El TSJA multiplica por diez el valor fijado por el Ayuntamiento y avala parcialmente las tesis de la propiedad, que exigió 68 millones El Consistorio recurre al Tribunal Supremo
SEBASTIÁN SÁNCHEZ MÁLAGA | ACTUALIZADO 03.04.2013 - 01:00
Una reciente sentencia hace tambalear las delicadas cuentas del Ayuntamiento de Málaga. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba fallar en contra de los intereses de la Gerencia de Urbanismo y obliga a este departamento a pagar 34,6 millones de euros por la expropiación de una parcela de 21.881 metros cuadrados en la falda del monte Gibralfaro, en la parte trasera del Colegio El Monte, calificada como zona verde.
El documento, al que tuvo acceso este periódico, fechado el pasado 28 de enero, estima parcialmente los argumentos de la empresa propietaria, que reclamó en 2007 al Consistorio la enajenación del terreno, por el que pagó ese mismo año 3,6 millones a la congregación religiosa que gestiona el centro educativo . La reacción del equipo de gobierno del PP no se ha hecho esperar y, según informó el delegado de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado, ya se ha formulado el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Si bien el fallo del Alto Tribunal andaluz no cubre plenamente las aspiraciones de la propietaria, Parque Málaga S. A., que llegó a pedir 68 millones, sí se aproxima mucho más a sus deseos que a los expresados por el Ayuntamiento, que rebajó el valor de la indemnización a 3,2 millones de euros. En la información consultada por este periódico aparece como administrador único de esta sociedad Sukhwani Gangaram Bhagwan, ligado, además, a otras 17 sociedades, la mayoría de ellas vinculadas con la promoción inmobiliaria.
Es decir, que tras los recursos judiciales de una y otra parte, el TSJA estima que el valor de la parcela multiplica por diez lo que hace ahora un año planteó el Consejo de Urbanismo. A pesar de tratarse de una pastilla calificada como sistema dotacional de espacios libres, las partes involucradas en el contencioso admiten que se trata de un suelo urbano consolidado, lo que repercute en su valor de mercado.
Para calibrar el peso del fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, Sección Segunda, sirva de referencia que los 34,6 millones antes citados son 12 millones más que la partida de la que dispone Urbanismo este año para inversiones, y apenas 13 menos de lo que tiene todo el Ayuntamiento para ese concepto.
La determinación judicial avala parcialmente el recurso presentado por Parque Málaga contra la resolución del Ayuntamiento de 22 de enero de 2008 por la que desestimó la petición de la propietaria para que se ejecutase la expropiación del suelo. Sin embargo, la sentencia ampara la petición de la empresa, al argumentar que en el caso analizado "han transcurrido más de cuatro años desde la publicación del PGOU de Málaga", en este caso de 1997. "Dicho incumplimiento del Plan constituye el presupuesto legal que permite a los propietarios afectados hacer valer sus derechos económicos, instando a la iniciación del procedimiento expropiatorio", añade el texto.
Este procedimiento, precisa, tiene la "particularidad" de ser iniciado de forma automática cuando se dan los plazos previstos, "con independencia, e incluso en contra, de la voluntad del Ayuntamiento respecto de la potestad expropiatoria, del futuro destino de los terrenos o de su eventual inclusión o adscripción a una unidad de ejecución". Incluso, la Sala descarta la alegación del Ayuntamiento por el que denuncia "un enriquecimiento injusto" por parte de la propietaria "dada la enorme diferencia entre el precio que pagó por los terrenos" y el justiprecio alcanzado finalmente.
Este caso fue objeto de poca polémica hace un lustro, cuando se supo de la existencia de varios propietarios privados que estaban reclamando decenas de millones de euros al Ayuntamiento por la expropiación de terrenos en el entorno de Gibralfaro. Y la sentencia ahora conocida falla, precisamente, en relación a uno de los conflictos que acabaron en la vía judicial. La duda es si el TSJA se ha pronunciado ya sobre el resto de pleitos y, en caso contrario, si lo ocurrido con este suelo en la trasera del Colegio El Monte puede marcar un camino a seguir.
