jueves, 27 de septiembre de 2007

El alcalde de Tolox pide que se desbloqueen las 2.200 viviendas (La Opinión)

Juan Vera insta a la Junta a clarificar la situación de este proyecto urbanístico, actualmente paralizado, al conocerse un informe de Obras Públicas que lo avala

El alcalde de Tolox, Juan Vera, imputado en una causa urbanística por presuntamente autorizar la construcción de más de 2.200 viviendas en suelo no urbanizable, ha vuelto a insistir en su inocencia, así como a la legalidad de las promociones, que se encuentran paralizadas desde hace más de un año por orden judicial.Sus palabras cobran ahora más relevancia, tras el nuevo informe de la Junta de Andalucía, que denunció este caso, en el que se apunta que parte del suelo de estas viviendas reúne las condiciones para que se clasifique como suelo urbano.Con este nuevo dictamen, Vera insta al Gobierno andaluz a desbloquear los proyectos urbanísticos, ya que su paralización cautelar por orden judicial ha supuesto "pérdidas muy importante para los promotores" que impulsaban estas viviendas. Para el regidor, la administración debe solucionar este tema y evitar más perjuicios a los futuros propietarios, porque "si las casas están bien, ¿por qué hay que tenerlas paralizadas?". "La Junta ha hecho un daño impresionante al municipio al denunciar este caso, sólo con una intención política", lamentó el alcalde, quien, no obstante, ofreció su colaboración para aclarar cuanto antes la situación de estas promociones.Según Vera, el nuevo informe emitido por los servicios jurídicos de la Delegación de Obras Públicas mantiene su planteamiento de que el Ayuntamiento había delimitado suelo urbano para estas viviendas. No obstante, precisó que aunque el juez ordenó la suspensión de las obras de 2.279 casas, previamente él ya había anulado cinco licencias de obra, al considerar que infringían la norma.El regidor (Agrupación Andaluza) se mostró seguro de su inocencia, aunque insistió en que acatará cualquier resolución judicial. A este respecto, defendió que las viviendas son legales porque se levantan sobre parcelas que cuentan con los requisitos mínimos de saneamiento, electricidad o agua.Vera criticó, además, "la desidia de la Junta", por no favorecer el desarrollo de un plan urbanístico en el municipio. El Gobierno andaluz denunció en mayo de 2006 la construcción de estas viviendas, al entender que se levantaban sobre suelo no urbanizable. A raíz de su impugnación, se abrieron diligencias penales contra el alcalde, el secretario y técnico municipales, por un delito contra la ordenación del territorio. Con el nuevo informe, la Fiscalía pide a la Junta que aclare si las viviendas son legales.

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