Prevé obtener 177 millones de euros de convenios hasta el año 2011 y otros 90 de venta de suelo, que paliarán la reducción de inversiones municipales a la que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria
El Ayuntamiento de Málaga tendrá que apretarse el cinturón. La obligación de equilibrar sus cuentas y adecuarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el Gobierno central va a obligarle a rebajar sustancialmente los ingresos procedentes de créditos bancarios en el horizonte de los próximos tres años, con el inmediato efecto que ello tendrá sobre las inversiones municipales. En estas circunstancias, el equipo de gobierno del PP mira a los convenios que se van a firmar en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como una vía alternativa para aumentar las partidas.El plan elaborado por el Ayuntamiento para afrontar esta situación, aprobado ayer en Pleno con los votos en solitario del PP, contempla la obtención de hasta 177 millones mediante la firma de acuerdos urbanísticos. De ellos, 12,8 millones se prevén para 2009, 81,5 millones en 2010 (para cuando se espera esté en vigor el nuevo planeamiento) y 82,7, en 2011. A estas cifras habría que sumar otros 90 millones procedentes de la venta de suelo en este mismo periodo de tiempo, de los que 40 millones se obtendría en 2011. No obstante, sólo el 25% de estos ingresos podrían emplearse en inversiones, de acuerdo con las limitaciones fijadas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).El documento municipal dibuja una línea descendente en los préstamos, que pasarán de representar 195 millones este año a casi 34 millones en 2011. Tendencia similar sufren las inversiones, que bajan de los 258 millones previstos en este ejercicio a los 180 de 2011. Pero las consecuencias de la nueva ley, que en esencia impiden a los ayuntamientos endeudarse por encima de lo que amortizan cada año, ya se dejan notar el próximo año. La concejal de Economía, Carolina España, informó de que para 2009 la inversión prevista baja a 192 millones, cifra que crecerá a 224 en 2010 y volverá a reducirse en 2011.La edil del PP precisó que las cantidades señaladas no incluyen las cuentas de organismos como Smassa (Sociedad Municipal de Aparcamientos), Emasa, Parcemasa, Palacio de los Deportes y EMT, que no están afectados por el precepto legal. En este contexto, confió en que las inversiones puedan aumentar con "ingresos alternativos" procedentes de los fondos europeos, de los que el Consistorio demanda 700 millones, y de la venta de suelo y la firma de convenios urbanísticos.A pesar de la caída de estas partidas, España aseguró que las inversiones plurianuales o ya comprometidas están "garantizadas" y precisó que el desarrollo de este plan en ningún caso supone la existencia de "un boquete financiero o un endeudamiento excesivo". La también portavoz del PP en la Casona del Parque criticó el momento elegido por el Gobierno para exigir el cumplimiento de la ley, dada la actual situación de recesión económica. "Son las administraciones públicas las que ahora deberían meter el hombro y colaborar a la mejora de la situación", apostilló.Los argumentos expresados por los populares no contaron con el respaldo de los grupos de la oposición, que acusaron al equipo de gobierno de haber desarrollado una mala gestión económica. A pesar de ello, el nuevo portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, informó de que su formación se abstendría "por lealtad". Más en detalle, la edil socialista Inmaculada Pérez de Guzmán comparó la situación del ejecutivo local con la de una persona que se encuentra en el hospital y que afirma estar "más sano que una pera". "Resulta que tiene que ser intervenido y va a tener que estar durante varios meses con una fuerte medicación pero dice que está sano como una pera", comentó. Asimismo, mostró su temor a que la caída de inversiones afecte a los barrios. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, justificó su rechazo en que el plan es "irreal, tardío y afectará a los de siempre".
El Ayuntamiento de Málaga tendrá que apretarse el cinturón. La obligación de equilibrar sus cuentas y adecuarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el Gobierno central va a obligarle a rebajar sustancialmente los ingresos procedentes de créditos bancarios en el horizonte de los próximos tres años, con el inmediato efecto que ello tendrá sobre las inversiones municipales. En estas circunstancias, el equipo de gobierno del PP mira a los convenios que se van a firmar en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como una vía alternativa para aumentar las partidas.El plan elaborado por el Ayuntamiento para afrontar esta situación, aprobado ayer en Pleno con los votos en solitario del PP, contempla la obtención de hasta 177 millones mediante la firma de acuerdos urbanísticos. De ellos, 12,8 millones se prevén para 2009, 81,5 millones en 2010 (para cuando se espera esté en vigor el nuevo planeamiento) y 82,7, en 2011. A estas cifras habría que sumar otros 90 millones procedentes de la venta de suelo en este mismo periodo de tiempo, de los que 40 millones se obtendría en 2011. No obstante, sólo el 25% de estos ingresos podrían emplearse en inversiones, de acuerdo con las limitaciones fijadas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).El documento municipal dibuja una línea descendente en los préstamos, que pasarán de representar 195 millones este año a casi 34 millones en 2011. Tendencia similar sufren las inversiones, que bajan de los 258 millones previstos en este ejercicio a los 180 de 2011. Pero las consecuencias de la nueva ley, que en esencia impiden a los ayuntamientos endeudarse por encima de lo que amortizan cada año, ya se dejan notar el próximo año. La concejal de Economía, Carolina España, informó de que para 2009 la inversión prevista baja a 192 millones, cifra que crecerá a 224 en 2010 y volverá a reducirse en 2011.La edil del PP precisó que las cantidades señaladas no incluyen las cuentas de organismos como Smassa (Sociedad Municipal de Aparcamientos), Emasa, Parcemasa, Palacio de los Deportes y EMT, que no están afectados por el precepto legal. En este contexto, confió en que las inversiones puedan aumentar con "ingresos alternativos" procedentes de los fondos europeos, de los que el Consistorio demanda 700 millones, y de la venta de suelo y la firma de convenios urbanísticos.A pesar de la caída de estas partidas, España aseguró que las inversiones plurianuales o ya comprometidas están "garantizadas" y precisó que el desarrollo de este plan en ningún caso supone la existencia de "un boquete financiero o un endeudamiento excesivo". La también portavoz del PP en la Casona del Parque criticó el momento elegido por el Gobierno para exigir el cumplimiento de la ley, dada la actual situación de recesión económica. "Son las administraciones públicas las que ahora deberían meter el hombro y colaborar a la mejora de la situación", apostilló.Los argumentos expresados por los populares no contaron con el respaldo de los grupos de la oposición, que acusaron al equipo de gobierno de haber desarrollado una mala gestión económica. A pesar de ello, el nuevo portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, informó de que su formación se abstendría "por lealtad". Más en detalle, la edil socialista Inmaculada Pérez de Guzmán comparó la situación del ejecutivo local con la de una persona que se encuentra en el hospital y que afirma estar "más sano que una pera". "Resulta que tiene que ser intervenido y va a tener que estar durante varios meses con una fuerte medicación pero dice que está sano como una pera", comentó. Asimismo, mostró su temor a que la caída de inversiones afecte a los barrios. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, justificó su rechazo en que el plan es "irreal, tardío y afectará a los de siempre".
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