Marbella exige que se corte la luz y el agua de una promoción ilegal para evitar su ocupación (La Opinión)

Las viviendas, situadas en San Pedro Alcántara, forman parte del conjunto de inmuebles que queda fuera de ordenación en el nuevo PGOU
Continúan las dificultades para encauzar la realidad urbanística tras los desmanes cometidos desde hace años por anteriores corporaciones. El Ayuntamiento ha enviado sendos requerimientos a las compañías de agua y electricidad para que no faciliten el suministro a una promoción de San Pedro Alcántara y así evitar su ocupación, puesto que es una construcción ilegal.Se trata de una urbanización promovida por Jardines de la Costa, propiedad del empresario José María Enríquez, en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su presunta implicación en la operación `Malaya´. Está formada por 61 viviendas de lujo en primera línea de playa. Sin embargo, se trata de una de las muchas edificaciones irregulares que se construyeron en Marbella al amparo del inexistente Plan General de Ordenación Urbana de 1998. De hecho, según el planeamiento vigente, el de 1986, las casas se levantan sobre un suelo clasificado como sistema general y reservado para la creación de una zona verde. Además, se da la circunstancia de que el futuro PGOU, que fue aprobado inicialmente el pasado jueves, mantiene la misma clasificación, con lo que la promoción de Jardines de la Costa es una de la 14 edificaciones irregulares que no serán normalizadas en el nuevo Plan, ni siquiera través de la política de compensaciones diseñada por la Junta de AndalucíaNo obstante, hay que destacar que los requerimientos remitidos por la delegación de Urbanismo se producen tras recibir una orden del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga, que deja sin efecto la paralización de las obras decretada en marzo pasado por la gestora por un defecto de forma, con lo que la promotora retomó los trabajos, aunque la mayoría de las viviendas de la promoción ya están vendidas. El grupo municipal socialista exigirá en el próximo pleno ordinario que se revise esta licencia al considerar que la consolidación de la urbanización "supondría una legalización de facto y grave perjuicio para los sampedreños", según el concejal Antonio Martín.