El presidente de la Junta, Manuel Chaves, convocará esta semana a los dirigentes empresariales y sindicales, a los presidentes de las cajas de ahorros de la comunidad y a los responsables de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para hacerse juntos la foto del Pacto por la Vivienda, un proyecto que pretende hacer realidad en el plazo de diez años la construcción de 700.000 viviendas, 300.000 de ellas en régimen de VPO, y rescatar algunos de los compromisos adquiridos en la materia por el Gobierno andaluz.
Dicho acuerdo, a demanda de la patronal de la construcción y de las inmobiliarias, incluirá un epígrafe referido a las viviendas a precio tasado, una modalidad de promoción privada, intermedia entre las VPO -éstas deben tener un máximo de 90 metros cuadrados, ampliables hasta 120 según el número de miembros de la unidad familiar- y las de renta libre con el que pretende poner o, mejor dicho, recolocar en el mercado, un importante número de pisos cuya venta se encuentra amenazada por la sombra de la crisis.
Se trata de viviendas ya construidas, a punto de ser finalizadas o en estado avanzado de construcción situadas en poblaciones que han experimentado un importante incremento de su parque residencial, tanto que la oferta es muy superior a la demanda existente. Su volumen es impreciso, pero la cifra que maneja la Consejería de Obras Públicas y Transportes ronda las 100.000 en toda Andalucía.
Los empresarios, según fuentes del citado departamento, han solicitado a la Administración autonómica que a través del futuro Plan de Vivienda 2008-2013 impulse la venta de esas viviendas por medio de un acuerdo en el que cada parte asumiría una serie de obligaciones: las de la Junta serían dar a estas viviendas un marchamo de calidad mediante el establecimiento de unas condiciones que tendrían que cumplir -un mínimo de metros cuadrados, equipamientos...- y las de los empresarios serían rebajar los precios de esas viviendas a un coste tasado. Dicha reducción de los precios puede situarse, según la Administración autonómica, en torno al 20 por ciento. Trasladado a números, y para una vivienda puesta ahora a la venta por 200.000 euros, su precio tasado podría suponer una rebaja de 40.000 euros.
El proyecto guarda muchas similitudes con el emprendido con ocasión del Plan Nacional de Vivienda 1992-1995, siendo ministro de Obras Públicas José Borrell y secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda Cristina Narbona, hoy ministra de Medio Ambiente.
En 1992 y con unos tipos de interés bancarios que rondaban el 15 por ciento, las inmobiliarias se encontraron con 100.000 viviendas vacías, terminadas en los tres años anteriores, que por su alto precio no encontraban compradores. Dicho plan ordenó la demanda y mejoró la financiación con la participación de bancos de capital privado y público -el desaparecido Argentaria, integrado hoy en el BBVA- para poner esas viviendas en el escaparate del mercado a un precio tasado.
Para que el Pacto por la Vivienda de Andalucía pueda hacerse realidad en todas sus vertientes es imprescindible la participación de las cajas de ahorros. El acuerdo que se está ultimando entre estas entidades y la Junta de Andalucía pasa por la financiación de los proyectos de VPO -extensible a los de viviendas a precio tasado- a tipos de interés preferente; es decir, ligeramente por debajo de los que existen actualmente en el mercado. La compensación para las cajas de ahorros se producirá a través de un aumento previsible y espectacular de su clientela.
Dicho acuerdo, a demanda de la patronal de la construcción y de las inmobiliarias, incluirá un epígrafe referido a las viviendas a precio tasado, una modalidad de promoción privada, intermedia entre las VPO -éstas deben tener un máximo de 90 metros cuadrados, ampliables hasta 120 según el número de miembros de la unidad familiar- y las de renta libre con el que pretende poner o, mejor dicho, recolocar en el mercado, un importante número de pisos cuya venta se encuentra amenazada por la sombra de la crisis.
Se trata de viviendas ya construidas, a punto de ser finalizadas o en estado avanzado de construcción situadas en poblaciones que han experimentado un importante incremento de su parque residencial, tanto que la oferta es muy superior a la demanda existente. Su volumen es impreciso, pero la cifra que maneja la Consejería de Obras Públicas y Transportes ronda las 100.000 en toda Andalucía.
Los empresarios, según fuentes del citado departamento, han solicitado a la Administración autonómica que a través del futuro Plan de Vivienda 2008-2013 impulse la venta de esas viviendas por medio de un acuerdo en el que cada parte asumiría una serie de obligaciones: las de la Junta serían dar a estas viviendas un marchamo de calidad mediante el establecimiento de unas condiciones que tendrían que cumplir -un mínimo de metros cuadrados, equipamientos...- y las de los empresarios serían rebajar los precios de esas viviendas a un coste tasado. Dicha reducción de los precios puede situarse, según la Administración autonómica, en torno al 20 por ciento. Trasladado a números, y para una vivienda puesta ahora a la venta por 200.000 euros, su precio tasado podría suponer una rebaja de 40.000 euros.
El proyecto guarda muchas similitudes con el emprendido con ocasión del Plan Nacional de Vivienda 1992-1995, siendo ministro de Obras Públicas José Borrell y secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda Cristina Narbona, hoy ministra de Medio Ambiente.
En 1992 y con unos tipos de interés bancarios que rondaban el 15 por ciento, las inmobiliarias se encontraron con 100.000 viviendas vacías, terminadas en los tres años anteriores, que por su alto precio no encontraban compradores. Dicho plan ordenó la demanda y mejoró la financiación con la participación de bancos de capital privado y público -el desaparecido Argentaria, integrado hoy en el BBVA- para poner esas viviendas en el escaparate del mercado a un precio tasado.
Para que el Pacto por la Vivienda de Andalucía pueda hacerse realidad en todas sus vertientes es imprescindible la participación de las cajas de ahorros. El acuerdo que se está ultimando entre estas entidades y la Junta de Andalucía pasa por la financiación de los proyectos de VPO -extensible a los de viviendas a precio tasado- a tipos de interés preferente; es decir, ligeramente por debajo de los que existen actualmente en el mercado. La compensación para las cajas de ahorros se producirá a través de un aumento previsible y espectacular de su clientela.
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