Multas de hasta un millón para los delitos contra el patrimonio (La Opinión)

La Junta aprueba la Ley del Patrimonio Histórico, que simplifica las medidas actuales de protección en este ámbito. Se instituye la categoría de Zona Patrimonial
El Pleno del Parlamento aprobó ayer, con el voto favorable del PSOE, el PP e IU y la abstención del PA, el proyecto de Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que sustituye a la norma vigente desde 1991 y simplifica las actuales medidas de protección en este ámbito. La consejera de Cultura, Rosa Torres, que subió a la tribuna antes de la votación, agradeció el consenso "de buena parte del texto final" entre los grupos parlamentarios.Esta normativa, la tercera promovida por la Consejería de Cultura en esta legislatura, recoge actuaciones contra la "contaminación visual" de los monumentos y establece sanciones de hasta un millón de euros para los delitos contra el patrimonio, las cuales se recogerán en un reglamento posterior, así como una sanción moral en caso de demoliciones no autorizadas de bienes, que deberán ser restituidos.La ley introduce disposiciones para evitar el impacto visual negativo que sobre el patrimonio pueden producir elementos como antenas, rótulos publicitarios, equipos de mobiliario urbano o instalaciones de energía y telecomunicaciones, unos elementos que estarán por primera vez sometidos a la autorización de la Junta.Regulaciones. El texto unifica las regulaciones estatal y autonómica sobre la materia y adecua sus disposiciones a la legislación urbanística y medioambiental aprobada en los últimos años, al tiempo que integra en un único catálogo tanto las dos figuras de protección estatales (Bienes de Interés Cultural y Bienes Muebles) como las dos autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica).Se instituye, además, la nueva categoría de Zona Patrimonial, que protegerá aquellos lugares que reúnan bienes de distinta naturaleza y cronología, y que serán gestionadas por un órgano específico, denominado Parque Cultural. Se incluye también la consideración de patrimonio "intangible", que afectará, por ejemplo, al flamenco, así como el patrimonio industrial, al tiempo que se establece la creación de entornos de protección cautelares para los inmuebles que no cuentan con esa delimitación, que beneficiará a los castillos.