El Ayuntamiento reconoce la existencia de una treintena de núcleos levantados sobre suelo no urbanizable y, por tanto, ilegales · Los vecinos viven sin agua potable ni saneamiento
Sin agua potable, obligados a tener que recoger el líquido elemento de un río o de un embalse próximo, sin una infraestructura de saneamiento adecuada y con el reto diario que supone tener que desplazarse por carriles sin asfaltar… Grosso modo estas son las condiciones de vida en las que se encuentran alrededor de 2.000 vecinos de Málaga capital y cuyas existencias pasan casi desapercibidas a pocos kilómetros de calle Larios, la Alameda Principal o la Avenida de Andalucía. Son los habitantes de los denominados diseminados, núcleos urbanos levantados décadas atrás en la periferia de la ciudad y que, en estos momentos, están situados al margen de la legalidad urbanística.El Ayuntamiento de Málaga admite la existencia de al menos una treintena de estos conjuntos residenciales, construidos en suelo no urbanizable, y que albergan ya alrededor de un millar de viviendas. Cifra que ha ido creciendo en los últimos años con la ejecución de nuevas edificaciones en una clara infracción de las normas urbanísticas, que sólo autorizan este tipo de actuaciones siempre que estén directamente vinculadas a la actividad agrícola.Algunos de estos ejemplos son los de los núcleos de Los Arias y El Mallorquín, localizados en las cercanías de Campanillas. Miguel Martín tiene una vivienda en el primero de estos diseminados, aunque vive habitualmente en la capital. "Me he criado aquí toda la vida y yo y mis hermanos hemos nacido en esta zona", comenta, recordando cómo sus padres también residieron aquí. Su experiencia es la de varias decenas de afectados que se topan con el rechazo municipal a regularizar sus viviendas. "Son casas que están levantadas desde hace doscientos años, aunque reformadas y reparadas, y por las que se paga una contribución", insiste Miguel, quien apostilla que desde el Consistorio se les dice que "agarrados a la ley" no tienen derecho "a nada". Manuel Suárez es miembro de la Asociación de Vecinos La Presa, que aglutina a muchos de los residentes de estos dos diseminados. Sus cálculos elevan a unas 70 las personas que viven de forma permanente en estos entornos y afirma que puede haber unas doscientas viviendas construidas, la inmensa mayoría antiguas. "Estamos abandonados", sentencia, un mensaje en el que se muestra de acuerdo un anciano de 85 años de edad cuya existencia está vinculada a este territorio desde que nació: "Pienso que tenemos el mismo derecho que el resto, como malagueños que somos". Sin embargo, la realidad constata que no es así. La práctica de las construcciones de diseminados parece tener los días contados, o así al menos lo afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. "Tenemos el objetivo, por expreso deseo del alcalde, de aumentar de manera notable la inspección y la vigilancia para evitar las construcciones ilegales en la capital", comenta el edil del PP, que apunta el compromiso por aumentar el número de efectivos que se encarguen de la inspección. A ello se sumará, como herramienta novedosa, la contratación de un servicio de toma de imágenes vía satélite, lo que permitirá detectar de forma casi inmediata cualquier construcción ilegal. "La idea es poder anticiparnos al problema y actuar conforme empiecen los trabajos de edificación", agrega.Sin embargo, el paso que pretende dar el equipo de gobierno del PP no elude la pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con las cientos de edificaciones levantadas de forma irregular? Por la cabeza de los responsables municipales no pasa en absoluto el empleo de la piqueta, una acción que, incluso de aprobarse, necesitaría de una compleja tramitación judicial. Justo la misma que mantiene en suspenso desde hace años los numerosos expedientes sancionadores contra, por ejemplo, el promotor del centro hispano ruso, quien construyó por encima de lo permitido en Monte San Antón.La medida propuesta por los técnicos de Urbanismo pasa más bien por tratar de normalizar parte de los diseminados contabilizados. Aunque se trata de una iniciativa hasta la fecha poco efectiva. Ya en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 se incluyó un listado de 28 diseminados para tratar de regularizar su situación mediante la redacción de planes espaciales, algo que aún no se ha ejecutado. Ahora, aprovechando la revisión del planeamiento local, el Ayuntamiento ha reducido sensiblemente este apartado y alude únicamente a once núcleos: Salinas (61 habitantes), Cortijo los Ruices (114), El Cortijillo (48), Costilla (58), Los Pintados (31), Los Gámez (273), Venta del Boticario (45), Las Breñas (23), Venta del Detalle (74), Piedra Horadada (21) y Haza Carpintero (60). En cualquier caso, la instalación de las infraestructuras básicas deberá ser costeada por los propios afectados.
