El gobierno andaluz considera que su continuidad no tiene sentido por la falta de consultas del Ayuntamiento El órgano se mantuvo tras la devolución de las competencias para colaborar con el Consistorio
El desencuentro entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a cuenta del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella tiene un nuevo escenario. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha decidido desmarcarse de la tramitación del nuevo documento urbanístico -que ha de gestionar el propio Ayuntamiento después de recuperar hace cinco meses las competencias urbanísticas- y disolverá la Oficina de Planeamiento. Este órgano, dependiente de la Junta, abrió en julio de 2006 en la ciudad para gestionar las competencias urbanísticas que le habían sido retiradas al Ayuntamiento. Tras la restitución en junio pasado a Marbella de la postestad sobre el planeamiento, se había mantenido pero con distinto cometido: asesorar al Ayuntamiento en esta materia. La falta de sintonía entre ambas administraciones ha tenido una consecuencia: la Junta ha decidido cerrar la oficina.Desde la administración andaluza consideran que la continuidad de este órgano asesor carece de sentido, ya que en los últimos cinco meses, desde que entró el equipo de gobierno del PP, no ha recibido ni una sola consulta del Consistorio. Pese a que las competencias en la tramitación del Plan corresponden al Ayuntamiento, los responsables de la Junta consideran que desde el equipo de gobierno municipal se está alentando la confusión para responsabilizar al gobierno andaluz del curso que se dé a las alegaciones, y entienden que mantener abierta la oficina puede contribuir a esa confusión.En ese sentido, resaltan que desde el 26 de junio ha cambiado el sentido de la oficina, que ha pasado de encargarse de la tramitación del Plan a asesorar al equipo de gobierno en esta materia.Sin embargo, al no haber recibido desde entonces ni una sola solicitud de asesoramiento en relación con la tramitación del Plan, los responsables de Obras Públicas consideran que la eventual colaboración que sea necesaria se podrá seguir prestando desde la Delegación Provincial del área, tal y como se hace con el resto de los ayuntamientos de la provincia.
Informe
Estas consideraciones están contenidas en un informe solicitado por la consejera, Concepción Gutiérrez, en el que se analiza la situación del órgano. Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron ayer a este periódico que la decisión para disolver la oficina ya está tomada, pero que ésta no se materializará de forma inminente. Será previsiblemente en los próximos días, una vez que la consejera estudie el contenido del informe. Con esta medida, la Junta pretende poner en evidencia que la tramitación del nuevo documento urbanístico le corresponde al Ayuntamiento de Marbella. Precisamente, hace algo más de un mes, la Oficina de Planeamiento se trasladó de la sede de Urbanismo, en Marbella, a la sede de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transporte en Málaga. ¿El motivo? Desde el equipo de gobierno, alegaron falta de espacio en la sede de Urbanismo. Desde la Junta, la petición formulada para que abandonaran las dependencias municipales fue leída como una absoluta falta de cortesía entre instituciones.
Continuidad
El siguiente desencuentro tuvo lugar a cuenta de las alegaciones. Pese a que su tramitación corresponde al Ayuntamiento, los responsables municipales las remitieron a la oficina dependiente de la Junta, y ambas administraciones ofrecieron diferentes versiones sobre el número de documentos enviados. Según el director de la oficina, José María Ruiz Poverano, no les llegó toda la documentación -las 9.000 alegaciones-, pese a que desde el equipo de gobierno municipal indicaron lo contrario. Además, la Junta aseguró que buena parte no se le envió de forma adecuada, ya que estaba en cajas sin numeración. La Junta considera que no tiene sentido seguir desgastándose en polémicas de este tipo cuando la responsabilidad de la tramitación del Plan ha dejado de estar bajo su órbita.El conflicto en materia urbanística viene de lejos. El pasado verano, el Ayuntamiento se negó a revisar de oficio, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 561 licencias de obras ilegales y así sustituirlas por otros nuevos permisos adaptados al nuevo Plan General. La reunión a dos bandas para acercar posturas surtió efecto y apaciguó los ánimos de la propia consejería que incluso advirtió al Consistorio con llevarlo a los tribunales si no examinaba de oficio estas licencias. El último rifirrafe lo ha propiciado el sistema de compensaciones que recoge el nuevo documento para tratar de regularizar las 18.000 viviendas levantadas en la 'era GIL' al margen del Plan vigente.
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