Un ambicioso proyecto de la Junta de Andalucía para San Pedro Alcántara enfrentado a más de 300 propietarios con intereses agrícolas. De este modo podría resumirse el conflicto que mantienen los diseminados de las zonas conocidas como El Potril y El Salto del Agua con la Consejería de Obras Públicas y que ha obligado al Ayuntamiento de Marbella a mediar en el asunto. Ayer, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), se reunió con la Plataforma de Afectados por el Plan Guadaiza y se comprometió a presentar en los próximos meses las alegaciones pertinentes para que no se expropie a los titulares de los terrenos.
Muñoz señaló que las infraestructuras y equipamientos públicos que contempla el documento de Obras Públicas pueden llevarse a cabo en esta reserva de 197 hectáreas sin que se tengan que utilizar las parcelas de los diseminados. La dirigente popular argumentó que los técnicos municipales han realizado un estudio técnico que informa de que es "viable" la ejecución del Plan de Guadaiza dejando fuera El Potril y El Salto del Agua porque "no podemos permitir que los derechos legítimamente adquiridos por estas personas se vean gravemente afectados por el desarrollo del documento".
Este proyecto recogido en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol occidental y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contempla una universidad, un parque fluvial de 34,9 hectáreas, un recinto ferial de 7,5 hectáreas, un centro tecnológico que ocuparía otras 13 hectáreas, otro logístico, el intercambiador de San Pedro, equipamiento deportivo y escolar, y viviendas sociales, según informó hace unos días el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano.
La presidenta de la Plataforma de Afectados, María del Carmen Blanco, comentó que los más de 300 propietarios también presentarán alegaciones cuando la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), organismo dependiente de Obras Públicas, concluya el Plan Especial de Guadaiza y lo exponga al público. Blanco hizo hincapié en que ninguno de los diseminados adquirió sus tierras para "especular", tal y como demuestra la cantidad de explotaciones agrícolas con asalariados que existen en la zona, las naves de pequeñas empresas o los dos viveros que tienen contratados a más de 40 trabajadores. Recordó también que algunos campos están ocupados desde hace cinco generaciones, por lo que se remontan a los tiempos en los que San Pedro era una colonia agrícola.
La preocupación de estos vecinos es tal que han decidido contratar los servicios jurídicos de expertos para que los asesoren durante el periodo de alegaciones.
Otro de los miembros del colectivo, Antonio Ortiz, reconoció que algunas de las propiedades que se han levantado en estos terrenos están fuera de la Ley porque el PGOU de 1986 no permitía construir en esta zona rústica, aunque aseguró que durante la era GIL intentaron sin éxito regularizarlas. Ortiz criticó a la Consejería de Obras Públicas porque aún no se han reunido con los afectados para informarles de lo que va a suceder en este suelo, que es "la joya de la corona" del núcleo de población sampedreño.
Ante el panorama que se avecina, la edil de Urbanismo, Alba Echeverría, se muestra optimista y convencida de que la Administración autonómica atenderá las sugerencias de los diseminados.
El proyecto de Guadaiza también contempla la expropiación forzosa de la parcela La Caridad del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, cuya extensión supera las cinco hectáreas
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