Buscará suelo en el desarrollo del nuevo PGOU para que la ciudad no pierda zona de equipamientos públicos. Mantendrá las cargas que se pueda exigir a los promotores
Al equipo de gobierno municipal sigue sin convencerle el sistema de compensaciones que recoge el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar las más de 18.000 viviendas ilegales, heredadas de la 'era GIL'. El Ayuntamiento ultima una propuesta para evitar que los posibles costes de la legalización de estos inmuebles recaigan al final en los compradores «de buena fe» si los promotores desaparecieran sin dejar rastro. Según fuentes municipales, la administración local plantea suprimir las compensaciones a los propietarios de aquellas urbanizaciones ya consolidadas. Para ello, buscarán suelo en el desarrollo del nuevo planeamiento urbanístico, que está actualmente en tramitación, para evitar que la ciudad se quede sin zonas de equipamientos públicos de las que se ha visto privada en los últimos 15 años. En cambio, según indican estas mismas fuentes, el Consistorio mantendrá las cargas que se les puedan exigir a los promotores, así como las que sean asumibles para el desarrollo del municipio. No obstante, algunas de las compensaciones previstas que se exigen a los constructores para poder normalizar los inmuebles ilegales que levantaron podrían verse reducidas, en caso de que demuestren que, en su día, cedieron suelo al Consistorio como aprovechamiento medio. Este planteamiento del gobierno municipal también lo comparte el arquitecto Manuel González Fustegueras, que capitanea la empresa Territorio y Ciudad, que redactó el nuevo PGOU marbellí siguiendo las directrices de la Junta. Los técnicos municipales comprueban caso por caso si se efectuaron estas aportaciones de terreno. Desde el gobierno municipal, insisten en que existe un «buen entendimiento» con el Gobierno andaluz, administración con la que deberá alcanzar un acuerdo en esta materia.
Alegaciones
Por otro lado, las reuniones bilaterales entre técnicos municipales del área de Urbanismo y el equipo redactor para responder a los 8.537 escritos presentados al nuevo planeamiento urbanístico están dando sus frutos. A falta de dos meses para que se cumpla el plazo acordado en pleno para la aprobación provisional del Plan General -antes de finales de julio-, ya se ha contestado a más de 3.000, lo que supone un tercio del total de alegaciones. La mayoría está relacionada con el polémico sistema de compensaciones que contempla el documento y las infraestructuras. Fuentes municipales aseguran que hay buena sintonía con el equipo redactor, que está a sus órdenes después de que la Junta devolviera a Marbella las competencias en materia de planeamiento. «Se llega a puntos que permitirá que Marbella tenga zonas de equipamientos y áreas libres y en cuanto a las compensaciones que éstas se simplifiquen sin que recaiga la carga en los vecinos», abundaron estas mismas fuentes. De hecho, para dar salida al aluvión de alegaciones recibidas en los dos meses en que el texto estuvo en información pública, las reuniones técnicas a dos bandas tienen lugar dos veces por semana. Casi la mitad de estos reparos presentados alude a las medidas de normalización previstas en el texto elaborado por el equipo de Fustegueras. Las de tipo ambiental ya las remitió el Consistorio a finales del mes pasado a la Junta para agilizar el estudio de impacto ambiental, vinculante para que el nuevo Plan pueda aprobarse definitivamente. Algo que según el calendario secundado en pleno, sería antes de que acabe este año, aunque esta decisión recae en la Junta.
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