Ejecutan la primera demolición de viviendas ilegales en Marbella (La Opinión)

Los derribos afectan a seis chalés construidos por una promotora del empresario granadino Ávila Rojas. Las obras fueron paralizadas en agosto de 2003 por contradecir "gravemente" la norma
Marbella fue escenario ayer de los primeros derribos de viviendas ilegales, tras quince años de inestabilidad urbanística en los sucesivos gobiernos del GIL. En torno a las 9:00 horas de ayer comenzaba la demolición de seis chalés que fueron construidos por una empresa vinculada al empresario granadino José Ávila Rojas, imputado en el `caso Malaya´.Estas viviendas unifamiliares se construyeron en primera línea de la Playa de El Arenal, en una zona dunar próxima a Los Monteros. Los chalés pertenecían a una promoción de doce viviendas, cuyas obras fueron paralizadas por el Ayuntamiento el 22 de agosto de 2003, por entonces dirigido por la ex alcaldesa Marisol Yagüe. Pese a esta orden de suspensión de los trabajos, ya se habían levantado seis viviendas (las que se están derribando) que contravenían de manera "flagrante" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El decreto se paralización de las obras de El Arenal se hizo efectivo después de las múltiples denuncias de los vecinos de distintas urbanizaciones de la zona, representados por el letrado Francisco Prieto.La promotora `El Arenal´ ha acordado la demolición de estas viviendas, después del expediente sancionador por vía administrativa que se abrió en 2003. A raíz de este proceso fue condenada al pago de 59.000 euros por una "infracción urbanística grave". Los derribos afectan a las estructuras de seis viviendas unifamiliares. Estos inmuebles vulneraban el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986 en aspectos como el índice de edificabilidad. Así, las viviendas se construyeron en una parcela de 6.200 metros y las viviendas disponían de tres plantas, de 200 metros cuadrados cada una, cuando lo permitido es de una.Los denunciantes sostienen que en el acta de inspección municipal de agosto de 2003 ya se señalaba que las obras se ejecutaban en la primera línea de la playa sin ajustarse a sus condiciones y contradecían la licencia otorgada. Además, había relleno de tierras presuntamente ilegales y no amparados por el permiso de obra. El abogado Francisco Prieto lamentó, no obstante, que el Consistorio no hubiese acordado antes la demolición de las construcciones. Así, destaca que desde el primer momento en que se dictó una orden de suspensión de obras y se abrió el expediente, el Ayuntamiento debería haber ejecutado el derribo, atendiendo a la Ley, "con una resolución que restableciera la realidad física perturbada en Marbella".Los denunciantes afirman que, sin embargo, el Ayuntamiento marbellí prefirió continuar con el procedimiento, sin atender a los dispuesto en la norma. Así, siguieron con informes que señalaban que no había otra solución que la demolición, pero no la llevaban a cabo. Finalmente ha sido la promotora la que ha ejecutado los derribos, para evitar una sanción más grave. Por otro lado, los vecinos afectados presentaron otra denuncia ante la Demarcación de Costas por la cercanía de las obras con la línea marítimo-terrestre y señalaron que no se respetó la zona verde, ni de equipamiento deportivo en la urbanización, como se recogía en el PGOU vigente.La empresa de Ávila Rojas acumuló por aquella fecha hasta cinco paralizaciones de obras.