A los 34 millones que el TSJA obliga a pagar por una zona verde se suman otras reclamaciones millonarias por expropiaciones Baensa espera 20 millones por no poder construir en El Carmen
S. SÁNCHEZ MÁLAGA | ACTUALIZADO 07.04.2013 - 01:00
No hay previsión económica en la Gerencia de Urbanismo que no haya saltado por los aires en los últimos años. La espada de Damocles en forma de demandas económicas millonarias se cierne sobre la sede que ocupa este organismo en la zona de El Bulto. El ente, referente histórico de las mayores inversiones acometidas en la ciudad en décadas pasadas, se asoma ahora encorsetado ante la existencia de pleitos judiciales que hacen tambalear sus previsiones económicas, con fallos parciales que le obligan a abonar unos 54 millones de euros (a los que sumar exigecias en la vía judicial por, como poco, otros casi 90 millones) y la incapacidad de sacar lustre a los convenios que antaño se firmaban como la gallina de los huevos de oro.
Aunque formalmente se camufla la preocupación entre los responsables municipales, la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) ocupa y mucho en la Casona del Parque. El fallo judicial, recurrido ya mediante un procedimiento de casación ante el Tribunal Supremo, obliga al Consistorio a abonar a un propietario privado algo más de 34 millones de euros (a los que sumar los intereses acumulados) por la expropiación de un terreno destinado a zona verde que fue adquirido en 2007 por 3,6 millones. La empresa que lo compró, Parque Málaga, vio la oportunidad de hacer negocio.
El hecho, publicado por este periódico el pasado miércoles, constata la incapacidad municipal de obtener los poco más de 20.000 metros cuadrados de esta parcela, localizada a espaldas del Colegio El Monte, en el plazo legalmente fijado para ello. Algo que hubiese permitido que la indemnización a abonar hubiese sido muy inferior a la finalmente fijada por el Alto Tribunal andaluz.
El principal interrogante se sitúa ahora en si lo ocurrido con este sistema local servirá de precedente para otras reclamaciones de compensaciones millonarias aún pendientes de fallo judicial. Sirva como referente que sólo en tres de las demandas de expropiación (algunas fuentes hablan de que aún están por fallar unos 15 casos más) realizadas por privados, con suelos situadas en las cercanías del Monte Gibralfaro, a la Gerencia de Urbanismo, se reclaman al ente municipal del orden de 70 millones de euros, cuantía muy alejada del valor que otorgaba a esos suelos el propio Ayuntamiento.
No es éste el único escenario en el que se juegan los dineros municipales. Muestra de ello es que sigue activa la doble reclamación que el Grupo Baensa hace al Consistorio por impedirle desarrollar un proyecto residencial junto al mercado de El Carmen y por no haber satisfecho los denominados gastos impropios en el plan de los antiguos cines Astoria y Victoria. Ambas iniciativas suman demandas valoradas en 30 millones.
La particularidad del caso es que la primera de ellas, estimada en 20 millones, tiene de momento un primer aval judicial. Así lo dictaminó un juzgado de la capital, que apoyó la tesis de la empresa, que responsabilizaba al Ayuntamiento por no haber podido ejecutar una promoción de 230 viviendas en este espacio. ¿Por qué? Según Baensa, porque el Consistorio incumplió el compromisode trasladar el mercado de El Carmen a finales de 2007, paso que no formalizó hasta octubre de 2011.
En el caso del Astoria, la firma privada presentó semanas atrás una reclamación judicial, valorada en unos 10 millones de euros en compensación por los gastos derivados de los proyectos, trámites, licencias y demás costes vinculados a la idea original de ejecutar pisos de lujo en la parcela, desechada por el equipo de gobierno en su intención de destinar la pastilla a uso cultural. Frente al planteamiento de la promotora, Urbanismo apenas reconoce una indemnización de 300.000 euros y ello después de que el propio regidor admitiese públicamente, el día en que firmó la compra del inmueble, la intención de la Corporación de abonar a la empresa entre cinco y seis millones.
El rocambolesco caso del Astoria incrementa su presencia tras conocer que el alcalde acepta como única vía para dar uso a esta parcela, que supuso el desembolso de unos 20 millones de dinero público, el requerir la colaboración de un socio privado que demuela la edificación actual para levantar una nueva de la que sólo tendrá uso público una superficie de 1.200 metros cuadrados, que se destinarán a la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso. El resto del continente se entregará a la empresa explotadora para que instale usos, previsiblemente comerciales, con los que recuperar la inversión que realice. Es decir, el Ayuntamiento dispondrá en este inmueble del mismo espacio que se comprometió a cederle Baensa en su proyecto residencial, con la clara diferencia de que por medio se han gastado 20 millones de euros.
La quiebra de los números de Urbanismo se agranda con la sangría de los convenios urbanísticos rubricados al albur del nuevo plan general, vigente desde agosto de 2011. Los acuerdos proyectados sobre los antiguos suelos de Repsol y sobre la parcela de La Térmica pasaron de ilusionar con la previsión de ingreso de 140 millones de euros a ser un dinero invisible en las arcas municipales. Si en la parcela que albergó los depósitos de Repsol el Consistorio se tuvo que contenar con recibir apenas 12 millones en metálico de los 82 millones pactados, recibiendo la cuantía restante en especie, es decir, en aprovechamientos para edificar en ese mismo sector, en los últimos suelos del litoral de poniente los hechos apuntan en la misma dirección.