Otra muestra de la envergadura del problema que tiene ante sí Urbanismo es que la cuantía multiplica casi por tres los 12 millones que, según diversas sentencias del TSJA emitidas en 2012, ha de asumir el departamento municipal en el pago de hasta once expropiaciones por la sobrevaloración de los terrenos y los intereses de demora acumulados en operaciones que, en algunos de los casos, se remontan a 1993. Entre ellos destaca la enajenación de una finca de una pastilla de Cortijo de Ferias adquirida en 1997 y por la que, tras fallo judicial, el Consistorio tiene que desembolsar 5,3 millones de euros más sobre el precio en el que los técnicos municipales tasaron la indemnización.
El documento, al que tuvo acceso este periódico, fechado el pasado 28 de enero, estima parcialmente los argumentos de la empresa propietaria, que reclamó en 2007 al Consistorio la enajenación del terreno, por el que pagó ese mismo año 3,6 millones a la congregación religiosa que gestiona el centro educativo . La reacción del equipo de gobierno del PP no se ha hecho esperar y, según informó el delegado de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado, ya se ha formulado el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Si bien el fallo del Alto Tribunal andaluz no cubre plenamente las aspiraciones de la propietaria, Parque Málaga S. A., que llegó a pedir 68 millones, sí se aproxima mucho más a sus deseos que a los expresados por el Ayuntamiento, que rebajó el valor de la indemnización a 3,2 millones de euros. En la información consultada por este periódico aparece como administrador único de esta sociedad Sukhwani Gangaram Bhagwan, ligado, además, a otras 17 sociedades, la mayoría de ellas vinculadas con la promoción inmobiliaria.
Es decir, que tras los recursos judiciales de una y otra parte, el TSJA estima que el valor de la parcela multiplica por diez lo que hace ahora un año planteó el Consejo de Urbanismo. A pesar de tratarse de una pastilla calificada como sistema dotacional de espacios libres, las partes involucradas en el contencioso admiten que se trata de un suelo urbano consolidado, lo que repercute en su valor de mercado.
Para calibrar el peso del fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, Sección Segunda, sirva de referencia que los 34,6 millones antes citados son 12 millones más que la partida de la que dispone Urbanismo este año para inversiones, y apenas 13 menos de lo que tiene todo el Ayuntamiento para ese concepto.
La determinación judicial avala parcialmente el recurso presentado por Parque Málaga contra la resolución del Ayuntamiento de 22 de enero de 2008 por la que desestimó la petición de la propietaria para que se ejecutase la expropiación del suelo. Sin embargo, la sentencia ampara la petición de la empresa, al argumentar que en el caso analizado "han transcurrido más de cuatro años desde la publicación del PGOU de Málaga", en este caso de 1997. "Dicho incumplimiento del Plan constituye el presupuesto legal que permite a los propietarios afectados hacer valer sus derechos económicos, instando a la iniciación del procedimiento expropiatorio", añade el texto.
Este procedimiento, precisa, tiene la "particularidad" de ser iniciado de forma automática cuando se dan los plazos previstos, "con independencia, e incluso en contra, de la voluntad del Ayuntamiento respecto de la potestad expropiatoria, del futuro destino de los terrenos o de su eventual inclusión o adscripción a una unidad de ejecución". Incluso, la Sala descarta la alegación del Ayuntamiento por el que denuncia "un enriquecimiento injusto" por parte de la propietaria "dada la enorme diferencia entre el precio que pagó por los terrenos" y el justiprecio alcanzado finalmente.
Este caso fue objeto de poca polémica hace un lustro, cuando se supo de la existencia de varios propietarios privados que estaban reclamando decenas de millones de euros al Ayuntamiento por la expropiación de terrenos en el entorno de Gibralfaro. Y la sentencia ahora conocida falla, precisamente, en relación a uno de los conflictos que acabaron en la vía judicial. La duda es si el TSJA se ha pronunciado ya sobre el resto de pleitos y, en caso contrario, si lo ocurrido con este suelo en la trasera del Colegio El Monte puede marcar un camino a seguir.
Otra muestra de la envergadura del problema que tiene ante sí Urbanismo es que la cuantía multiplica casi por tres los 12 millones que, según diversas sentencias del TSJA emitidas en 2012, ha de asumir el departamento municipal en el pago de hasta once expropiaciones por la sobrevaloración de los terrenos y los intereses de demora acumulados en operaciones que, en algunos de los casos, se remontan a 1993. Entre ellos destaca la enajenación de una finca de una pastilla de Cortijo de Ferias adquirida en 1997 y por la que, tras fallo judicial, el Consistorio tiene que desembolsar 5,3 millones de euros más sobre el precio en el que los técnicos municipales tasaron la indemnización.
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