El Ayuntamiento de Marbella pasa página y no revisará más licencias ilegales (SUR)

Considera que anular los convenios y permisos urbanísticos otorgados durante los años del GIL podría causar perjuicios patrimoniales al Ayuntamiento La oposición acusa al PP de «mirar para otro lado y huir de la legalidad»

Borrón y cuenta nueva. El Ayuntamiento de Marbella no revisará más licencias y convenios urbanísticos ilegales aprobados durante los años del GIL.Según la memoria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante la gestión de Jesús Gil y sus sucesores, el Ayuntamiento aprobó 995 licencias que no se ajustaban a la legalidad. Durante la etapa de la gestora, el Ayuntamiento inició un proceso de revisión de estos permisos, así como de los convenios lesivos para los intereses municipales firmados durante esos años. Llegó a iniciarse la revisión de 170 de esas licencias, pero ahora el equipo de gobierno ha decidido fijar un punto final y pasar página.La concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, argumentó en el pleno municipal celebrado ayer que la revisión de las licencias puede ser lesiva para los intereses municipales, ya que en su opinión pueden dar lugar a reclamaciones patrimoniales, y que la anulación de los permisos no es más que un medio por el que se puede llegar a la demolición de las viviendas construidas.MociónCon estos argumentos, el grupo popular rechazó una moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba la revisión de todas las licencias y acuerdos urbanísticos «que infringen los principios de legalidad y de planificación dictados en los 15 años de la era Gil».En contraposición, los concejales del PP propusieron dos enmiendas, que salieron adelante con sus votos, en las que recordaban los argumentos esgrimidos en su día por la gestora para pedir que se aplazaran cuatro sentencias de demolición hasta tanto se aprobara el nuevo PGOU. Según Echeverría, no se puede iniciar las revisiones de mil licencias porque el futuro PGOU «puede normalizar muchas de esas construcciones».En su opinión, la propuesta del PSOE plantea «un trabajo que no conduce a nada y genera un incremento de los perjuicios económicos del Ayuntamiento por las indemnizaciones a las que hay que hacer frente para que luego no se ejecute».Desde las filas socialistas, el argumento es el contrario. El concejal Javier de Luis aseguró que sólo con la revisión de las licencias se puede conseguir que el coste de la normalización de las viviendas ilegales no recaiga sobre los compradores de buena fe, sino sobre los políticos y técnicos que dieron las licencias. Además, según De Luis, sólo de esa manera el Ayuntamiento podría imponer sanciones a los infractores,El portavoz socialista, Paulino Plata, acusó a los populares de querer huir de la legalidad. «Usted quiere mirar para otro lado», le dijo a la edil de Urbanismo.