Los procedimientos concursales o suspensiones de pagos se triplicarán al terminar el año · Se disparan las personas físicas que se acogen a este sistema para evitar un embargo · Ausbanc prepara los expedientes de siete familias
Los 236 procedimientos judiciales iniciados por los bancos por impago de hipotecas en lo que va de año ya se igualan a los abiertos durante todo el año 2006, y se estima que cierren el año con más de 700 casos. Son personas de clase media que, de un día para otro, pueden verse en la calle.Igual ocurre con los procesos concursales (antiguas suspensiones de pagos), cuya cifra ya supera a la registrada en el colapsado Juzgado de lo Mercantil de Málaga durante todo el año pasado. Las familias se han sumado a esta vía, utilizada tradicionalmente por las empresas, para intentar ganar algo de tiempo antes de perderlo todo. Estos datos fueron facilitados ayer por el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, durante la presentación de la memoria de 2007 de los juzgados de la capital. El propio magistrado reconocía que estas cifras pulsan la crisis económica que mina la sociedad malagueña. "Una hipoteca es lo último que una familia deja de pagar", dijo.A punto de presentar un proceso concursal como personas físicas están Inés y Raúl, una pareja con dos hijos que apenas supera la treintena y que asiste con frustración a la inminente pérdida de su vivienda. La compraron hace dos años por 240.000 euros. No se lo pensaron porque, incluso, el banco les dio 30.000 euros extra para dar la entrada y asumir los gastos de notaría. Aun así, Inés y Raúl se apretaron el cinturón para poder destinar al pago del préstamo 600 de los 2.300 euros que ganaban entre los dos, como dependienta y camarero, respectivamente. Ahora Raúl ha perdido su trabajo y su hipoteca ya no es de 600 euros, sino de 1.000. Tampoco han terminado de pagar el coche. Creen que Raúl, camarero experimentado, encontrará trabajo pronto, pero quieren actuar antes de que sea demasiado tarde. Angustiados ante la posibilidad del embargo, Inés y Raúl se han puesto en manos de la Asociación de Usuarios de Bancos (Ausbanc) que ha preparado su expediente para presentarlo ante el juzgado. Ausbanc tiene previsto hacer lo mismo con otras siete familias. "Todas están en una situación parecida a la de esta pareja y apenas tienen entre 25 y 35 años", explica Alfredo Martínez, representante de este colectivo de consumidores. En total, el Juzgado de lo Mercantil de Málaga recibió en 2007 un total de 50 procedimientos concursales, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya contabiliza 51, seis de personas físicas. "Si esto sigue así, superarán los 150, por lo que sería conveniente que se abrieran dos nuevos juzgados de lo Mercantil en Málaga, el actual está en una situación al borde del colapso", dijo el juez decano.Inés y Raúl cuentan que lo que más le desespera es la posibilidad de perder su casa, después de haberle dedicado tanto esfuerzo y dinero y que, pese al embargo, le puedan seguir debiendo dinero al banco."Cuando una familia no puede seguir pagando sus plazos de hipoteca, lo más normal es que el banco saque la casa a subasta y que ésta se adjudique por menos valor, así que le sigue debiendo dinero al banco y éste tiene 15 años para reclamarlo; durante todo ese tiempo, la deuda ha ido generando intereses", explica Martínez.De ahí que la asociación que representa se incline más por las conocidas como suspensiones de pagos aunque advierte que "hay que presentarla con tiempo, no cuando ya esté puesta la demanda judicial".El proceso concursal no anula la deuda, pero logra detener de forma temporal la escalada de intereses. Más adelante, la familia hace una oferta de pago, conocida como quita, que las entidades bancarias pueden aceptar.Buena parte de la clase media se está viendo atosigada por la subida del Euríbor, por un lado, y por el incremento del desempleo, por otro. Cáritas ya advertía hace dos años de que el encarecimiento de los préstamos hipotecarios estaba convirtiendo a familias de clase media en nuevos pobres que se veían obligados a recurrir a los servicios sociales, cuando antes apenas sabían que existían.Éste fue el caso de una familia de Churriana que el pasado mes de marzo recibió la primera ayuda que el Ayuntamiento liberaba para evitar un embargo. Apenas le quedaban 24 horas para responder ante su banco con una cuota de 900 euros, cuando el Ayuntamiento reaccionó con el importe sobre la mesa.Esta familia no había acudido nunca a los servicios sociales ni recurrido a las prestaciones de ninguna ONG. De hecho, según comentaba en su momento la concejal de Bienestar Social, Mariví Romero, "para ellos fue un paso traumático".Padres de tres hijos, ambos tienen trabajo y unos sueldos que responden a la media. Pero cuando compraron la casa no contaron con la subida de los tipos de interés, ni con el encarecimiento de la vida.Cáritas advierte que hay gente que recurre a las parroquias para conseguir comida con tal de poder seguir pagando la hipoteca.La presión económica se está cebando con las familias. Los nuevos pobres.
