martes, 20 de mayo de 2008

La Junta dará protección oficial a viviendas de renta libre en Málaga (La Opinión)

La Consejería de Vivienda estudiará la subvención de edificaciones en ´stock´ para que baje el precio y se puedan vender. Los constructores malagueños, satisfechos
La crisis inmobiliaria que sufre Málaga es de tal calado que hay que buscar diferentes alternativas para reactivar el mercado. Una de ellas, pedida hasta la saciedad por los constructores en los últimos meses, consiste en que la Junta de Andalucía dé algún tipo de protección oficial a las viviendas de renta libre que ya están construidas y que no se venden por sus altos precios. Así, el remanente o ´stock´ puede tener salida en el mercado. La Junta ha atendido la solicitud de los constructores y se ha comprometido a estudiar caso por caso la posibilidad de subvencionar viviendas ya edificadas para que sean más baratas y queden al alcance del consumidor.El nuevo consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, se lo hizo saber así al presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, en una reunión celebrada la pasada semana en Sevilla: habrá subvención pública y un número indeterminado de viviendas de renta libre pasarán a ser de protección oficial (VPO), con lo que serán más asequibles que ahora.Sobre la entrevista con el consejero, Prado declaró que detectó un "buen talante" y ganas de solucionar los problemas relacionados con el remanente de viviendas: "Dijo que no iba a haber problema con el ´stock´ porque todas las promociones que quieran acogerse a la reconversión deben comunicarlo a la Junta, a través de la ACP, en el plazo de un mes, y los técnicos de la consejería estudiarán caso por caso todas las peticiones".Esta medida se aplicará en toda Andalucía, aunque beneficiará sobre todo a la provincia de Málaga porque es la que más remanente de viviendas tiene. Una vez que se analicen las propuestas presentadas, se decidirá la conversión en VPO en función de unos criterios que aún no se han definido totalmente, pero que irán en función de la localización de las viviendas, su número y las características de la edificación. Según la Ley, el precio máximo que puede tener una vivienda de protección oficial ronda los 170.000 euros.Freno a la indefinición. Por otra parte, los constructores se enfrentan, desde hace más de un año, a la indefinición legal del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y a los POT o planes regionales, que obligan a que todos los planes generales de ordenación urbana de los municipios (PGOU) se ajusten a sus normas. El problema es que los ayuntamientos tardan en cumplirlos porque han cambiado continuamente -y además algunos los han recurrido por considerarlos contrarios a sus intereses-. El resultado: en la provincia de Málaga no hay ningún PGOU aprobado de manera definitiva y, por tanto, no se puede construir.La Junta ha creado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para acabar con esta indefinición y desbloquear la situación. Prado afirma que el consejero está "muy dispuesto" a zanjar cuanto antes el problema; no en vano, es un objetivo principal para el presidente de la Junta, Manuel Chaves, aunque su resolución no parece sencilla.

No hay comentarios:

Publicar un comentario