La Junta estudia regularizar una cantera en Ardales que ordenó cerrar el año pasado por ser ilegal. Ardales (SUR)

La empresa, que fue sancionada con 6.000 euros, tramita la declaración de impacto ambiental para retomar los trabajos

La cantera clausurada el año pasado en Ardales por ejercer su actividad ilegalmente podría volver a abrir. La empresa que se encargó entonces de su explotación y que posee los derechos sobre el terreno está tratando de regularizar su situación y ha presentado la documentación pertinente ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que en estos momentos tramita la declaración de impacto ambiental del proyecto.Se trata de una explotación de casi 44 hectáreas de superficie que se ubica en el paraje Cerro de la Higuera, situado dentro de la finca conocida como Cortijo Las Papas. En el Boletín Oficial de la Provincia del pasado viernes aparece publicado el anuncio de la Delegación de Medio Ambiente sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto, que prevé extraer cada año 80.000 metros cúbicos del material arenisco conocido como piedra de Casares, un tipo de roca muy empleada en la construcción.La empresa responsable es Transportes y Servicios Vazquesur, que este mismo año fue multada con 6.000 euros por explotar la cantera sin las autorizaciones pertinentes. La clausura fue ordenada por la propia Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en marzo de 2006, después de que la compañía estuviera siete meses ejerciendo la actividad sin permiso. Según explicó entonces el Consistorio, los responsables de la empresa habían solicitado una licencia para despedregar y allanar la finca, pero no para extraer. El proyecto presentado ahora en Medio Ambiente establece una vida media de la cantera de 80 años y un volumen de extracción de más de 14,6 millones de toneladas. Además, se prevén un máximo de 13 bancales con alturas de entre ocho y diez metros.

Petición al Consistorio

El alcalde de Ardales, Juan Calderón, explicó a este periódico que el pasado mes de julio los responsables de la empresa le informaron de que iban a intentar regularizar su situación, aunque no le aportaron ningún documento. Calderón, que negó que la zona afectada fuera un paraje valioso, afirmó que, de momento, en el seno del Ayuntamiento no se había planteado una postura sobre este asunto por no existir una petición oficial.