Sin agua potable, obligados a tener que recoger el líquido elemento de un río o de un embalse próximo, sin una infraestructura de saneamiento adecuada y con el reto diario que supone tener que desplazarse por carriles sin asfaltar… Grosso modo estas son las condiciones de vida en las que se encuentran alrededor de 2.000 vecinos de Málaga capital y cuyas existencias pasan casi desapercibidas a pocos kilómetros de calle Larios, la Alameda Principal o la Avenida de Andalucía. Son los habitantes de los denominados diseminados, núcleos urbanos levantados décadas atrás en la periferia de la ciudad y que, en estos momentos, están situados al margen de la legalidad urbanística.El Ayuntamiento de Málaga admite la existencia de al menos una treintena de estos conjuntos residenciales, construidos en suelo no urbanizable, y que albergan ya alrededor de un millar de viviendas. Cifra que ha ido creciendo en los últimos años con la ejecución de nuevas edificaciones en una clara infracción de las normas urbanísticas, que sólo autorizan este tipo de actuaciones siempre que estén directamente vinculadas a la actividad agrícola.Algunos de estos ejemplos son los de los núcleos de Los Arias y El Mallorquín, localizados en las cercanías de Campanillas. Miguel Martín tiene una vivienda en el primero de estos diseminados, aunque vive habitualmente en la capital. "Me he criado aquí toda la vida y yo y mis hermanos hemos nacido en esta zona", comenta, recordando cómo sus padres también residieron aquí. Su experiencia es la de varias decenas de afectados que se topan con el rechazo municipal a regularizar sus viviendas. "Son casas que están levantadas desde hace doscientos años, aunque reformadas y reparadas, y por las que se paga una contribución", insiste Miguel, quien apostilla que desde el Consistorio se les dice que "agarrados a la ley" no tienen derecho "a nada". Manuel Suárez es miembro de la Asociación de Vecinos La Presa, que aglutina a muchos de los residentes de estos dos diseminados. Sus cálculos elevan a unas 70 las personas que viven de forma permanente en estos entornos y afirma que puede haber unas doscientas viviendas construidas, la inmensa mayoría antiguas. "Estamos abandonados", sentencia, un mensaje en el que se muestra de acuerdo un anciano de 85 años de edad cuya existencia está vinculada a este territorio desde que nació: "Pienso que tenemos el mismo derecho que el resto, como malagueños que somos". Sin embargo, la realidad constata que no es así. La práctica de las construcciones de diseminados parece tener los días contados, o así al menos lo afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. "Tenemos el objetivo, por expreso deseo del alcalde, de aumentar de manera notable la inspección y la vigilancia para evitar las construcciones ilegales en la capital", comenta el edil del PP, que apunta el compromiso por aumentar el número de efectivos que se encarguen de la inspección. A ello se sumará, como herramienta novedosa, la contratación de un servicio de toma de imágenes vía satélite, lo que permitirá detectar de forma casi inmediata cualquier construcción ilegal. "La idea es poder anticiparnos al problema y actuar conforme empiecen los trabajos de edificación", agrega.Sin embargo, el paso que pretende dar el equipo de gobierno del PP no elude la pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con las cientos de edificaciones levantadas de forma irregular? Por la cabeza de los responsables municipales no pasa en absoluto el empleo de la piqueta, una acción que, incluso de aprobarse, necesitaría de una compleja tramitación judicial. Justo la misma que mantiene en suspenso desde hace años los numerosos expedientes sancionadores contra, por ejemplo, el promotor del centro hispano ruso, quien construyó por encima de lo permitido en Monte San Antón.La medida propuesta por los técnicos de Urbanismo pasa más bien por tratar de normalizar parte de los diseminados contabilizados. Aunque se trata de una iniciativa hasta la fecha poco efectiva. Ya en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 se incluyó un listado de 28 diseminados para tratar de regularizar su situación mediante la redacción de planes espaciales, algo que aún no se ha ejecutado. Ahora, aprovechando la revisión del planeamiento local, el Ayuntamiento ha reducido sensiblemente este apartado y alude únicamente a once núcleos: Salinas (61 habitantes), Cortijo los Ruices (114), El Cortijillo (48), Costilla (58), Los Pintados (31), Los Gámez (273), Venta del Boticario (45), Las Breñas (23), Venta del Detalle (74), Piedra Horadada (21) y Haza Carpintero (60). En cualquier caso, la instalación de las infraestructuras básicas deberá ser costeada por los propios afectados.
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