportar hasta un máximo del 25% de su capacidad de ingresos.
Interpelado por el rechazo generado entre empresarios y entidades financieras, el delegado admitió la capacidad de estos actores de recurrir el decreto, pero subrayó la "obligación de la Junta de defender el interés general". "Los más de 3.000 desahucios ocurridos el año pasado en Málaga son un motivo suficiente para actuar en este sentido", indicó.
El decreto, además, marca la necesidad de realizar un registro detallado de las viviendas vacías en la provincia, al tiempo que de inspeccionar este parque inmobiliario para conocer su estado. Se da la circunstancia de que aquellas viviendas de protección oficial que tengan en su poder los bancos tras asumir su propiedad por la incapacidad de las promotoras de avanzar en su venta habrán de ser incorporadas a los registros de demandantes, para que sea con este instrumento con el que se proceda a su adjudicación en régimen de alquiler. "Hay un giro completo a la hora de considerar la vivienda no como una mercancía, sino como un derecho", apuntó Ruiz Espejo.
Unas construcciones que, de acuerdo con la medida adoptada por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado martes, habrían de ser puestas en el mercado de alquiler para dar respuesta a las necesidades habitacionales que hoy en día presentan al menos 7.600 ciudadanos, de acuerdo con los registros municipales de demandantes de pisos a precios asequibles en régimen de arrendamiento.
Para lograr el objetivo marcado en esta normativa, de aplicación en el momento en que sea publicada, la Administración regional prevé fijar incentivos y sanciones de hasta 9.000 euros con los que obligar a los propietarios de estos inmuebles a sacarlos al mercado de alquiler. Una senda de la que quedan excluidas las casas de segunda residencia, las de carácter turístico y las de particulares.
No obstante, el aspecto que más polémica despierta del decreto autonómico, al que se oponen de forma categórica los promotores, es el de la expropiación durante tres años de inmuebles vacíos. Una acción drástica contemplada exclusivamente para los supuestos en los que existan familias amenazadas con órdenes de desahucios y en riesgo de exclusión social. Precisamente, según García, en este momento hay al menos 39 familias que cumplen los requisitos marcados en el documento para acudir a la expropiación del uso del inmueble por un periodo de tres años.
"Son los casos en los que de manera inmediata podríamos acudir a la vía de expropiación", explicó el delegado de Fomento, que apuntó que esta cifra es resultado del análisis de las actuaciones de las oficinas antidesahucios creadas por la Junta en Málaga en los últimos meses. Dependencias por las que han pasado, para realizar las consultas pertinentes, 476 personas hasta finales del pasado mes de marzo. Y que han iniciado medidas de "protección" sobre las 39 personas antes mencionadas. "Se trata de gente que o tiene ya el lanzamiento realizado o está pendiente del mismo; se trata de usar el decreto para ir a la expropiación", añadió. Asimismo, se han registrado 323 casos de intermediación con los bancos y entidades financieras con resultados satisfactorios. De hecho, se han logrado 54 daciones en pago o consecuciones de alquiler social; dos paralizaciones de subastas, o un 100% de éxito en las negociaciones sobre avalistas.
¿Cómo se aplica la norma el supuesto de la expropiación? García detalló que la iniciativa marca que la Administración regional tiene la potestad de enajenar la vivienda por un periodo de tres años, a un valor del 2% del justiprecio que se fije para la finca. Según la media empleada, este porcentaje se puede traducir en 1.000 euros mensuales en forma de arrendamiento, de los que el inquilino que se beneficie de la medida tendrá que aportar hasta un máximo del 25% de su capacidad de ingresos.
Interpelado por el rechazo generado entre empresarios y entidades financieras, el delegado admitió la capacidad de estos actores de recurrir el decreto, pero subrayó la "obligación de la Junta de defender el interés general". "Los más de 3.000 desahucios ocurridos el año pasado en Málaga son un motivo suficiente para actuar en este sentido", indicó.
El decreto, además, marca la necesidad de realizar un registro detallado de las viviendas vacías en la provincia, al tiempo que de inspeccionar este parque inmobiliario para conocer su estado. Se da la circunstancia de que aquellas viviendas de protección oficial que tengan en su poder los bancos tras asumir su propiedad por la incapacidad de las promotoras de avanzar en su venta habrán de ser incorporadas a los registros de demandantes, para que sea con este instrumento con el que se proceda a su adjudicación en régimen de alquiler. "Hay un giro completo a la hora de considerar la vivienda no como una mercancía, sino como un derecho", apuntó Ruiz Espejo.
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