Los 236 procedimientos judiciales iniciados por los bancos por impago de hipotecas en lo que va de año ya se igualan a los abiertos durante todo el año 2006, y se estima que cierren el año con más de 700 casos. Son personas de clase media que, de un día para otro, pueden verse en la calle.Igual ocurre con los procesos concursales (antiguas suspensiones de pagos), cuya cifra ya supera a la registrada en el colapsado Juzgado de lo Mercantil de Málaga durante todo el año pasado. Las familias se han sumado a esta vía, utilizada tradicionalmente por las empresas, para intentar ganar algo de tiempo antes de perderlo todo. Estos datos fueron facilitados ayer por el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, durante la presentación de la memoria de 2007 de los juzgados de la capital. El propio magistrado reconocía que estas cifras pulsan la crisis económica que mina la sociedad malagueña. "Una hipoteca es lo último que una familia deja de pagar", dijo.A punto de presentar un proceso concursal como personas físicas están Inés y Raúl, una pareja con dos hijos que apenas supera la treintena y que asiste con frustración a la inminente pérdida de su vivienda. La compraron hace dos años por 240.000 euros. No se lo pensaron porque, incluso, el banco les dio 30.000 euros extra para dar la entrada y asumir los gastos de notaría. Aun así, Inés y Raúl se apretaron el cinturón para poder destinar al pago del préstamo 600 de los 2.300 euros que ganaban entre los dos, como dependienta y camarero, respectivamente. Ahora Raúl ha perdido su trabajo y su hipoteca ya no es de 600 euros, sino de 1.000. Tampoco han terminado de pagar el coche. Creen que Raúl, camarero experimentado, encontrará trabajo pronto, pero quieren actuar antes de que sea demasiado tarde. Angustiados ante la posibilidad del embargo, Inés y Raúl se han puesto en manos de la Asociación de Usuarios de Bancos (Ausbanc) que ha preparado su expediente para presentarlo ante el juzgado. Ausbanc tiene previsto hacer lo mismo con otras siete familias. "Todas están en una situación parecida a la de esta pareja y apenas tienen entre 25 y 35 años", explica Alfredo Martínez, representante de este colectivo de consumidores. En total, el Juzgado de lo Mercantil de Málaga recibió en 2007 un total de 50 procedimientos concursales, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya contabiliza 51, seis de personas físicas. "Si esto sigue así, superarán los 150, por lo que sería conveniente que se abrieran dos nuevos juzgados de lo Mercantil en Málaga, el actual está en una situación al borde del colapso", dijo el juez decano.Inés y Raúl cuentan que lo que más le desespera es la posibilidad de perder su casa, después de haberle dedicado tanto esfuerzo y dinero y que, pese al embargo, le puedan seguir debiendo dinero al banco."Cuando una familia no puede seguir pagando sus plazos de hipoteca, lo más normal es que el banco saque la casa a subasta y que ésta se adjudique por menos valor, así que le sigue debiendo dinero al banco y éste tiene 15 años para reclamarlo; durante todo ese tiempo, la deuda ha ido generando intereses", explica Martínez.De ahí que la asociación que representa se incline más por las conocidas como suspensiones de pagos aunque advierte que "hay que presentarla con tiempo, no cuando ya esté puesta la demanda judicial".El proceso concursal no anula la deuda, pero logra detener de forma temporal la escalada de intereses. Más adelante, la familia hace una oferta de pago, conocida como quita, que las entidades bancarias pueden aceptar.Buena parte de la clase media se está viendo atosigada por la subida del Euríbor, por un lado, y por el incremento del desempleo, por otro. Cáritas ya advertía hace dos años de que el encarecimiento de los préstamos hipotecarios estaba convirtiendo a familias de clase media en nuevos pobres que se veían obligados a recurrir a los servicios sociales, cuando antes apenas sabían que existían.Éste fue el caso de una familia de Churriana que el pasado mes de marzo recibió la primera ayuda que el Ayuntamiento liberaba para evitar un embargo. Apenas le quedaban 24 horas para responder ante su banco con una cuota de 900 euros, cuando el Ayuntamiento reaccionó con el importe sobre la mesa.Esta familia no había acudido nunca a los servicios sociales ni recurrido a las prestaciones de ninguna ONG. De hecho, según comentaba en su momento la concejal de Bienestar Social, Mariví Romero, "para ellos fue un paso traumático".Padres de tres hijos, ambos tienen trabajo y unos sueldos que responden a la media. Pero cuando compraron la casa no contaron con la subida de los tipos de interés, ni con el encarecimiento de la vida.Cáritas advierte que hay gente que recurre a las parroquias para conseguir comida con tal de poder seguir pagando la hipoteca.La presión económica se está cebando con las familias. Los nuevos pobres.
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