Casi cinco años después de que los responsables municipales sellasen con su firma el pacto de La Térmica con Nueva Marina Real Estate, filial de Endesa, en la Casona del Parque se sigue sin ver un solo euro de lo apalabrado. Y ello a pesar de que al menos 40,6 millones de los 58 consignados tendrían que estar desde hace casi dos años en la caja fuerte. La incapacidad de la empresa a afrontar sus obligaciones ha derivado estos días en una senda de traba continua, al punto de haberse declarado en concurso voluntario de acreedores. El monopoly urbanístico de Málaga capital, sensiblemente estancado por la crisis, se ve agravado en lo que al Ayuntamiento atañe. Los números se quiebran en la Gerencia de Urbanismo.
Aunque formalmente se camufla la preocupación entre los responsables municipales, la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) ocupa y mucho en la Casona del Parque. El fallo judicial, recurrido ya mediante un procedimiento de casación ante el Tribunal Supremo, obliga al Consistorio a abonar a un propietario privado algo más de 34 millones de euros (a los que sumar los intereses acumulados) por la expropiación de un terreno destinado a zona verde que fue adquirido en 2007 por 3,6 millones. La empresa que lo compró, Parque Málaga, vio la oportunidad de hacer negocio.
El hecho, publicado por este periódico el pasado miércoles, constata la incapacidad municipal de obtener los poco más de 20.000 metros cuadrados de esta parcela, localizada a espaldas del Colegio El Monte, en el plazo legalmente fijado para ello. Algo que hubiese permitido que la indemnización a abonar hubiese sido muy inferior a la finalmente fijada por el Alto Tribunal andaluz.
El principal interrogante se sitúa ahora en si lo ocurrido con este sistema local servirá de precedente para otras reclamaciones de compensaciones millonarias aún pendientes de fallo judicial. Sirva como referente que sólo en tres de las demandas de expropiación (algunas fuentes hablan de que aún están por fallar unos 15 casos más) realizadas por privados, con suelos situadas en las cercanías del Monte Gibralfaro, a la Gerencia de Urbanismo, se reclaman al ente municipal del orden de 70 millones de euros, cuantía muy alejada del valor que otorgaba a esos suelos el propio Ayuntamiento.
No es éste el único escenario en el que se juegan los dineros municipales. Muestra de ello es que sigue activa la doble reclamación que el Grupo Baensa hace al Consistorio por impedirle desarrollar un proyecto residencial junto al mercado de El Carmen y por no haber satisfecho los denominados gastos impropios en el plan de los antiguos cines Astoria y Victoria. Ambas iniciativas suman demandas valoradas en 30 millones.
La particularidad del caso es que la primera de ellas, estimada en 20 millones, tiene de momento un primer aval judicial. Así lo dictaminó un juzgado de la capital, que apoyó la tesis de la empresa, que responsabilizaba al Ayuntamiento por no haber podido ejecutar una promoción de 230 viviendas en este espacio. ¿Por qué? Según Baensa, porque el Consistorio incumplió el compromisode trasladar el mercado de El Carmen a finales de 2007, paso que no formalizó hasta octubre de 2011.
En el caso del Astoria, la firma privada presentó semanas atrás una reclamación judicial, valorada en unos 10 millones de euros en compensación por los gastos derivados de los proyectos, trámites, licencias y demás costes vinculados a la idea original de ejecutar pisos de lujo en la parcela, desechada por el equipo de gobierno en su intención de destinar la pastilla a uso cultural. Frente al planteamiento de la promotora, Urbanismo apenas reconoce una indemnización de 300.000 euros y ello después de que el propio regidor admitiese públicamente, el día en que firmó la compra del inmueble, la intención de la Corporación de abonar a la empresa entre cinco y seis millones.
El rocambolesco caso del Astoria incrementa su presencia tras conocer que el alcalde acepta como única vía para dar uso a esta parcela, que supuso el desembolso de unos 20 millones de dinero público, el requerir la colaboración de un socio privado que demuela la edificación actual para levantar una nueva de la que sólo tendrá uso público una superficie de 1.200 metros cuadrados, que se destinarán a la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso. El resto del continente se entregará a la empresa explotadora para que instale usos, previsiblemente comerciales, con los que recuperar la inversión que realice. Es decir, el Ayuntamiento dispondrá en este inmueble del mismo espacio que se comprometió a cederle Baensa en su proyecto residencial, con la clara diferencia de que por medio se han gastado 20 millones de euros.
La quiebra de los números de Urbanismo se agranda con la sangría de los convenios urbanísticos rubricados al albur del nuevo plan general, vigente desde agosto de 2011. Los acuerdos proyectados sobre los antiguos suelos de Repsol y sobre la parcela de La Térmica pasaron de ilusionar con la previsión de ingreso de 140 millones de euros a ser un dinero invisible en las arcas municipales. Si en la parcela que albergó los depósitos de Repsol el Consistorio se tuvo que contenar con recibir apenas 12 millones en metálico de los 82 millones pactados, recibiendo la cuantía restante en especie, es decir, en aprovechamientos para edificar en ese mismo sector, en los últimos suelos del litoral de poniente los hechos apuntan en la misma dirección.
Casi cinco años después de que los responsables municipales sellasen con su firma el pacto de La Térmica con Nueva Marina Real Estate, filial de Endesa, en la Casona del Parque se sigue sin ver un solo euro de lo apalabrado. Y ello a pesar de que al menos 40,6 millones de los 58 consignados tendrían que estar desde hace casi dos años en la caja fuerte. La incapacidad de la empresa a afrontar sus obligaciones ha derivado estos días en una senda de traba continua, al punto de haberse declarado en concurso voluntario de acreedores. El monopoly urbanístico de Málaga capital, sensiblemente estancado por la crisis, se ve agravado en lo que al Ayuntamiento atañe. Los números se quiebran en la Gerencia de Urbanismo.
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