"Los ayuntamientos han pensado que el urbanismo es como una ley de hacienda" (Málaga Hoy)

Presenta un libro en el que analiza y defiende los elementos de la Ley del Suelo
-¿Es el primer libro que escribe?

-No, ya tengo una bibliografía algo extensa y que incluye entre otras obras, tres monografías.-El libro que usted presentó ayer, acompañado por el alcalde, Francisco de la Torre, analiza la nueva ley estatal del suelo.

¿Qué destacaría de su trabajo?

-Esta ley supone un cambio importante en el tratamiento del suelo, que va más en la línea de la estrategia territorial europea, que tiene como principio más importante el desarrollo sostenible. Y eso es algo que cambia de manera sustancial respecto a la norma anterior, que apostaba más por liberalizar el suelo y que consideraba el suelo como una mercancía. El principio de la anterior ley era que cuanto más suelo hubiese en el mercado mejor. Ahora, por el contrario, se cree que es un bien escaso y que debe, principalmente, servir para cubrir las necesidades económicas y sociales.

-¿A usted que norma le parece mejor?

-Cuando escribí Urbanismo y Territorio en Andalucía, en el año 1999, ya abogaba por que el urbanismo tiene que estar enmarcado en el medio ambiente, puesto que no es posible mantener un crecimiento desaforado. Estoy urbanísticamente a favor del principio que defiende la nueva ley.

-Lo que está claro es que la anterior ley no surtió los efectos esperados.

-Así es. Lo que se decía en su momento es que al liberar mucho suelo se iba a abaratar su precio, algo que no ha sucedido.

-¿La nueva ley estatal permitirá mejorar las circunstancias que han rodeado al urbanismo en los últimos años?

-Va a obligar a que se justifiquen los crecimientos residenciales. Será cuando haya una actividad productiva que implique la necesidad de vivienda cuando los suelos se destinen a uso residencial, algo que no se venía haciendo hasta ahora. Antes, por el contrario, se apostaba por utilizar el suelo residencial para acoger segunda residencia para ocasionar un crecimiento económico. Pero eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

-¿Cómo funcionario que tiene que velar por la legalidad en los ayuntamientos, como asiste a los casos de corrupción municipal?

-Es algo que no gusta. Aunque hay que decir que los casos de corrupción son los menos, puesto que la mayoría de los políticos son los que están honestamente al servicio de lo público. En España hay que distinguir dos situaciones: una, lo ocurrido en Marbella, que escapa de todas las cosas normales y creo que podía o debía haberse atajado antes; y, dos, situaciones en las que la aplicación de la ley ha generado disfunciones, como ha ocurrido en Valencia y Castilla-La Mancha.

-¿Por qué?

-Porque se han sustituido los sistemas de ejecución del planeamiento por un sistema único de agente urbanizador. En ambas comunidades se permite que la oferta que contiene el agente urbanizador contenga suelo rural o no urbanizable, con lo que la ordenación lógica está al servicio de lo comercial. Se producen casos como el de Seseña.

-¿La nueva ley limitará los casos de corrupción?

-Esta ley sí va a limitar los crecimientos desaforados y en una situación de cumplimiento y normalidad garantizará un urbanismo más racional.

-La Fiscalía acaba de dar un varapalo a los ayuntamientos por considerar que su actitud ante las irregularidades urbanísticas es escasa.

-En esta última etapa los ayuntamientos se han caracterizado por fomentar el desarrollo urbanístico. De forma equivocada han pensado que era una forma de financiación, una especie de ley de hacienda, y siempre me he pronunciado en contra de ello. Es verdad que a los ayuntamientos se les exige mucho y hay que dotarlos de la financiación adecuada. Ahora hay un debate sobre la necesidad de impulsar el estudio de la financiación de las corporaciones locales en paralelo a la de las comunidades autónomas, algo que comparto. Un acuerdo en este sentido podría derivar en que los ayuntamientos no se vean forzados a crecer de manera indiscriminada.