Desde junio, para alquilar o vender, el dueño necesitará un certificado que clasificará el inmueble según su eficiencia
12.05.2013 | 05:00
Una vivienda que cuente con la categoría más alta de eficiencia energética consume cerca de un 90 por ciento menos de energía que una que reciba la por calificación. Al menos así lo afirma la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos y así lo confirman desde las empresas certificadoras, las que se encargarán de poner nota a los inmuebles malagueños que tengan aspiraciones de encontrar un nuevo dueño o arrendatario. Una ley que será de caracter obligatorio a partir de junio, según las previsiones que maneja el Gobierno..
Qué es el certificado
Es un informe que analiza la eficiencia energética de una vivienda. Esta se calcula en función de la energía que necesita consumir en situaciones normales de funcionamiento y equipación. Es decir, cuánto se gasta en iluminación, ventilación o calefacción, por ejemplo, pero solo en teoría, lo que se necesitaría para vivir de forma confortable. Obtener el certificado dará derecho, durante diez años, a usar una etiqueta que clasificará el inmueble desde la letra A –la más eficiente– a la G –la menos–. El grado de eficiencia no excluirá a viviendas del mercado, pero sí podrá condicionar la opinión del comprador o del potencial arrendatario, que puede optar por un hogar que requiera de menos desembolso en energía. A mayor eficiencia, menos gasto en facturas.
Empresas que lo otorgan
Pueden otorgar el certificado de eficiencia energética arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros industriales, que reciben una formación específica por parte del Gobierno.
Quién debe tenerlo
Los propietarios de inmuebles destinados a la venta o al alquiler que se prolonge más de cuatro meses deberán ponerlo a disposición de los compradores o usuarios de esas viviendas. Quedan exentos de la obligatoriedad de obtener certificación los monumentos protegidos, los lugares de culto, las construcciones provisionales si su plazo de uso no excede de dos años, los edificios industriales, de defensa o agrícolas, aquellos que tengan una superficie inferior a 50 metros cuadrados y los destinados a ser utilizados menos de cuatro meses al año o cuyo consumo energético previsto sea inferior al 25 por ciento de los que resultaría si se utilizase todo en un año.
Desde cuándo
El Real Decreto entró en vigor el 13 de abril y la presentación del certificado será obligatoria, al menos en teoría, desde el 1 de junio para formalizar contratos de compraventa o alquiler.
Coste
Las cifras que ofrece el sector son dispares porque aún no está clarificado. Algunas fuentes hablan de 200 euros y otras elevan la suma a 400 e incluso 600 euros. Eso es lo que cobraría la empresa certificadora. Falta saber también el coste de la inscripción en el registro.
Obligaciones del propietario
Debe presentar el certificado en el registro que se creará en cada comunidad, aunque el dueño de la vivienda se quedará con el documento.
También a la comunidad le compete inspeccionar para ver si la obligación de certificar energéticamente los inmuebles se cumple. El mínimo de sanciones por no disponer de certificado supera los 3.000 euros.
Recomendaciones
Junto al certificado, el propietario recibirá una serie de «recomendaciones» por parte del certificador para mejorar la eficiencia energética de la vivienda: qué obras se pueden hacer y el coste aproximado que supondrían. Dichas «reformas» no son obligatorias pero pueden evitar el aumento de algunos recibos, según indicó el gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Fernando Pastor.
Colocar doble ventana o revestir la fachada para evitar que se pierda el frío o calor son algunas de las reformas posibles que a la larga, se amortizan en la factura energética.
Una ley que incentiva las reformas
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga aplauden esta nueva normativa que viene impuesta por la Unión Europea. El gerente del colegio, Fernando Pastor, se muestra de acuerdo con el certificado de eficiencia energética y asegura que la primera consecuencia que tendrá será la rehabilitación de numerosos edificios. «Es cierto que esto no es de carácter obligatorio, ya que si te quedas en el término medio no pasa nada. El problema está en si la vivienda está por debajo; entonces se encarecen los recibos», resume. Los gastos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la contribución aumentarán, según Pastor, si la vivienda en sí no tiene un buen uso energético. Es por ello que muchos propietarios preferirán llevar a cabo las reformas necesarias para mejorar el etiquetado del inmueble para que los recibos no se vean afectados. Reformas referentes al revestimiento por parte de los fabricantes de pinturas, con la que consiguen la impermeabilización, son algunas de las que se tomarán para obtener una categoría más alta. Aun así, Pastor advierte que muchas viviendas no podrán mejorar mucho más su estado debido a la antigüedad de la vivienda. Una medida que incentiva las reformas pero supone una gran desconocida ante la ciudadanía, según afirma el propio gerente. Para ello, y con motivo de las jornadas de formación que cada año ofrece el Colegio de Administradores de Fincas en mayo, el viernes dedicaron el día a explicar la nueva ley.
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