Algunos compradores han abonado ya hasta 40.000 euros
El trabajo se le empieza a acumular al Defensor del Ciudadano en la provincia de Málaga. Francisco Gutiérrez ha recibido en apenas unos meses la queja de alrededor de 800 personas que compraron una de las viviendas de algunas de las promociones impulsadas por la empresa Grupo Mirador en los municipios malagueños de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Villanueva del Rosario y Fuente de Piedra y de la vecina localidad granadina de Loja, y que dicen sentirse estafados porque con el paso del tiempo se han encontrado con que no tienen casa y encima se han quedado sin ahorros.El denominador común de la inmensa mayoría de los afectados es la entrega de una serie de cantidades económicas a cuenta que no han sido avaladas por la firma constructora y que, en ningún caso, se han visto correspondidas con la finalización o, siquiera, con el inicio de los trabajos de edificación. Gutiérrez explicó a este periódico que de media se puede estar hablando de unos 30.000 euros aportados por los interesados en la adquisición de uno de los pisos promocionados por Mirador."Hay algunos que llevan tres, cuatro o cinco años aportando cantidades mensuales. Unos han llegado a dar 20.000 euros y otros hasta 40.000", relata el Defensor del Ciudadano, quien constata, además, el hecho de que algunos de los afectados, ante el inmenso retraso de las construcciones, optó por rescindir el contrato de compra con la promotora. "A cambio, ésta, en lugar de darles el dinero, les ofreció unos pagarés que cuando fueron a cobrar al banco carecían de fondos", apostilló.El número de denuncias que han llegado a la oficina de este organismo, dependiente de la Diputación provincial, ha ido creciendo de manera desorbitada. Las 80 primeras quejas que formalizaron los afectados de la promoción Fortaleza, en Vélez-Málaga, se han multiplicado con el paso de los días por diez. "El asunto se ha propagado de boca en boca y cada vez son más los que nos hacen llegar toda la información de la que disponen. Contratos, el dinero que se ha aportado, compromisos de entrega por parte de la empresa…", explica. La intención del Defensor es, una vez analizada toda la documentación de la que se dispone y de estudiar "caso por caso", trasladar el asunto a la Fiscalía en caso de que se detecte algún tipo de indicio penal por parte de la promotora. "Algunos de los afectados con los que me he reunido resumían muy bien el sentimiento, porque ahora mismo están sin dinero y sin vivienda. Se trata de familias o de gente joven que pretendían comprar su primera vivienda y que se encuentran con que han dado un dinero y no tienen nada. Eso es jugar no sólo con la economía de las personas, sino también con sus ilusiones", sentencia. Más allá de las posibles consecuencias penales que pudiera tener el comportamiento de Grupo Mirador, Gutiérrez dijo que va a trasladar el tema también al Defensor del Pueblo de Andalucía, Chamizo, al tratarse de un caso que afecta a ciudadanos de otras provincias de la región.Entre los primeros afectados que denunciaron los hechos se encuentran 80 de Vélez. El pasado 25 de abril, parte de este grupo, unas treinta personas, se concentraron a las puertas del Ayuntamiento del municipio costero para dejar constancia de lo que les está ocurriendo. "No soy propietaria, lo que tengo es un pagaré que ha sido devuelto", afirmaba Bianca Alvés, una de las damnificadas, quien apuntó que compró un piso en la promoción Mirador de la Fortaleza en 2005 y que había entregado cantidades a cuenta por un importe que supera ya los 35.000 euros. Según manifestó Gutiérrez en el caso de esta actuación residencial, la promotora carecía de licencia de obras para iniciar los trabajos, a lo que suma que el suelo sobre el que se pretendía edificar "está hipotecado". "En otras promociones la situación es que se han iniciado las obras pero no se han terminado", agregó.
El trabajo se le empieza a acumular al Defensor del Ciudadano en la provincia de Málaga. Francisco Gutiérrez ha recibido en apenas unos meses la queja de alrededor de 800 personas que compraron una de las viviendas de algunas de las promociones impulsadas por la empresa Grupo Mirador en los municipios malagueños de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Villanueva del Rosario y Fuente de Piedra y de la vecina localidad granadina de Loja, y que dicen sentirse estafados porque con el paso del tiempo se han encontrado con que no tienen casa y encima se han quedado sin ahorros.El denominador común de la inmensa mayoría de los afectados es la entrega de una serie de cantidades económicas a cuenta que no han sido avaladas por la firma constructora y que, en ningún caso, se han visto correspondidas con la finalización o, siquiera, con el inicio de los trabajos de edificación. Gutiérrez explicó a este periódico que de media se puede estar hablando de unos 30.000 euros aportados por los interesados en la adquisición de uno de los pisos promocionados por Mirador."Hay algunos que llevan tres, cuatro o cinco años aportando cantidades mensuales. Unos han llegado a dar 20.000 euros y otros hasta 40.000", relata el Defensor del Ciudadano, quien constata, además, el hecho de que algunos de los afectados, ante el inmenso retraso de las construcciones, optó por rescindir el contrato de compra con la promotora. "A cambio, ésta, en lugar de darles el dinero, les ofreció unos pagarés que cuando fueron a cobrar al banco carecían de fondos", apostilló.El número de denuncias que han llegado a la oficina de este organismo, dependiente de la Diputación provincial, ha ido creciendo de manera desorbitada. Las 80 primeras quejas que formalizaron los afectados de la promoción Fortaleza, en Vélez-Málaga, se han multiplicado con el paso de los días por diez. "El asunto se ha propagado de boca en boca y cada vez son más los que nos hacen llegar toda la información de la que disponen. Contratos, el dinero que se ha aportado, compromisos de entrega por parte de la empresa…", explica. La intención del Defensor es, una vez analizada toda la documentación de la que se dispone y de estudiar "caso por caso", trasladar el asunto a la Fiscalía en caso de que se detecte algún tipo de indicio penal por parte de la promotora. "Algunos de los afectados con los que me he reunido resumían muy bien el sentimiento, porque ahora mismo están sin dinero y sin vivienda. Se trata de familias o de gente joven que pretendían comprar su primera vivienda y que se encuentran con que han dado un dinero y no tienen nada. Eso es jugar no sólo con la economía de las personas, sino también con sus ilusiones", sentencia. Más allá de las posibles consecuencias penales que pudiera tener el comportamiento de Grupo Mirador, Gutiérrez dijo que va a trasladar el tema también al Defensor del Pueblo de Andalucía, Chamizo, al tratarse de un caso que afecta a ciudadanos de otras provincias de la región.Entre los primeros afectados que denunciaron los hechos se encuentran 80 de Vélez. El pasado 25 de abril, parte de este grupo, unas treinta personas, se concentraron a las puertas del Ayuntamiento del municipio costero para dejar constancia de lo que les está ocurriendo. "No soy propietaria, lo que tengo es un pagaré que ha sido devuelto", afirmaba Bianca Alvés, una de las damnificadas, quien apuntó que compró un piso en la promoción Mirador de la Fortaleza en 2005 y que había entregado cantidades a cuenta por un importe que supera ya los 35.000 euros. Según manifestó Gutiérrez en el caso de esta actuación residencial, la promotora carecía de licencia de obras para iniciar los trabajos, a lo que suma que el suelo sobre el que se pretendía edificar "está hipotecado". "En otras promociones la situación es que se han iniciado las obras pero no se han terminado", agregó.
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