El decreto de vivienda, que entra hoy en vigor, excluirá durante seis años de la construcción pública andaluza a las entidades que no pongan sus casas en alquiler. También se incluyen multas de hasta 9.000 euros. Las familias beneficiadas tendrán que dedicar una cuarta parte de sus ingresos a contribuir al pago del justiprecio - PSOE e IU se comprometen a trasladar la norma al resto de parlamentos autonómicos del país
12.04.2013 | 05:00
LUCAS MARTÍN Después de tres días de intenso debate y no poca especulación, la Junta destapó ayer el contenido íntegro de su nuevo decreto de vivienda, una norma que, con su sistema de sanciones y estímulos, ha conseguido en tiempo récord situar al gobierno andaluz en la diana nacional de la política. El texto, que plantea límites a los lanzamientos hipotecarios y castiga el uso ocioso de la propiedad, apareció en el BOJA acompañada de novedades que a buen seguro coparán la discusión con la que la medida, que entra hoy en vigor, se estrenará en el corpus jurídico.
Si el adelanto de las sanciones previstas para los bancos y promotores con viviendas deshabitadas había enfurecido al sector inmobiliario, los castigos accesorios no parecen que vayan a frenar la ira del ladrillo: la ley, firmada en su letra oficial por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, establece además un serie de fórmulas adicionales de presión que supondrá en la práctica la expulsión de la obra pública andaluza de todas aquellas empresas que se nieguen a poner en alquiler sus pisos vacíos.
La Junta, a través del decreto, que fija multas de 9.000 euros por este motivo, tipificado de infracción muy grave, impedirá a las promotoras que incumplan la norma, participar en las promociones de VPO y el resto de proyectos de construcción impulsados por la autonomía, ya sea por mantener las propiedades sin uso o por descuidar su mantenimiento; la inhabilitación prevista en este sentido es de 6 años para el primer supuesto y de 3 para el segundo.
La amenaza del bipartito se impregna además de un espíritu de articulación que no permite pensar en un simple desafío; el Gobierno Andaluz peinará la región en busca de viviendas desocupadas –quedan excluidas las de particulares y las segundas residencias–. Además, confeccionará un registro de pisos vacíos y pondrá en pie en menos de un mes un plan de inspección cuya misión es detectar posibles anomalías.
El debate sobre las sanciones no ha dejado, sin embargo, en la opacidad lo que la Junta considera el núcleo de su programa normativo de vivienda: la posibilidad de suspender la amenaza de desahucio mediante expropiaciones de uso, un atajo legal que a la postre permitirá a las familias de economías más endebles sortear el lanzamiento hipotecario y permanecer en sus casas durante un plazo 3 años. Para ello, tendrán que cumplir con una serie de requisitos entre los que figura el endeudamiento sobrevenido, un nivel de ingresos que ningún caso superará los 1.600 euros al mes y la multiplicación del peso de la carga hipotecaria por al menos un 1,5, hasta el punto de que la cobertura del préstamo suponga más de un tercio de la renta mensual de la familia.
El recurso de la expropiación, como señala la ley, comporta, no obstante, el abono del llamado justiprecio por parte de la Junta a los propietarios; en este sentido, las familias que se beneficien de la medida estarán obligadas a dedicar una cuarta parte del total de sus ingresos a colaborar con el pago regular de la indemnización.
Para acogerse a la expropiación, tendrán prioridad además las familias que cuenten con menores a su cargo, al igual que personas dependientes, discapacitados, víctimas de la violencia machista y desempleados que hayan agotado sus prestaciones.
La novedad de todas estas medidas, a las que se añade un programa de incentivos para animar a los propietarios particulares a alquilar sus viviendas, con garantías de abono de la renta y seguros por desperfectos incluidos, ha hecho que la discursión acerca del decreto rebase el entarimado del Parlamento Andaluz y sus foros de debate contiguos. En las últimas horas, además de reacciones críticas, también se han producido acercamientos al enfoque normativo de la Junta. Por supuesto, desde las filas de IU y del PSOE –Diego Valderas animó ayer a Cayo Lara a trasladar la idea a todos los parlamentos del país, mientras que el PSOE ha anunciado que aplicará la misma filosofía en sus distintas enmiendas–, pero al mismo tiempo de comunidades como Canarias, que ya se plantea emular al bipartito con una propuesta similar contra los desahucios.
El concepto de autoría, en lo que se refiere a las medidas contra los desalojos, es bastante difuso para el PP. Al menos, en los puntos en los que se valúa la originalidad de la propuesta de la Junta. Los populares, que el pasado martes ya consideraron buena parte del decreto como una «copia mala» de las iniciativas de Rajoy, volvieron ayer a la carga con el mismo argumento, acusando, incluso, al Gobierno Andaluz de «subirse al carro» de las reformas sociales puestas en marcha en Madrid. El PP acusa a la Junta a propósito de la norma de gobernar a golpe de palabrería y de titular, aunque también muchos miembros del partido, entre ellos Ana Mato, se alinean con las observaciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que reclaman un marco nacional para este tipo de iniciativas y apuntan la necesidad de estudiar a fondo la legalidad de la propuesta andaluza.
Precisamente algunos altos cargos la justicia se pronunciaron ayer sobre el asidero legal de la norma aprobada por la Junta. Entre ellos, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien dijo observar la tramitación del decreto «con interés y prudencia». «En principio es positivo todo aquello que busque soluciones», señaló. Una opinión en sintonía con la expresada por su colega Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, quien destacó el interés social que subyace a la norma y al mismo tiempo recordó la necesidad de encajar con el resto de la ley.
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